A menos de un mes del último aumento, la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) pidió al gobierno municipal que aumente el precio del boleto a $ 1003,97.

En un estudio de costos presentado al secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, los transportistas manifestaron su “profunda preocupación por el sostenido desequilibrio en la ecuación económica financiera” que atraviesan las concesionarias.

Puntualizaron que eso ya no sólo obedece a la “brecha tarifaria desde hace años vigente” y los atrasos que tenían en el cobro de los subsidios, sino sobre todo a la eliminación del Fondo Compensador del Transporte dispuesta por el Gobierno nacional.

Los empresarios mencionaron que los combustibles les aumentaron en los últimos meses “más del 145%”, y recuerdan que, en la metodología para el cálculo tarifario, ese insumo vital para la prestación de sus servicios tiene una “importante participación”.

Indicaron que firmaron con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) un acuerdo salarial que reconoce un incremento de más del 37% para los haberes de marzo en comparación con el mismo mes del año pasado. Además, acordaron con el gremio de los choferes abonar el aumento retroactivo a enero y febrero, que implica una suma “extraordinaria” que significa “el monto equivalente” al total de las remuneraciones de un mes.

Los transportistas también aludieron al precio del dólar y las proyecciones inflacionarias. Señalaron que, de acuerdo con el Indec, la inflación del primer trimestre superó el 50%. Y subrayaron que ambas variables influyen en los precios de los repuestos, accesorios, insumos y, por encima de todo, la valuación del parque móvil y el pago de las cuotas de financiación.

En cuanto a los subsidios, anotaron que “la situación cambió rotundamente” a partir de la decisión de eliminar el Fondo Compensador para el Interior, que representa “aproximadamente el 50% de la masa total de subsidios que perciben las empresas mensualmente”. El estudio de costos “muestra el impacto” de esa eliminación, no contemplada “en la tarifa vigente”.

Otro de los puntos del estudio de costos alude a los atributos sociales y gratuidades no compensadas. Los empresarios aseveraron que, con la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), grupos de usuarios como jubilados, pensionados, empleadas de casas particulares y beneficiarios de planes sociales están alcanzados por el “Atributo Social”, que implica un descuento del 55% en el boleto. El Estado nacional se lo reintegra a las empresas, “pero con una demora de 60 días, lo que genera un serio problema financiero”, advirtió la Cametap.

Como cada vez son más los pasajeros que utilizan el Atributo Social (“ya representan el 50% de los pasajeros totales”), por lo que “el 25% de la recaudación de las empresas se encuentra desfasada en el tiempo dos meses”, hizo notar la entidad. Y apuntó que “la cantidad de pasajeros gratuitos supera el 18% de la totalidad de usuarios transportados”, y esa gratuidad no es compensada vía subsidios.

De acuerdo con el cálculo de las concesionarias, este nuevo escenario “muestra una brecha de ingresos del 34%”, que “debe cubrirse en el corto plazo para evitar que la situación en lo económico y financiero tienda empeorar, peligrando la prestación del servicio en el corto plazo, la continuidad de las empresas y con ello las fuentes laborales”.

El último aumento comenzó a regir el 25 de marzo. El boleto pasó de $ 297,30 a $ 750. Este año, al igual que en los anteriores, el Concejo Deliberante le cedió al intendente Guillermo Montenegro las facultades para determinar los aumentos de tarifa, por eso el estudio fue presentado ante el gobierno municipal y no en el cuerpo deliberativo.