El Gobierno Nacional dispuso el cierre de los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que están distribuidos en todo el país, incluido el de Mar del Plata, donde hay 4 trabajadores que, hasta ahora, no recibieron el telegrama de despido.

A través de un comunicado dado a conocer hoy, el Ministerio de Justicia de la Nación señaló que como resultado de una “auditoría interna” que la cartera realiza desde diciembre, se cerrarán todos los CAJ distribuidos en territorio nacional, que brindaban “de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.

La cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona sostuvo que estos organismos “acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores, sin demostrar resultados y duplicando funciones”. Esto le costaba “a los argentinos” más de 8 mil millones de pesos, indicó el Ministerio. Algo que en esta “nueva etapa” que vive el país “ya no puede ocurrir más”, porque el Gobierno “cuida el dinero de los contribuyentes”.

Y concluyó: “Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la Justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y/o el centro de asistencia a las víctimas de delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función”. 

En diálogo con LA CAPITAL, Patricia Coronel, delegada de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) precisó que, en la actualidad, el CAJ en Mar del Plata tiene sus oficinas en el CDR (Centro de Referencia) ubicado en el Espacio Unzué. A comienzos de año había 6 trabajadores y, en marzo, fueron despedidos 2, por lo que quedan 4 profesionales que hoy tienen su fuente laboral en peligro.

“No recibimos hasta ahora ningún comunicado oficial ni telegrama de despido. En el CAJ hoy hay 2 abogados, una trabajadora social y una psicóloga. El anuncio del Gobierno habla de una auditoría, pero nunca hubo algo de eso. Los compañeros siguen yendo a trabajar y todavía no se nombró una autoridad a cargo que controle las tareas”, explicó Coronel.

La delegada resaltó que el objetivo de la gestión nacional con este tipo de medidas es “vaciar al Estado y dejarlo reducido a su mínima expresión, perdiendo todo el territorio federal y las políticas públicas” que se venían implementando.

Además, repudió el planteo del Gobierno en relación a que el acceso a la Justicia está “garantizado” por otras áreas como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. “Eso es totalmente mentira porque están todos desmantelados esos organismos, con lo cual muchas consultas son derivadas al CAJ. No es desconocimiento, sino que no les importa esta situación, solo quieren achicar el Estado”, sentenció Coronel.

Los CAJ fueron creados en 2008, con el objetivo de condensar la atención de personas con derechos vulnerados. Desde una “perspectiva de derechos humanos, y con el compromiso de fortalecer las instituciones del Estado”, estos dispositivos se desplegaron a lo largo del país con equipos profesionales interdisciplinarios del Ministerio de Justicia y de diversos organismos.

Esta dependencia busca brindar servicios de atención legal y psicosocial integral a ciudadanos que enfrentan barreras y/o problemas para el ejercicio de sus derechos o que experimentan conflictos interpersonales y/o legales.

Quienes acuden a un CAJ también reciben asistencia directa para gestiones, negociaciones y trámites administrativos, mediación comunitaria y patrocinio jurídico, además de acompañamiento subjetivo para fortalecer sus capacidades y autonomía.