Por Jorge Raventos

Cuando, después de medio año de ejercicio, el gobierno de Javier Milei se disponía a pasar su primera ley por el Congreso y a enviar por esa vía una señal de estabilidad política a los mercados, una serie de hechos -en buena medida autoinfligidos- renovó el desconcierto, desatando cimbronazos en las expectativas.

Encarrilar el trámite de lo que empezó promocionándose como “ley ómnibus” demandó que el Poder Ejecutivo, que había iniciado su performance dando la espalda al Congreso y maltratando a los gobernadores, encontrara una nueva sintonía y admitiera el diálogo y la negociación tanto con los gobernadores como con las oposiciones legislativas, digiriese el recorte del desmesurado texto inicial (los 680 artículos originales quedaron reducidos a la mitad) e haciese otras concesiones que permitieron incluso, como señaló Guillermo Francos, “mejorar los proyectos”. Después de que se acreditó la aprobación del dictamen que permitirá empezar a debatir en el recinto del Senado la ley Bases, Francos admitió que “hubiera sido mejor avanzar con leyes más pequeñas y diferenciadas”. Ya convertido en jefe de Gabinete, el funcionario agregó: “Se aprende de los fracasos”.

Ya la gran movilización de las universidades había evidenciado, semanas antes, que el gobierno debía refinar sus antenas. A posteriori, también se comprobó que, cuando se enfrentan desafíos fuertemente arraigados en la realidad, se puede poner la ideología entre paréntesis y corregir errores con pragmatismo.

La inflexión que se insinuó con el encauzamiento de la ley Bases no debería caracterizarse solo ni principalmente como “enseñanza de un fracaso”. También ha sido, en gran medida, subproducto de la definición de prioridades de Milei (derrotar la inflación y el déficit fiscal) así como de haber mostrado capacidad para alcanzar esos objetivos.

En cuanto al fracaso que obligó a corregir la sintonía, consistió en la mala conexión con el sistema político, con los modos oficiales de presentación y el abordaje del proceso de aprobación de la ley Bases. Como consecuencia de estos puntos flojos, se puso de manifiesto la dificultad del Gobierno para gobernar, para conseguir la colaboración o la neutralidad del Congreso y, por lo tanto, para ofrecer garantías efectivas y de mayor solidez jurídica a los inversores que el país necesita atraer para detener la recesión y crecer enérgicamente.

El rumbo general fijado por Milei es respaldado, aprobado y aplaudido en el exterior. El Presidente cuenta con un apreciable crédito de la opinión pública doméstica, con cifras que sostienen lo que obtuvo en el balotaje del último noviembre. Y también cuenta con el aliento entusiasta del público empresarial que acude a sus exposiciones y procura destilar ventajas prácticas de sus entelequias anarcocapitalistas.

Gobernabilidad y furia

La principal asignatura pendiente es mostrar capacidad de gobierno. Falta manejo eficiente de instrumentos de poder interno: tanto en materia de gestión como en la capacidad de pasar leyes por el Congreso. Las reacciones temperamentales de Milei, su dificultad para absorber las frustraciones políticas, a menudo agrava esas fallas. Los mercados lo advierten y reaccionan negativamente.

Si la reacción de los mercados fue más notoria en la última semana fue porque -error político- el gobierno no midió bien el significado político de elegir las jubilaciones como principal fuente de la reducción del déficit fiscal.

Así como en abril el Gobierno tuvo que asimilar el dato de que la defensa de la educación pública es un rasgo que
atraviesa a todos los sectores sociales, ahora empieza a sentir que lo mismo ocurre con la protección de los ya menguados ingresos previsionales de siete millones de ancianos, un asunto -inclusive- capaz de soldar asociaciones a primera vista inesperadas.

El Gobierno consideraba que el descrédito que el kirchnerismo consiguió por mérito propio, sumado a la constante execración que le administran el oficialismo, sus aliados y correveidiles alcanzaba para erigir una muralla sanitaria que evitase contactos cercanos en el Congreso entre el peronismo legislativo y las restantes oposiciones. A partir de ese cálculo, se encerró tercamente en la fórmula de recomposición de las prestaciones jubilatorias que Milei sancionó por un decreto de necesidad y urgencia (que no contempló toda la pérdida ocasionada por la devaluación en los haberes de diciembre-enero) y se negó a negociar con radicales y federales un perfeccionamiento de esa receta.

El resultado se registraría inapelablemente en la sesión de Diputados del último martes: con las dos terceras partes de los votantes, el cuerpo aprobó una moción elaborada por radicales, federales y miembros de la Coalición Cívica, retocada y apoyada por el peronismo, que dio media sanción a una mejora -incompleta pero razonable- de las prestaciones.

Esa sanción le provocó al Gobierno una derrota legislativa que pudo haber evitado, agravó la inquietud de los mercados y la incertidumbre sobre la capacidad de gobernar de los libertarios de Milei.

También produjo una recaída en la conducta del Presidente. Retornaron los improperios y las promesas de vendetta: el Presidente denunció que la derrota parlamentaria era una maniobra de Máximo Kirchner destinada a desestabilizar al gobierno libertario y juró que vetará la ley en caso de que el Senado le conceda la media sanción que resta.

Las reacciones presidenciales perjudicaron también el trámite de la ley Bases en el Senado.

¿Es aconsejable vetar?

A Milei, según él mismo, se exaltó ante una audiencia empresarial. Le “importa tres carajos” el hecho de que los Diputados aprobaran la norma con casi los dos tercios del cuerpo (y la probabilidad de que el Senado lo haga con proporciones análogas). Con esas proporciones, bien podría ocurrir que las cámaras decidan insistir, como están habilitadas a hacerlo, en caso de que el Presidente cumpla con su promesa. Se dibujaría en el horizonte un conflicto de poderes que seguramente añadirá inquietud a la que ya han exhibido los mercados (y que alimenta la cautela de los inversores).

Si los “errores que permiten aprender” le abrieron la puerta de la jefatura de gabinete a Guillermo Francos -el ministro político que viene de la política-, en lo que se leyó como una señal de apertura al diálogo y al realismo, el cortocircuito de la ley previsional y la acalorada reacción del Presidente entornaron lo que acababa de abrirse y pusieron al flamante jefe de gabinete ante la primera situación crítica de su nueva tarea.

Caminando por un desfiladero, Francos no tiene más alternativa que endosar el rechazo vehemente de su jefe a la decisión de la Cámara y dar por sentado que el Presidente recurrirá al veto. Pero necesita evitar que avance un conflicto institucional. Así, estableció indirectamente un límite a la pulseada indicando que el Ejecutivo respetaría la decisión del Congreso en caso de que éste insistiera y ratificara la ley previsional (“Sostendríamos el equilibrio fiscal cortando otras partidas”, aseguró).

En cualquier caso, puesto que el Congreso tiene atribuciones y fuerza para reincidir en la ley, probablemente vetar no sería una gran idea: ¿para qué arriesgarse a acumular una derrota detrás de otra? ¿Sería esa una buena noticia para los inversores potenciales, para los mercados? Es una pregunta que Francos podría deslizarle al Presidente en algún momento de sosiego.

La delicada tarea de Francos

Guillermo Francos debe también conversar con las oposiciones legislativas, sobre todo con las más receptivas, para evitar que la tensión se acreciente y para seguir tejiendo la aprobación final de la ley Bases. Su papel, como ministro político pero mucho más como jefe de gabinete, es funcionar como interfase entre el Ejecutivo y el resto de los actores políticos, sociales e institucionales coordinando, más allá del gabinete, al conjunto del sistema político.

Francos tiene que optimizar, además, la gestión del gobierno. Lo que quedó a la vista de la crisis que se llevó a su antecesor (sólo una séptima parte de los icebergs se observa en la superficie) es la mala gestión y la excesiva concentración de funciones. El Estado, mientras el anarquismo no lo disuelva, reclama atención y trabajo. El ojo del amo engorda el ganado.

El marketing de la motosierra impulsó la disolución de ministerios y, como sucedáneo, la extrema concentración de tareas (para peor, en manos poco experimentadas). El que mucho abarca poco aprieta: los trámites y nombramientos se demoraban, están aún vacantes decenas de posiciones del organigrama estatal y justamente invocando esa morosidad, algunos ministerios encuentran diagonales litigiosas para contratar o evitar que emigre personal. El Ministerio de Capital Humano, sumido en una suerte de revolución permanente, con decenas de funcionarios expulsados, denunciados o renunciados y otras decenas de reticentes candidatos al nombramiento, es un formidable caso de concentración de funciones que derivó en escándalos y en desgaste tanto para su extenuada titular, Sandra Pettovello, como para el gobierno en su conjunto.

Francos advirtió que desde la Jefatura de Gabinete impulsará una mayor descentralización para que la gestión de gobierno no pierda agilidad.

La prioridad, entretanto, es recomponer una articulación del sistema de poder y reparar una atmósfera que se ha contaminado con sospechas de ingobernabilidad. Para lo cual conviene dejar de lado los caprichos y adoptar la enseñanza que Saint-Exupéry puso en boca del rey en “El Principito”: “Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar”.