El fiscal general adjunto, Marcos Pagella, presentó este mediodía ante la Justicia de Garantías el pedido de prisión preventiva para que todos los detenidos de la causa en la que se encuentra imputado el exjefe departamental de policía, José Luis Segovia.

A diferencia de la imputación en esta causa conocida como la “Asociación ilícita mixta” y que derivara en la detención de Segovia a principios del mes pasado, en esta instancia Pagella agregó más prueba incriminatoria basada en el resultado de los distintos allanamientos, el análisis de los teléfonos secuestrados y nuevas declaraciones de testigos e incluso de algunos de los acusados. Además, el fiscal anticipó que habrá nuevos imputados.

Ahora el juez Daniel De Marco deberá resolver si Segovia sigue preso por el resto del proceso, al igual que el abogado Lautaro Resúa, los policías Gastón Moraña y Nicolás Rivademar, los expolicías Javier Gonzalez y Christian Holtkamp, y el financista Jorge Toletti.

Vale recordar que De Marco además tiene pendiente el pedido de recusación hacia el fiscal Marcos Pagella y el ayudante fiscal Javier Pettigiani, interpuesto por Martín Bernat, abogado de Segovia.

Al fundamentar su pedido, Pagella sostuvo que existe peligro de fuga porque la pena que les espera a los detenidos, según las imputaciones, no prevé un cumplimiento condicional, porque  si estuvieran en libertad podrían interactuar con futuros imputados, porque cuentan con acceso a grandes sumas de dinero para ausentarse y porque aún quedan muchas diligencias pendientes que podrían verse afectadas.

La hipótesis de la fiscalía se mantuvo e incluso se fortificó al decir que “son múltiples los hechos delictivos cometidos por este grupo organizado de personas en torno a la figura el Jefe Departamental que preliminarmente han podido acreditarse en la presente encuesta”. Al respecto, Pagella señaló que “se encuentra ‘prima facie’ acreditado que esta banda mixta, o al menos algunos de sus integrantes bajo la directa conducción de Segovia, tomaron conocimiento de que se perpetrarían distintos delitos contra la propiedad, en los que se suponía se encontrarían importantes sumas de dinero en efectivo y moneda extranjera, y no sólo no denunciaron ni previnieron la efectiva comisión de los mismos, sino que por el contrario, exigieron a quienes serían sus autores materiales una parte importante del producto de tales ilícitos, prometiéndoles su impunidad”.

Por otro lado, el escrito resaltó la acusación de alterar investigaciones por dinero: “se ha probado también que los integrantes de la banda utilizaban la información a la que accedían en el ejercicio propio de sus funciones como policías como ‘moneda de cambio’, filtrando la misma a otros participante del grupo ilícito o a terceras personas, tanto los datos vinculados con el inicio y direccionamiento de pesquisas, como de sus avances, y ello con la finalidad de obtener provecho económico por parte de los presuntos investigados”.

Respecto al engaño que eso suponía para los investigadores judiciales en la causa del robo a un departamento de Cabo Corrientes en 2020, Pagella remarcó que “llegaron a desviar una investigación judicial, sembrando a sabiendas un ‘chivo expiatorio’ mediante la utilización de pruebas falsas, y exigiendo, tanto a éste como al presunto verdadero culpable del hecho, dinero a cambio de dirigir en uno u otro sentido la pesquisa. Incluso la presentación en el expediente de esta prueba falsa llevó a incurrir en error a la autoridad fiscal y judicial, quienes requirieron y concedieron -respectivamente-, medidas de coerción respecto de quien suponían posible autor del hecho”.

Para Pagella está acreditado que la organización cobraba importantes sumas de dinero para permitir la compraventa ilegal de moneda extranjera, actividades que manejaba Toletti y que incluía además intermediación financiera no autorizada, puesta en circulación de moneda apócrifa, lavado de activos y hasta explotación de juegos de azar no autorizados.

Por último a Segovia le imputa abuso de poder porque “ejerció presión respecto de sus subalternos” ante el hallazgo de información sensible.

El pedido de prisión preventiva incluyó un análisis telefónico del dispositivo de González, que preservaba todo su contenido desde el año 2013. En ese aparato había diálogos y mensajes altamente incriminatorio, y también se percibía un “pacto de silencio”. A propósito de esto, en las últimas horas renuncipó a su cargo de defensor de González , el abogado Cristian Moix porque “no se puede realizar una defensa en pacto de silencio y dirigida por la conveniencia de terceras personas vinculadas al proceso que son ajenas a los interes y derechos del imputado a defender”.

Los delitos

En el escrito de más de 280 fojas, el fiscal Pagella enumera siete hechos, el primero de ellos que configura el delito de asociación ilícita, con Segovia como jefe y con los demás imputados como párticipes. Luego se acumulan contra Segovia cargos por exacciones ilegales agravadas, ecubrimiento agravado, falsificación ideológica de documento público, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y estafa procesal.

Con respecto al abogado Resúa, Pagella mantuvo la acusación de prevaricato y encubrimiento agravado, pero no descartó que en el futuro se sumen nuevas imputaciones.

Los delitos de intermediación financiera no autorizada, expendio y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa, compraventa de divisas de origen ilícito. explotación, administración u operación de juegos de azar sin autorización emanada de la autoridad competente y encubrimiento (CP, 277)  se le enorstraron a todos, incluído Javier Collova, el policía de la DDI Mar del Plata detenido en la causa por el secuestro a Marcelo Juárez, causa que permitió destrabar esta investigación.

Finalmente Moraña y Rivademar también afrontan cargos por exacciones ilegales agravadas, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.