Por Ramiro Melucci

En una variante de la sentencia futbolera que reza “equipo que gana no se toca”, Guillermo Montenegro bien podría sostener que “discurso que ya probó su eficacia tampoco”. En medio de una recesión que los municipios sufren como cualquiera, con un Gobierno nacional que no aporta un peso ni una obra y uno provincial al que le cerraron el grifo, el intendente reflota el mensaje que tanto rédito le dio: es el facilitador del “laburo”; sus rivales, los que lo quieren frenar.

La autocelebración del permiso de apertura para la nueva sucursal de la Cooperativa Obrera tras una controversia con la UCIP, la regularización de plantas pesqueras, el desembarco de Coto, las obras para la instalación del primer Starbucks y el anticipo de que se sumarán otros dos forman parte de ese cancionero escrito en la pandemia que derrotó al kirchnerismo en las urnas.

Como en aquella época, el mensaje viene con una impronta confrontativa. Como la que utilizó Fernando Muro, el secretario de Desarrollo Local e Inversiones, para contrarrestar los cuestionamientos de la cámara comercial por la habilitación de la Cooperativa. O la que ejecutó el senador Alejandro Rabinovich contra Gustavo Pulti por la votación del aumento de las indemnizaciones en la provincia.

Pero la realidad exhibe una paleta de colores que exceden al blanco y negro del discurso político. Podría sostenerse, con similar ahínco, que no defienden tanto el trabajo los que observan impasibles las asimetrías del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), los que son testigos cautelosos ante el angustioso presente de las pymes o los que acompañan el feroz ajuste que empezó a hacer mella en el empleo. Como argumentó la UCIP en su descargo, desde la óptica pública solo se cuentan las altas de empleo y nunca las bajas. “Les gusta dar solamente las buenas noticias”, resumió.

Montenegro transita la primera parte de su segundo mandato refugiado en las controversias con sectores que están en las antípodas del modelo imperante. Enfrenta las medidas del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) a puro descuento, en una pelea con final incierto. La semana pasada fueron “ruidazos” en distintas dependencias municipales y una retención de tareas que se sintió en algunas áreas más que en otras.

Ante un panorama de las finanzas municipales que sigue siendo poco alentador, apuesta a la tasa vial para recuperar las calles, a eventos fuera de temporada para generar turismo, a la radicación de fábricas y empresas y a obras en espacios públicos con fondos privados en virtud del sistema de padrinazgo. Después de mucho tiempo de espera, la primera obra tras la intervención en la plaza Güemes es una mejora paisajística en Colón y la costa. El sistema es interesante y hay más trabajos en carpeta, pero no reemplaza a la obra pública para mejorar la infraestructura básica de los barrios periféricos.

Obras Sanitarias lo dijo con claridad en la respuesta a un pedido de informes del Concejo Deliberante: “De las definiciones macro que se tomen dependerá la continuidad de las obras y el futuro de los contratos firmados, como así también futuros financiamientos”. A la empresa sanitaria le habían dicho que las primeras definiciones se conocerían después del Pacto de Mayo. El problema es que pasó mayo y no hubo pacto.

Montenegro transita la primera parte de su segundo mandato refugiado en las controversias con sectores que están en las antípodas del modelo imperante.

A diferencia de su primer mandato, Montenegro mantiene una buena relación con el Gobierno nacional, lo que sin embargo no le otorga mayores réditos ni lucimientos. Cuando echaron a Pablo de la Torre de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el municipio recordaron el diálogo que podía facilitar ese funcionario, pero también reconocieron que a Mar del Plata no había mandado ni un litro de leche. Lo mismo ocurre en otras áreas sensibles: el compromiso de campaña del regreso de las fuerzas federales sigue en veremos siete meses después. 

Cuando opta por levantar la voz, ahora habla lo justo y necesario. Sin estridencias. Había firmado un comunicado de la Red Federal de Intendentes por la eliminación del fondo compensador para el transporte del interior, pero no asomó por el Congreso nacional, al que una delegación de esos jefes comunales encabezada por el rosarino Pablo Javkin y el cordobés Daniel Passerini fue a llevar un proyecto de ley para recuperarlo: propone la redistribución del impuesto a los combustibles para financiar el transporte urbano del interior.

La situación es tan delicada que la Secretaría de Obras prefiere sostener el esquema de facilidades para la reactivación de la industria de la construcción que funcionó en la salida de la pandemia. Envió un proyecto de ordenanza para prorrogar los incentivos en el micro y macrocentro hasta el 21 de septiembre de 2025. La fecha coincide con el plazo de otra ordenanza que establece un programa promocional en otros sectores de la ciudad. “Esto permitirá dar continuidad a un régimen excepcional y transitorio de promoción enmarcado en la generación de trabajo genuino para el mercado productivo marplatense”, argumentó.

La norma otorga a las empresas ciertas licencias que el Código de Ordenamiento Territorial (COT) no ofrece. Hay consenso en que, en rigor, se precisan cambios de fondo en la normativa. El municipio no lo niega: sólo cree que no es el momento indicado para hacerlo. La prórroga que acaba de enviar incluye un mensaje tácito: mejor el año que viene.

El sistema de padrinazgo es interesante, pero no reemplaza a la obra pública para mejorar la infraestructura básica de los barrios periféricos.

La oposición por ahora confronta al jefe comunal sin estrépito. Con ese sesgo, entidades intermedias reunidas en un “Congreso vecinal” hablaron de un “modelo de crecimiento sin planificación y sin contemplar los intereses de los vecinos”. En el Concejo, el principal clamor que sonó la semana pasada aludió a la necesidad de que el Ejecutivo responda los pedidos de informe para avanzar en el tratamiento de los expedientes. Algo que en el gobierno municipal suelen ver como una pérdida de tiempo.

El reclamo de respuestas surgió esta vez en la comisión de Salud, donde el kirchnerismo impulsa un proyecto para solicitarle al Ejecutivo que convoque de forma “urgente” a la comisión de seguimiento de la Contribución a la Salud Pública, un tributo por el que este año la comuna espera recaudar $ 5700 millones. El expediente se trató por primera vez el 2 de febrero y se le pidió un informe a la Secretaría de Salud. Como no contestó, se le volvió a solicitar opinión el 10 de abril. La semana pasada se venció nuevamente el plazo de espera y el bloque de Unión por la Patria reclamó avanzar.

La Contribución para la Salud se aprobó en 2009.

El oficialismo lo frenó con el fundamento de que esa comisión de seguimiento fue creada en 2009 y nunca funcionó. El radical Daniel Núñez dijo que si eso sucedió fue porque no estuvo bien crearla. Lo deslizó con ciertos recaudos, por si la comisión había sido una idea de su propio partido, que en aquella época oficiaba de opositor a Pulti. Puede respirar aliviado: la iniciativa de monitorear los fondos de salud surgió del entonces Frente para la Victoria, uno de los bloques que votó generar la “contribución”, a la que el radicalismo definía sencillamente como “sobretasa”.

Pero nada de eso incomoda a Montenegro. El interrogante que debería desvelarlo es si con la misma música de siempre le alcanzará para lograr una melodía diferente, que le permita dar un salto de calidad en la gestión en un contexto que no lo ayuda, con la certeza de que en los segundos mandatos los parámetros de exigencia aumentan y los de tolerancia disminuyen.