El gobierno de Guillermo Montenegro rechazó oficialmente el convenio colectivo de trabajo consensuado entre la gestión municipal anterior y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que el Ministerio de Trabajo bonaerense registró a principios de mes.

La Municipalidad interpuso un recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio para impugnar el acuerdo. La presentación fue realizada este viernes por el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, ante la delegación local del Ministerio, ubicada en avenida Luro y España. Señala que al municipio “le causa agravio la registración inconsulta y sorpresiva del proyecto de Convenio Colectivo elaborado por la anterior gestión comunal, cuyo trámite de registración fue omitido en los términos previstos por el art. 58, Ley N° 14.656 y que, por tanto, debe considerarse tácitamente desistido al no instarse el trámite por más de siete años por ninguno de los participantes”.

Según el municipio, “la consecuencia del tácito desistimiento es lo que condujo a que el intendente Montenegro, mediante el Decreto N° 1855 del año 2021, ordenara la constitución de una comisión para el tratamiento del Convenio Colectivo de Trabajo que regulara el empleo público municipal de General Pueyrredon y el Sindicato lo consintiera al designar a sus integrantes”.

Definió como “inexistente” el convenio registrado por el Ministerio “por carecer de la firma del intendente municipal en funciones en ese momento”, Carlos Arroyo, y llevar la de algunos de sus secretarios. Argumentó que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) prohíbe “cualquier delegación del intendente en los secretarios, ello atento que se trata de una materia que provoca una afectación patrimonial y económica que es la consecuencia natural de la aplicación de un convenio colectivo”.

Entre que el convenio fue presentado ante el Ministerio y el de su registración “transcurrieron siete años y más de dos meses”, hace notar la comuna. “El transcurso de este extraordinario lapso de tiempo fue deliberadamente omitido por la autoridad de aplicación, quien actuó como si estuviera disponiendo dentro de los plazos legales pese a tratarse de un instrumento que carecía de firma del intendente municipal. Como si el tiempo no hubiera pasado y se estuviera actuando regularmente”, cuestionó.

“Así como en cualquier trámite o procedimiento la paralización o archivo de las actuaciones se debe notificar a las partes, debió hacerse lo propio en este caso, pues difícilmente podía ignorar la autoridad de aplicación que la situación política económica del municipio ha variado, así como la social y laboral de la Argentina, y en particular de esta ciudad, condiciones todas que son determinantes en el momento de negociar la vigencia de un convenio colectivo de trabajo”, agregó.

“Todo esto se realiza en el marco de una negociación paritaria de la que no era ajena al Ministerio: hace solo dos semanas se convocaron a audiencias ante la Delegación local del Ministerio entre el mismo Sindicato firmante del acuerdo y la comuna. Precisamente en estas audiencias se discutieron las últimas medidas del Ejecutivo sin que la Dirección Regional del Ministerio ni el Sindicato mencionara la intención de volver a instar un trámite paralizado hace más de siete años”, apuntó. Y lanzó: “De allí que no quepa otra posibilidad que
considerar que nos encontramos ante un ardid urdido en forma artera entre el Sindicato y el Ministerio para proceder extemporáneamente a la registración de un acto que carece de la firma del intendente municipal sin haber otorgado vista previa a las partes”.