En las últimas horas se levantó el secreto sumarial que preservaba el contenido de la IPP 08-00-006086-23/00 y de esa manera las partes pudieron acceder al detalle de una pesquisa que tiene al exjefe departamental de policía, comisario mayor José Luis Segovia, como el jefe de una asociación ilícita mixta, integrada por otros policías en actividad, expolicías, un arbolito y un abogado que, en diferentes roles, formaban parte de un sistema de corrupción.

Debido a que recién el proceso judicial está en sus inicios, es necesario resaltar el derecho a ser considerado inocente cualquier imputado hasta que se demuestre lo contrario.

De todos modos, la labor investigativa desarrollada, como podrá imaginarse, en absoluta reserva desde hace varios meses permitió reunir una considerable cantidad de prueba incriminatoria que hoy el fiscal Marcos Pagella utiliza para sostener la hipótesis de que existió en Mar del Plata una organización que protegía la monopolización de la venta de dólares en la avenida Luro, es decir los “arbolitos”. Que para brindar esa “protección” se cobraban altísimas sumas de dinero. Pero lo peor, que de esa actividad surgían muchos asaltos, ya que los incautos compradores de dólares no sabían que sus “cueveros” tenían vínculos con delincuentes. Asaltos cuyas investigaciones luego eran manipuladas desde la esfera policial para desviarlas por medio de extorsiones.

Se trató de una investigación difícil en extremo, ya que fue impulsada por la Fiscalía General donde Segovia contaba de un excelente concepto. A tal punto que el fiscal general, Fabián Fernández Garello, había respaldado su designación como Jefe Departamental. Pero, además, también para los investigadores del CATI (Cuerpo de Ayuda a la Instrucción Técnica) lo fue y pudieron sortearla con gran profesionalismo. Incluso al momento de su detención en la Jefatura Departamental, uno de los investigadores a cargo del allanamiento fue sincero: “Lo siento José, pero este es mi trabajo”.

Para la Justicia, las actividades de los arbolitos no podrían llevarse a cabo sino bajo un manto de cobertura de un “escandaloso sistema de corrupción policial, garante de la protección e impunidad de los partícipes”.

El inicio

LA CAPITAL de manera exclusiva y casi en soledad en términos de difusión narró al detalle desde hace casi un año las circunstancias casi inverosímiles que rodearon a la investigación del asalto sufrido por un matrimonio de jubilados en diciembre de 2020, en un edificio de Cabo Corrientes. En ese hecho, dos hombres y una mujer asaltaron a la pareja y la despojaron de 228 mil dólares y 400 mil pesos, entre otros valores. Uno de los hombres fue Carlos Alejandro Juárez y la mujer, su entonces novia, Julieta Palermo. Ambos están detenidos.

El joyero turco detenido por “entregar” trágico asalto en el edificio de Cabo Corrientes

La investigación de ese robo es la base principal de todo lo que hoy sustenta esta causa judicial que ha provocado un sismo en las estructuras policiales de Mar del Plata. Porque en un primer momento, con la excusa de un parecido físico con Juárez, se involucró a Mauricio Di Norcia, un hombre vinculado al delito en Mar del Plata, bajo permanente estado de sospecha policial y con algunas causas previas.

La falsa acusación a Di Norcia, según el actual expediente, fue orquestada desde la DDI Mar del Plata, cuyo jefe por entonces era Segovia. Y participaron el expolicía Christian Holktamp, quien tenía enemistad con Di Norcia por una causa en 2013 en la que éste fue condenado por encubrimiento al comerciar automóviles “mellizos”. Según Di Norcia, en aquella ocasión Holtkamp le pidió dinero para desvincularlo y como no pagó, le “armaron” una causa que terminó en una condena.

En esta maniobra para acusar falsamente a Di Norcia del robo a los jubilados, con el objeto de sacarle dinero, también estuvo involucrado según el expediente su propio defensor Lautaro Resúa. Para el fiscal Pagella, Di Norcia fue “rápida y deliberadamente puesto en escena para desviar la investigación” mediante un acuerdo entre Segovia, el abogado Resúa y Holtkamp.

Para hacer semejante acusación, la Justicia recogió gran cantidad de mensajes de textos, declaraciones de testigos y de otros imputados. Y principalmente estableció los vínculos personales o laborales entre todos los imputados.

Lo insólito, o desleal, es que Di Norcia no sabía que su abogado Resúa y Holtkamp -su verdugo- eran muy cercanos, a tal punto que éste ocupaba una propiedad del letrado en Playa Grande.

A pesar de que era una causa con poca prueba contra Di Norcia, menos de una semana después del robo en Cabo Correntes se ordenaron cuatro allanamientos a domicilios vinculados a él. Los allanamientos fueron un fracaso, porque Di Norcia tenía información filtrada de la propia policía. Se cree que toda la maniobra fue para “venderle” los allanamientos y Resúa cobrar sus “honorarios”.

El robo en Cabo Corrientes quedaría así impune y se cumpliría un acuerdo, según los investigadores, que previamente al hecho se le había garantizado a Juárez.

Un secuestro y una extorsión que terminaron por esclarecer el asalto en Cabo Corrientes

En la investigación quedó claro que el asalto fue organizado desde el ámbito de la avenida Luro, donde actuaban los “arbolitos”, con Jorge “Ruso” Toletti a la cabeza, asociado a Holtkamp en el café El 10- Sutton. El dato de que los jubilados tenían esa gran cantidad de dólares, surgió de allí, llegó a Buenos Aires donde un joyero turco Sevan Arslan reunió a Juárez, Palermo, Leonardo Scurzi y Rodrigo Soto para planificar el robo. El abogado Resúa tenía también vínculos con el joyero, al punto tal que tras su detención fue su abogado. Hasta el día de hoy lo sigue siendo.

El gran problema que conspiró para que todo saliera al a luz fue el “secuestro” de Juárez y la extorsión, ocurridos dos meses después del robo. Para la Justicia, un policía de la DDI Mar del Plata, Javier Collova, Toletti y Ulises “Kuki” Arbizu “levantaron” a Juárez de un hotel de Punta Mogotes para exigirle dinero a cambio de desvincularlo de la causa. Aquella imagen usada para imputar falsamente a Di Norcia, en vedad, era la de Juárez cuando salía del edificio de Cabo Corrientes.

A Juárez se le exigió el pago de 50 mil dólares y como no accedió, unos días después Toletti y Holtkamp entregaron -por su cuenta y como si fueran investigadores privados- toda la carpeta con los datos al fiscal Mariano Moyano.

Ahora bien, cuando Juárez fue liberado esa tarde de su secuestro, cometió un gran error: llamó al 911. Ese llamado, el registro de su número y otros detalles más destaparon todo el escándalo.

La avenida Luro

Para la Justicia, se revela “una preocupante trama de corrupción que involucra a jerarquizados funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Siempre se sospechó que la policía recaudaba dinero del juego clandestino, de la prostitución, de la venta de drogas y de la venta de divisas. Pero en base a los vínculos, ahora pudo comprobarse, según el fiscal Pagella, la relación con los “arbolitos”. Se sostiene que el expolicía Javier “Pelado” González y Gastón Moraña, en actividad en la Jefatura Departamental, recaudaban la cuota y reportaban ese dinero a Segovia ya que eso era “de la DDI”. Al asumir como Jefe Departamental, Segovia “limpió” toda la avenida Luro en grandes operativos y no quedaron arbolitos. Este es uno de los puntos fuertes en la defensa del exjefe departamental. Para la Justicia, esto lo hizo para que quedara solo y monopolizando la actividad, Toletti.

También se estableció inicialmente que recaudaba en el lugar Nicolás Rivademar para la Policía Federal o en nombre de la Policía Federal. Y, según las anotaciones secuestradas, en lo de Toletti, también se le pagaba al abogado Resúa, por sus contactos con la policía.

Al allanarse su casa, Toletti alcanzó a arrojar el teléfono al depósito del inodoro. Dijo al declarar que lo hizo porque tenía agendado muchos policías. El contenido del teléfono pudo ser recuperado y uno de los contactos decía, “Brigada Cuota”. Toletti confirmó que era a quien se le pagaba por mes de la DDI Mar del Plata.

También hay mensajes intercambiados entre Rivademar y Toletti en donde se acordaba el pago de la cuota “para la Federal”.

Es decir, que no habría dudas sobre esta relación ilegal entre el submundo de los “arbolitos” y la policía.

En su declaración -fue el único de los imputados que lo hizo- Segovia rechazó rotundamente todas las acusaciones. Su abogado, Martín Bernat, dijo que no podía hacerse cargo de lo que hacen otros policías y que cualquiera puede ir a pedir plata en nombre de otro. También que Segovia, un policía que contaba con la confianza de gran parte de la ciudad, dueño de una envidiable carrera, respaldado por la Justicia y la política, se había ganado muchos enemigos y que ahora le están pasando esas “facturas”.