El auge de las apuestas online ilegales (ciberapuestas) representa un complejo desafío para las autoridades y la sociedad en general. Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, advierte sobre la creciente amenaza que representan estas actividades clandestinas y reclama el “urgente” compromiso y apoyo del Gobierno nacional para “perseguir” y “apagar” los sitios de apuestas que operan al margen de a ley, ya que la mayoría tiene dominio en el exterior del país.

En la Provincia de Buenos Aires, solo seis plataformas están oficialmente habilitadas, ofreciendo un entorno seguro para los jugadores adultos. Sin embargo, el 80% del juego online se lleva a cabo en la clandestinidad, donde no existen controles y los menores tienen fácil acceso.

“Las apuestas entre los adolescentes es un problema que nos preocupa y nos ocupa las 24 horas, es una prioridad perseguirlo, combatirlo y es también algo que habla de lo que nos está pasando como sociedad”, reflexionó Atanasof en una entrevista exclusiva con LA CAPITAL.

El funcionario asumió en diciembre al frente del Instituto, tras ser designado por Axel Kicillof en el inicio de su segundo mandato como gobernador. “Es un momento complejo por la profunda crisis económica y una responsabilidad muy importante, sobre todo por la magnitud: en la Provincia tenemos 10 casinos, 45 bingos, 4300 agencias de lotería, 5 hipódromos y, desde 2021, las plataformas online”, describió en su reciente visita a la Mar del Plata, donde recorrió las salas de juego habilitadas.

El mundo del juego ha cambiado. Los apostadores juegan hoy en cualquier momento y ámbito desde el rápido acceso de sus dispositivos electrónicos y allí aparece un problema de orden global: la silenciosa “epidemia” de las ciberapuestas y el acceso de los adolescentes a las plataformas ilegales, facilitado en muchos casos a través de billeteras virtuales.

En primer lugar, Atanasof hizo tres aclaraciones centrales. Primero, mientras que las plataformas legales, identificadas por extensiones “.bet” o “.ar”, están sujetas a estrictos controles de identidad y acceso, los sitios ilegales terminados en “.com” son ilegales y no exigen acreditar la identidad.

Los sitios ilegales operan sin ningún tipo de control, lo que atrae a aquellos que prefieren el anonimato y evitan pagar impuestos. Además, estas plataformas ofrecen mayores recompensas y permiten el ingreso de menores, exacerbando aún más el problema.

En segundo lugar, garantizó: “Los menores juegan en sitios ilegales. No hay manera de que los menores puedan jugar en sitios autorizados por la provincia”.

Y, tercero, en la Provincia de Buenos Aires hay seis plataformas habilitadas: Bplay, Betwarrior, Betsson, Bet365, Betano y SportsBet, donde “no hay manera de que pueda ingresar un menor a jugar, porque tienen una validación de la identidad y hay que acreditar un vínculo con una tarjeta de crédito y en el 99.9% de probabilidades no pueden ingresar menores”.

Compromiso nacional

El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos subrayó la necesidad urgente de colaboración entre las jurisdicciones y el Gobierno nacional. Sin embargo, lamentó la falta de acción por parte del Gobierno de Javier Milei.

Recientemente, la justicia Federal de Mar del Plata reveló una minuciosa investigación que permitió identificar una organización dedicada a los casinos de apuestas ilegales por internet. Hay dos detenidos, dos prófugos y aseguran que se obtenían ganancias millonarias.

Estas estructuras delictivas, según Atanasof, tienen “ocho eslabones” en la cadena. En general, señaló, quienes terminan siendo detenidos son los cargadores, que constituyen el eslabón más bajo, personas que encuentran trabajo para cobrar las apuestas. Pero, ascendiendo en los eslabones de esa cadena, “el dueño del juego aparece con una IP offshore, ubicada fuera de Argentina, principalmente en Curazao y Malta”, afirmó.

Aquí es donde surgen “los problemas de competencia para atacar desde las jurisdicciones y desactivar esos sitios ilegales”. Para el funcionario, “es como una mamushka” en la que, al ir retirando las capas, los máximos responsables aparecen con una IP de otro lugar del mundo. Por eso, “no se puede combatir el juego ilegal sin la colaboración del Gobierno nacional”, planteó el titular del Instituto de Lotería.

“Hay muchas iniciativas que estamos llevando adelante desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), pero el juego es de las jurisdicciones. Hay que articular con las 24 jurisdicciones una política unificada para ir hacia el combate del juego ilegal, pero se vuelve muy complejo cuando no tenés la contribución ni la colaboración del Gobierno nacional”, dijo.

El funcionario afirmó que el Gobierno nacional “no está poniendo en agenda esta problemática” que, por cierto, “impacta en todas las provincias y atraviesa a todas las clases sociales”.

“El problema denota una gran preocupación por parte de todas las jurisdicciones pero también de toda la dirigencia, de las madres, las escuelas, los clubes de barrios. Y desde la Provincia de Buenos Aires estamos muy ocupados en este tema, trabajando las 24 horas del día para encontrarle una solución al conflicto, pero necesitamos que se involucre el gobierno nacional”, aseguró.

Sin embargo, reconoció: “Hoy nos está costando mucho trabajar con Nación, porque no se ocupa del tema. Recientemente el vocero Manuel Adorni, en una de las conferencias, dijo que no es un tema que esté en agenda”.

En ese sentido, Atanasof planteó que “es imperioso” el “compromiso” de Cancillería y el Enacom para “perseguir el juego ilegal”, con el objetivo de “apagar estas plataformas clandestinas”.

En sintonía con los allanamientos realizados en Mar del Plata, el funcionario reveló que el Instituto trabaja coordinadamente con el Ministerio de Seguridad bonaerense y el área de cibercrimen en este tema.

“Tenemos 93 denuncias de sitios ilegales que operan en la provincia y se han llevado adelante más de 50 allanamientos. Pero la velocidad y la dinámica que toma este delito nos hace ir siempre detrás. Por eso es central que el Gobierno nacional ponga el tema en agenda”, insistió.

Atanasof recorrió las salas de juego de Mar del Plata.

Prevención, la clave

El Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, según explicó su presidente, trabaja en dos frentes: la persecución del juego ilegal, contra el que pide ser “implacables”, y la prevención y concientización.

En ese sentido, Atanasof comentó que desde ALEA, entidad que también preside, vienen denunciando “a todos aquellos influencers y youtubers” que promocionan en sus redes sociales los sitios de apuesta ilegales.

“Lo que hacemos es denunciar para bloquear los perfiles y las páginas donde hacen publicidad”, explicó y detalló que, en muchos casos, “primero se busca hacer un contacto personal para que bajen la publicidad” y luego se formaliza la denuncia correspondiente.

“Hemos contactado tanto a celibrities de primer nivel como a influenceres que recién aparecen y promocionan estos sitios de apuestas clandestinas“, aclaró.

Específicamente en lo que hace a la adicción al juego, Lotería de la Provincia de Buenos Aires ha sido pionera en la prevención y asistencia al juego compulsivo. Desde hace casi 20 años cuenta con 10 centros de atención presencial y gratuita de ludopatía en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, Pergamino, Avellaneda, Morón, Olavarría, Tandil y Vicente López.

También, el Instituto puso a disposición de la comunidad el 0800-444-4000. Cualquier persona adulta, ya sea familiar, docente, entrenador o familiar de un menor de edad, puede acercarse a esos centros de atención o llamar de manera gratuita a ese número para realizar consultas y solicitar orientación sobre la problemática y los dispositivos de atención con los que cuenta la Provincia.

“Estamos articulando mucho con la Subsecretaría de Salud Mental, porque el enfoque es multidimensional”, dijo el funcionario y aclaró que actualmente se trabaja en “módulos para bajar a los territorios a dar charlas en los colegios, clubes de barrio y donde surja la necesidad de que aparezca el Estado, en busca de concientizar a las madres y los jóvenes”.