Por Ramiro Melucci

Hasta la noche previa a la detención, las autoridades municipales habían conversado con José Segovia. Mantenían con el jefe departamental una relación fluida, de trabajo cotidiano. Por eso la noticia de su aprehensión en el marco de una causa por presunta asociación ilícita causó conmoción en el municipio. “Es un gran dolor”, describió uno de los funcionarios que más lo trataba.

No lo decía tanto por una cuestión de aprecio personal. Tampoco por el devenir que pueda tomar la causa judicial ni por temor a que se vea afectado el vínculo con la policía bonaerense (ya hubo charlas con Miguel Ojeda, el superintendente regional de la fuerza que quedó provisoriamente a cargo de la Departamental), sino sobre todo por la repercusión social: el golpe a la confianza en la lucha contra el delito que implica que el máximo jefe policial de la ciudad haya sido detenido.

El episodio tuvo lugar en la misma semana en que el intendente Guillermo Montenegro mostró la decisión de ajustar clavijas para lograr una mejora en la seguridad. Dos días antes había encabezado en la Prefectura Naval un encuentro con autoridades de las fuerzas federales y provinciales junto al controvertido y premiado director de Despliegue Territorial de la Nación, el exsubsecretario local Gustavo Jara.

De allí emergió la necesidad de optimizar los recursos con que ya cuenta Mar del Plata. Se habló de mejorar la comunicación entre las fuerzas y de reforzar la presencia en el microcentro, la Zona Roja y algunos barrios. “Hace rato que los puestos fijos no sirven. Sirve que (las fuerzas de seguridad) estén en la calle, patrullando en los puntos críticos”, graficó Jara. A tono con su promesa de campaña, el intendente mantiene viva la expectativa por un refuerzo de Gendarmería, pero el hombre de Patricia Bullrich habló en los medios como si eso no fuera a ocurrir en el corto plazo.

El secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncálvez, recorrió los ministerios de Provincia y Nación con propósitos adicionales. Al bonaerense llevó el convenio para que el despacho del 911 pueda hacerse desde el COM y avanzar en el objetivo de unificar el sistema de atención de las emergencias. La denominada Plataforma Multiagencia o, en palabras del intendente, el “centro único de comando y control”, podría empezar a tener visos de realidad cerca del verano, estiman en el municipio. Por lo pronto, el secretario comenzó a gestionar la reincorporación de personal de SAME y Defensa Civil a las oficinas del COM, y pretende sumar a guardavidas. Mientras, procura avanzar con Nación en la obtención de la base de datos para implementar el sistema de reconocimiento facial de prófugos. Jura que el segundo llamado a licitación (el primero no prosperó) ya está listo.

 A tono con su promesa de campaña, el intendente mantiene viva la expectativa por un refuerzo de Gendarmería, pero el hombre de Patricia Bullrich habló en los medios como si eso no fuera a ocurrir en el corto plazo.

El que también quedó listo es el nuevo convenio colectivo de trabajo de los municipales. Si hace unas semanas a Montenegro le hubieran comentado que era posible hallar un asunto en el que, a un mismo tiempo, diera un nuevo golpe al sindicato municipal, cuestionara a Axel Kicillof y causara agrado en las filas libertarias, el intendente probablemente no lo hubiese creído. Pero lo encontró. O se lo dejaron servido.

Lo motorizaron Carlos Arroyo y Antonio Gilardi en enero de 2016 y, después del trabajo de una comisión con representantes del municipio y el sindicato, fue enviado al Ministerio de Trabajo bonaerense para su registro en 2017. “Cuando se produzca el fallecimiento de un trabajador, se reservará la partida que deja el fallecido para el cónyuge o conviviente o el mayor de los hijos, siempre y cuando acredite cumplir los extremos de procedimiento especial de selección, el que ingresará por el cargo menor del escalafón correspondiente”, dice uno de los artículos que el intendente aseguró no haber visto “nunca” en otros acuerdos laborales.

“Cuando necesidades propias del servicio debidamente justificadas lo requieran podrá disponerse el pase del trabajador dentro de la repartición o dependencia donde preste servicios o a otra repartición o dependencia, siempre que con ello no afecte el principio de unidad familiar, se menoscabe su dignidad o se lo afecte moral o materialmente”, dice otro. Y apunta: “En ningún caso el traslado del trabajador será adoptado como represalia o sanción encubierta, bajo pena de dejar sin efecto la medida y reparar los daños ocasionados”.

A un mismo tiempo, Montenegro dio un nuevo golpe al sindicato municipal, cuestionó al gobierno de Axel Kicillof y causó agrado en las filas libertarias.

Montenegro tildó de “disparate” el artículo que señala que “los trabajadores municipales que se encuentren dentro de los últimos tres años de edad para acogerse al beneficio jubilatorio serán recategorizados si así lo solicitaren en el cargo inmediato superior al que revistan, debiendo comprometerse por escrito a que cumplidos los tres años de dicha recategorización se acogerán inmediatamente a los beneficios jubilatorios”. Para el caso de los trabajadores que detenten el cargo más alto del grupo ocupacional, “se creará un cargo superior que guarde debida relación porcentual”.

También rechazó con vehemencia la obligación de aportarle cada mes al sindicato, en concepto de contribución patronal, el 1% de la masa salarial. Estimó que representaría entre $ 65 y $ 70 millones al mes, unos $ 800 millones anuales.

El coordinador regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Raúl Calamante, puso la cara para responder que son artículos que ya existen en otros convenios, y para aclarar que el organismo se limitó a hacer su tarea, que es la registración de un texto consensuado entre las partes. Pero entre que el expediente ingresó en el Ministerio y fue avalado transcurrieron siete años, que incluyeron los últimos dos de la gestión de María Eugenia Vidal y el primer mandato completo de Kicillof. La demora de los tiempos administrativos no alcanza para justificar por qué durmió tanto tiempo en un cajón y le sonó el despertador en momentos en que el gobierno local mantiene un conflicto con el gremio.

El intendente usó la maniobra política a su favor. Vituperó el convenio, lo mostró en los medios nacionales y lo paseó por los canales de TV en pleno paro de la CGT, cuando el gobierno de Javier Milei arremetía contra el sindicalismo. Lo hizo a sabiendas de que el gremio nunca le había solicitado su aplicación y de que, llegado el caso, con esta composición legislativa no tiene chances de prosperar en el Concejo Deliberante.

La demora administrativa no alcanza para justificar por qué el convenio durmió tanto tiempo en un cajón y le sonó el despertador en momentos en que el gobierno local mantiene un conflicto con el gremio.

El sindicato sí le había pedido renegociar el convenio vigente. Sucedió cuando Santiago Bonifatti era secretario de Gobierno. En octubre de 2021 se firmó el decreto para conformar la comisión que lo discutiría y redactaría, pero las partes no llegaron a ningún acuerdo.

Ahora la estrategia oficial es anticiparse a un tratamiento legislativo: el Ejecutivo impugnará el trámite ante el propio Ministerio. Está dispuesto a denostar el convenio en todas las instancias. Porque el rechazo a su contenido tiene otra particularidad. Acaso la más importante en términos de rédito político: empatiza como pocos temas con el público que lo votó.

En plena refriega, Montenegro también avisó, como si anunciara la medida más natural del mundo, que descontará las horas de los municipales que se ausentaron de sus puestos para participar de la manifestación del miércoles pasado frente al municipio. Sin embargo, en la única frase que se le recuerde en las últimas semanas que no ayuda en la construcción de la amistad con Milei, rechazó descontarles el día del paro general. Puso como argumento la adhesión del transporte y tiró: “No soy un loco”. Justo después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijera que ellos sí: que van a descontarles el día de paro a los estatales.