La Justicia Federal dictó la prisión preventiva de cinco de los procesados por formar parte de la asociación ilícita que se dedicaba a contrabandear productos tecnológicos, en su mayoría teléfonos celulares, y a diversas actividades vinculadas al juego virtual ilegal.

El fallo al que accedió LA CAPITAL, que lleva la firma del juez Santiago Inchausti, también incluye la imputación a dos nuevos sospechosos: la mujer del presunto líder de la banda, que sigue prófugo, y un despachante de aduana. En suma, el magistrado trabó embargos a los acusados por más de 20 mil millones de pesos.

De acuerdo al documento, se atribuye a los incriminados conformar una asociación ilícita “sin poder precisar fecha exacta pero al menos desde inicios del año 2020 a la actualidad, que estaría integrada por más personas entre las cuales se encontrarían funcionarios públicos pertenecientes a DGA AFIP; destinada a concretar delitos indeterminados, tales como la venta de elementos en infracción a la ley 22.415, principalmente elementos electrónicos y teléfonos de alta gama como Iphone y Xiaomi; la administración y/u operación y/o captación de juegos de azar online sin la debida autorización emanada de autoridad competente; y poner en circulación en el mercado formal bienes provenientes de un ilícito penal”.

En ese sentido, de la investigación se desprende que para ello, los integrantes del conjunto tenían una distribución de roles y “llevaban adelante diversas conductas en forma conjunta y/o alternada, para lo cual también se habrían valido de la creación de múltiples sociedades, algunas de ellas aparentemente sin actividad real, o bien con una actividad distinta total o parcialmente a la declarada con el objeto de facilitar las conductas delictivas de la organización”.

En su resolución, el juez Inchausti apuntó: “Se ha constatado tal y como señalé que esta organización
también se dedicaba a la comisión de otros delitos, tales como la administración y/u operación y/o captación de juegos de azar juegos en los términos del artículo 301 bis del CP; actividades de intermediación financiera no autorizada; evasión tributaria y lavado de dinero, todo lo cual permite acreditar el hecho de asociación ilícita previsto por el art. 210 del Código Penal que se les atribuye”.

En lo que respecta a las actividades de captación de juegos de azar, el magistrado sostuvo que se han recabado varios elementos que vinculan a varios de los imputados con dicha actividad, y hasta el momento se ha identificado un casino.

También aseguró el juez que algunos de los miembros de esta asociación ilícita “se dedicaban a la otra pata de esta organización, es decir, al lavado de activos producto de esas actividades habiéndose constatado hasta el momento hechos puntuales que también han sido atribuidos a los imputados”.

“Ha quedado acreditado -esgrimió Inchausti- que nos encontramos ante un caso de criminalidad compleja y crimen organizado, en tanto involucra una organización con un gran caudal económico tal lo analizado en la resolución, que incluso involucra a un funcionario público de la Aduana de Mar del Plata. A ello se agregan los movimientos en Binance por sumas millonarias de algunos de sus miembros, los numerosos viajes al exterior, y que el principal líder de esta organización se encuentra prófugo. En ese sentido, se ha advertido incluso que poseen vínculos que les permitió conocer de antemano la fecha de los procedimientos ordenados pese a que el sumario se encontraba en secreto, y sin partes intervinientes en el sistema a excepción del MPF (Ministerio Público Fiscal)”.

Por todo ello, el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva de los detenidos Franco Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (el funcionario que oficiaba de contacto dentro de la aduana) y Víctor Alejandro Verón. Además, extendió el mismo dictamen para Fabián Di Julio, padre de Franco y presunto líder de la banda, quien se encuentra prófugo.

Para el magistrado es menester que los imputados permanezcan detenidos mientras la causa continúa su normal desarrollo ya que “de recuperar la libertad”, los indicios analizados lo llevan a concluir que cualquiera de ellos “podría darse a la fuga o entorpecer el curso de la investigación”.

“Así entonces se encuentran acreditados los medios económicos con los que los imputados cuentan por fuera del sistema financiero formal, por lo que existe una posibilidad cierta de que puedan ausentarse del país. Más aún, si se tiene en cuenta las sumas de dinero sustraído por Andrade y Saraco el día previo a que se efectivizara el congelamiento de sus cuentas de Binance con destino incierto”, expresó Inchausti.

Por ese motivo, el juez ordenó además trabar un embargo de 10 mil millones de pesos para Andrade y otro de igual monto en relación a Saraco.

Por último, sumó nuevas acusaciones formales en el marco del expediente: Verónica Scrosoppi, la mujer de Di Julio padre (el prófugo), el de otro hombre identificado como Jonathan Ali, y el del despachante de aduana Facundo Santiago, quienes fueron citados a declaración indagatoria, .

En relación a los dos primeros sospechosos, el magistrado ordenó la prohibición de la salida del país de ambos “hasta tanto se realicen dichas audiencias y/o se resuelva sus situaciones procesales, a los fines de neutralizar los riesgos procesales antes descriptos”.

En tanto, procesó sin prisión preventiva a Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina. Y ordenó también trabar embargos millonarios sobre ellos, así como el decomiso final de todo el dinero hallado en las cuentas de la billetera virtual Binance vinculadas a los sospechosos.

La causa

La investigación que reveló la existencia controversial de esta asociación ilícita fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal N°1, que encabeza Laura Mazzaferri, y se inició en septiembre de 2023.

Sin embargo, el caso salió a la luz hace un mes, cuando fueron detenidas cinco personas acusadas de conformar una la banda formada para cometer diversos delitos, tales como la venta de teléfonos de alta gama en posible infracción al Código Aduanero, la operación de juegos de azar online sin debida autorización y la puesta en circulación en el mercado formal de bienes provenientes de aquellos delitos.

Las detenciones se llevaron adelante durante 22 allanamientos realizados a comienzos de mayo, que derivaron además en que otras cuatro personas acusadas de integrar la asociación fueran llamadas a declaración indagatoria en ese entonces.

La pesquisa había comenzado a partir de una denuncia anónima realizada ante la Policía Federal Argentina por medio de un correo electrónico. Allí se brindaron algunos nombres y domicilios, además del relato de actividades ilícitas vinculadas a un posible contrabando de aparatos telefónicos y la operación de un casino de juego ilegal, con posible complicidad de funcionarios de la Aduana.

Con el impulso de la Fiscalía Federal N°1 se lograron identificar a las personas físicas y jurídicas, así como los lugares denunciados, y se dispuso la intervención de algunos números telefónicos, entre otras medidas de prueba. Muchas de esas medidas estuvieron destinadas a desentramar la arista patrimonial de los sucesos. Con el avance de la pesquisa y por impulso fiscal, se ordenaron múltiples medidas cautelares, con el objetivo de preservar los activos en poder o relacionados con las personas físicas y jurídicas investigadas.

En base a toda la información recolectada, el 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.

De las cinco personas detenidas, dos fueron apresadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones fueron dispuestas luego, una de ella concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior. Otra se presentó posteriormente ante el Juzgado.