El secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada del municipio, Fernando Muro, volvió a defender la instalación de una sucursal de la Cooperativa Obrera en el barrio El Progreso y cuestionó a sus críticos.

“¿Quién le va a decir a las 45 familias que no van a poder trabajar?”, se preguntó el funcionario en un posteo en X. “Lo tenemos muy claro: el laburo tiene que ser el que genera el privado”, agregó.

Muro sostuvo que “desde el primer día la obsesión de esta gestión es la generación de trabajo”, y apuntó: “No hay restricción que vaya a frenarnos en este objetivo”.

Las palabras de Muro se insertan en la controversia entre la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) y la Cooperativa. Para la entidad comercial, la instalación del nuevo supermercado viola la normativa provincial y municipal en la materia.

“¿Puede hacerse caso omiso de una norma emanada por el Poder Deliberativo local hace más de 15 años como la Ordenanza 18.788, sancionada para todo el partido de General Pueyrredon? ¿No es el Ejecutivo local quien debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas locales? ¿O porque un funcionario o administración de turno no esté de acuerdo con una norma puede no cumplirla o no hacerla cumplir?”, se preguntó en un comunicado emitido esta semana.

Por su parte, en una solicitada publicada en LA CAPITAL, la Cooperativa Obrera aseguró que es “una empresa diferente, controlada democráticamente por sus asociados y los excedentes anuales se reparten entre ellos en estricta proporción a sus operaciones con la entidad, lo que califica su especial naturaleza basada en las personas y los servicios, y no en el lucro”.

“Esta diferencia ha sido reconocida por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por las normas derivadas, así como por las autoridades competentes, lo que se traduce en la no aplicación de la ley ni la ordenanza que regulan las grandes superficies y en un tratamiento tributario acorde a su naturaleza”, indicó.

En ese sentido, apuntó que “todas las actividades que realiza cumplen estrictamente con las legislaciones nacionales, provinciales y municipales vigentes”.

La semana pasada, el Juzgado de Garantías N° 2 aceptó una acción de amparo de la UCIP y dispuso que el municipio provea la información que la entidad le solicita.