La investigación en torno a una supuesta red de corrupción que tenía como epicentro la Jefatura Departamental de Policía avanza y en los próximos días declararán los fiscales propuestos por el abogado que defiende al comisario mayor detenido, José Segovia.

Los fiscales propuestos por el abogado defensor Martín Bernat para que hablen sobre sus relaciones con Segovia y el concepto profesional (y personal) que tienen del exjefe de Policía acusado de corrupción son Mariano Moyano -quien investiga los casos de robos agravados a casas-, Fernando Berlingeri -a cargo de los casos de robos a comercio a mano armada y de la Fiscalía N° 4- y Leandro Arévalo -al frente de la Fiscalía N° 7-.

El primero de los fiscales en dar su testimonio fue Mariano Moyano y desde el lunes se reunirán ante el fiscal general adjunto Marcos Pagella el resto de los fiscales citados. Además, se espera que en el transcurso de las semanas sean convocados funcionarios policiales para declarar, también ofrecidos como testigos de parte de la defensa de Segovia.

Estas declaraciones propuestas por la defensa del exjefe de policía buscan reforzar la declaración inicial que brindó tras ser detenido: que las causas en su contra son una suerte de “venganza” por tratarse él de un buen policía que fue contra los negocios de los “arbolitos”, la droga y el playón de autos de la policía.

“No es una causa sencilla por los implicados, por estar detenido quien era el jefe de la policía y por las resistencias que eso genera”, expresó una fuente ligada a la investigación consultada por LA CAPITAL.

El fiscal Pagella aún tiene 10 días para definir si pedirá o no la prisión preventiva para Segovia y el resto de los detenidos: los policías en actividad Gastón Moraña (Departamental) y Nicolás Rivademar (Policía Federal), los expolicías Javier González y Christian Holktamp, el cambista y dueño del café Sutton, Jorge “Ruso” Toletti, y el abogado Lautaro Resúa.

Las fuentes consultadas adelantaron que de solicitar la prisión preventiva para Segovia, el exjefe de policía deberá cumplir con el arresto en la Unidad Penal 44 de Batán, como el resto de los imputados.

La sospechosa caja de seguridad de Segovia

Como parte de la investigación, el viernes a la tarde allanaron una caja de seguridad de Segovia, de la firma “Seguridad Frotress“, que se encontraba vacía, luego de que el hijo del exjefe de la policía la visitara el 13 de mayo.

Para los investigadores, en la caja de seguridad podían existir elementos con relación con la causa, como dinero en efectivo, documentos o dispositivos informático.

Esa visita a la caja de seguridad del hijo de Segovia es, cuanto menos, sospechosa. Cabe recordar que el exjefe de la Jefatura Departamental había sido detenido el 8 de mayo e inmediatamente en torno a la causa hubo secreto sumario e imposibilidad de comunicación para los imputados.

El domingo 12 de mayo se levantó el secreto sumario y ese mismo día la pareja de Segovia y su hijo fueron a visitarlo a la Estación Comunal de Balcarce, donde se hallaba detenido y donde había recibido visitas anteriormente cuando no estaba permitido, como la del exsubcomisario Juan Pablo Velázquez exonerado y condenado a cinco años de prisión e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por diez años, por fraguar actas tras un allanamiento ilegal en el marco de la investigación por el asesinato kiosquero Dardo Molina.

Se desconoce la charla que pudo tener Segovia con su pareja y su hijo, pero lo cierto es que al día siguiente, el lunes 13 de mayo, el hijo del comisario mayor detenido fue hasta la caja de seguridad de la firma “Seguridad Frotress” -ubicada en Sarmiento al 2600- e ingresó al lugar a las 14.11.

Fuentes consultadas por LA CAPITAL explicaron que en los videos de las cámaras de seguridad se puede ver que el joven ingresa al lugar con un bolso o mochila negra y que, cuando se retira se evidencia que el bolso o mochila presenta un “volumen mayor”. Esto hace concluir a los investigadores que el hijo de Segovia se pudo haber llevado la totalidad del contenido que había en la caja de seguridad.

Esta caja de seguridad la abrió Segovia el 13 de febrero de 2023 y solo podían acceder él, su pareja y su hijo. Desde su apertura, hasta el 8 de mayo que el exjefe de policía fue detenido tuvo acceso a la caja de seguridad en catorce oportunidades: el 5, 9 y 15 de mayo de 2023; el 9 de junio de 2023; el 8 de julio de 2023; el 16 de agosto de 2023; el 5 y 16 de septiembre de 2023; el 4 de octubre de 2023; el 25 de enero de 2024; el 3 de febrero de 2024, el 5 de marzo de 2024 y dos veces el 8 de abril de 2024.

La pareja de Segovia accedió dos veces a la caja de seguridad: el 19 y 20 de septiembre de 2023; mientras que el hijo también fue dos veces: el 27 de julio de 2023 y el pasado 13 de mayo, cuando fue con un bolso o mochila negra tras haber visitado a su padre en su lugar de detención.

El fiscal Marcos Pagella también investiga el patrimonio del exjefe de la Departamental, por lo que solicitó el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal de José Segovia.

Asociación ilícita mixta

Vale recordar que Segovia se encuentra detenido desde el 8 de mayo. La hipótesis acusatoria que sostiene el Ministerio Público es que Segovia es el líder de una asociación ilícita mixta que recaudaba dinero de la venta ilegal de divisas y otros delitos, como el armado de causas o la desviación de investigaciones.

Esa organización, de la que supuestamente formarían parte los policías Gastón Moraña (Departamental) y Nicolás Rivademar (Policía Federal), los expolicías Javier González y Christian Holktamp, el cambista y dueño del café Sutton, Jorge “Ruso” Toletti, y el abogado Lautaro Resúa, tenía montado un sistema recaudatorio para permitir la existencia de “arbolitos” en la zona de Luro e Independencia.

Pero además también se atribuye a los involucrados obtener información clasificada de investigaciones y alterar el cauce de la mismas a cambio de dinero o a modo de extorsión. En la documentación existente bajo secreto sumarial se destaca el caso de Mauricio Di Norcia. En el comienzo de la investigación por el robo a un departamento del edificio Cabo Corrientes, Di Norcia -cuyo defensor es Resúa- fue señalado como autor del hecho, pero ese dato, según el Ministerio Público, fue “insertado” falsamente para que el fiscal Mariano Moyano lo detuviera. Al mismo tiempo Moyano avanzaba en dirección a Carlos Alejandro Juárez, quien contaba con cierto parecido físico a Di Norcia. Después de dos meses, Juárez fue secuestrado y extorsionado por cuatro personas con la idea de que, si no pagaba una fuerte suma en dólares, corrían de la “investigación” a Di Norcia y lo delataban. Como Juárez nunca pagó, dos de los secuestradores, Toletti y Holktamp, se presentaron ante el fiscal Moyano y dieron su nombre. La causa se aceleró entonces y se estableció que, verdaderamente, Juárez era uno de los ladrones junto a su novia Julieta Palermo.

Vale aclarar que Di Norcia luego fue detenido por robos en otros departamentos y acusado también de lavado de dinero.

Todas estas acciones configuran para el Ministerio Público el cuerpo central de la acusación, ya que se cruzan delitos como asociación ilícita, incumplimiento en los deberes de funcionario público, estafa procesal, intermediación financiera, encubrimiento agravado.

Dentro de esa estructura, Moraña y González serían recaudadores, mientras que Rivademar (quien estaba de servicio pasivo en los últimos tiempos) lo hacía, pero en el ámbito de la Policía Federal.

El rol del abogado Resúa según los acusadores era el de intermediario entre el mundo del delito, de la venta de dólares y el de la policía.