La Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (CAMECO) expresó su preocupación por el incremento de entre “5 y 7 veces, de un día para el otro”, de los montos de las sentencias libradas por los tribunales de instancia única de Mar del Plata para los juicios laborales, con cifras que llegan hasta los $300 millones.

“Esto sucedió a partir de que los tribunales han comenzado a aplicar nuevos criterios para la actualización de los créditos laborales. Ya sea el RIPTE + 6% anual o el IPC” (Índice de Precios al Consumidor). Se trata de sentencias impagables para empresas de todo tamaño y volumen”, explicó CAMECO.

Y continuó: “El resultado de esta decisión ha generado un cambio de reglas en medio de procesos que se encontraban tramitando, donde los valores de los juicios se han multiplicado entre 5 y 7 veces, literalmente de un día para otro“.

¿Qué es lo que origina esta situación? El pasado 18 de abril, en el ya ampliamente conocido expediente “Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios” la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 7 de la Ley 23.928 (texto según Ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización monetaria o la indexación de créditos para las obligaciones dinerarias. 

Además, sentó los criterios para la determinación de las deudas de valor, como así también dispuso una serie de directrices para delimitar el alcance de la indexación.

“A los fines de otorgar una justa dimensión a la gravedad de la situación, debemos destacar que en las últimas horas han sido dictadas sentencias superiores a los $200 millones de capital y casi $70 millones de honorarios de abogados“, resaltó CAMECO. En la misma línea, la organización sostuvo que “quien considere que una PYME pueda siquiera acercarse a estos montos, vive en una realidad inexistente”.

CAMECO insistió en que este nuevo escenario “viene a dar otro golpe al motor productivo marplatense, tal y como son las PYMES, que ya de por sí deben luchar con la crisis económica y la recesión que se encuentra atravesando el país”.

“El único resultado de estos decisorios no sólo serán sentencias impagables, innumerable cantidad de concursos preventivos, quiebras y cierres de empresas locales, sino aún una mayor crisis económica, menor oferta de empleo y reducción de los puestos de trabajo de nuestra ciudad. Por eso consideramos urgente que se revea esta medida, que sin lugar a dudas representa una sentencia de muerte para las PYMES locales”, concluyó la organización.