Por Eduardo Balestena

La Delegación Mar del Plata de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue integrada por el Doctor Armando Rodolfo Fertitta, la Señora María Luisa Turón de Toledo, el Padre Enzo Giustozzi, el Doctor. Juan Carlos Wlasic, el Doctor Marcelo Insaurralde, el Reverendo Rodolfo van Bethem, el Doctor Oscar Antonio Huerta y el Rabino Guillermo Bronstein.

Dicho organismo quedó constituido el 27 de marzo de 1984 y entregó su informe final al Presidente de la CONADEP, Doctor. Ernesto Sábato, el 15 de septiembre de 1984.

El periodo en que le tocó actuar y el modo en que llevó a cabo esa tarea hacen que, a cuatro décadas de cumplido su propósito, sea digna de especial mención.

Durante los meses en que llevó a cabo sus funciones recibió 265 denuncias, reconoció y enumeró la existencia de distintos centros clandestinos de detención en Mar del Plata y la zona y llevó a cabo un análisis exhaustivo (que incluye una estadística) del mapa de la represión ilegal.

Rabino Guillermo Bronstein

El Rabino Guillermo Bronstein fue propuesto para integrar la CONADEP Mar del Plata por el Rabino Marshall Mayer, de reconocida actuación en el campo de los derechos humanos, que integró la CONADEP central y que trabajó muy activamente con organismos internacionales de derechos humanos en el marco de la investigación argentina. El Rabino Bronstein vive en Lima y viaja a Mar del Plata con cierta asiduidad y hacia finales de 2023 trajo consigo copias del informe de la Delegación Mar del Plata de la CONADEP para su entrega a los hijos del Doctor Fertitta (a cuya memoria dedicó la publicación), a la Universidad Nacional de Mar del Plata; al Centro Cultural Osvaldo Soriano y al Colegio de Abogados de Mar del Plata. Con ese gesto se propuso hacer público el trabajo llevado a cabo en un momento en el cual el proceso de consolidación de los derechos humanos en la agenda pública estaba en su conflictiva etapa inicial.

Tuve la fortuna de mantener largas y enriquecedoras conversaciones con el Rabino Guillermo Bronstein; resultó, además de un interlocutor de enorme versación en todos los temas, de gran capacidad intelectual, interés por muchas ramas del conocimiento y respeto por los demás, una persona sumamente cálida. Sus vivencias acerca de la época de la dictadura, que alternó con relatos de su tarea en la CONADEP, son muchas. A él le cupo –por su formación como agrónomo- el análisis estadístico de los datos obtenidos. Asimismo, me regaló un ejemplar del libro Del Holocausto a la Vida, editado en Perú, cuyo prólogo le pertenece, que recopila desgarradoras historias de exiliados del nazismo que dejaron Alemania antes y durante y después de la Segunda Guerra Mundial para llegar a países como Perú y Argentina, donde había gobiernos dictatoriales afines al nazismo y de clara tendencia antisemita. El libro en sí es un testimonio de amor a la vida. Durante nuestras conversaciones recordó la visita a los ex centros clandestinos de detención, las conductas de muchos militares y la dificultad en lograr el acceso a varios de aquellos siniestros ámbitos y, en esas circunstancias, la actitud decidida del Dr. Fertitta, militante del Partido Intransigente –que estuvo detenido en dos oportunidades, antes y después del golpe militar-, quien se abría paso muchas veces gracias a su decisión y a su carácter. Por más atroces, señalaba, los hechos debían ser probados y cada imputación estar sustentada por pruebas concretas. El objetivo era la justicia dentro del marco del derecho y esa fue la idea inspiradora.

El Rabino Bronstein también recordó que en 1982 el Doctor Fertitta había solicitado del Colegio de Abogados una manifestación en contra de la guerra de las Malvinas, de la dictadura y del envío de jóvenes soldados al Atlántico Sur. Era entonces una actitud valiente y minoritaria.

Los principios rectores de un programa

Carlos Santiago Nino –junto con Jaime Malamud, los restantes letrados de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y nominados miembros de la futura administración- fue uno de los más activos gestores del programa sobre derechos humanos y las reformas que introdujo el gobierno del Dr. Alfonsín. Su libro Juicio al mal absoluto Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del proceso enumera –profunda y detalladamente- las etapas de ese camino. Además de la derogación de la ley 22.924, de autoamnistía, firmada el 23 de septiembre de 1983 por Bignone, se impulsaban los principios de que: 1) Tanto el terrorismo de Estado como el subversivo serían castigados; 2) habría límites para quienes debían ser responsables y 3) los juicios debían ser limitados a un período finito de tiempo (tales son simplemente algunos de los puntos salientes del extenso programa).

El principio rector de Alfonsín establecía que no era posible iniciar la etapa democrática sobre una claudicación acerca de los derechos humanos. Se imponía llevar a cabo una experiencia muy poco habitual en el mundo: investigar el pasado reciente y aplicar una justicia retroactiva.i

El programa de referencia era muy complejo y difícil de implementar por los aspectos –jurídicos y políticos- que presentaba. Finalmente, tras salvar numerosos escollos, fueron sancionadas leyes fundamentales, no sólo para resolver aquella circunstancia sino para el futuro de los derechos humanos: La anulación –por la ley 23.040- de la ley de autoamnistía y, entre otras –como la ley 23.077 de Defesa de la democracia- la ley 23.049 –de Reforma del Código de Justicia Militar- y la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos –ley 23.054-, con lo cual la instancia máxima en la materia sería la Corte Internacional de Derechos Humanos.

A finales de la década del 70, cuando llegaban al Juzgado Federal, donde yo trabajaba, los recursos de hábeas corpus por detenidos desparecidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era considerada una intromisión en la soberanía y los asuntos internos: es difícil hoy comprender lo que ese conjunto de normas realmente significaba en esa época.

El presidente Alfonsín sancionó los decretos nros. 157 y 158 -1983- de enjuiciamiento a los líderes los movimientos subversivos y a los miembros de las Juntas Militares y el 187, del 15 de diciembre de 1983, por el cual era creada la CONADEP.

La idea de Alfonsín era limitar el alcance de los juicios y dar la oportunidad a las autoridades militares de enjuiciar a un grupo que había ejercido el poder y mejorar el concepto de la ciudadanía acerca de las Fuerzas Armadas. Para ello fue reformado el Código de Justicia Militar e introducido –a iniciativa del senador Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, que tenía un familiar desaparecido- un recurso de apelación ante la Cámara Federal, promovido por las partes, o la avocación judicial ante una demora injustificada. La reforma lo era de leyes procedimentales y no conculcaba el derecho de defensa en juicio, por lo cual no era violatoria del principio de castigo sin una ley previa al hecho del proceso, tal como en su momento lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de La Nación.

Ese fue el mecanismo que –ante la actitud reticente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas- habilitó el juicio a las juntas militares por parte de la Cámara Federal capitalina.

La CONADEP

El propósito del presidente Alfonsín era investigar la suerte de las personas desaparecidas; en tal sentido, rechazó la iniciativa de hacerlo por la vía de una comisión bicameral del Congreso para evitar injerencias partidistas y dispuso crear una comisión independiente, ligada al Ministerio del Interior, facultada para “oír los reclamos de las víctimas y entregarlos al Poder Judicial, para recibir testimonios voluntarios y documentación de ciudadanos privados o para exigir testimonios escritos de cualquier funcionario público o miembro de las fuerzas armadas y de seguridad” (señala Nino) y gozaba del acceso a lugares de detención, pero no podía emitir juicios sobre hechos y circunstancias.

El Dr. Nino tuvo un papel activo en la selección de los miembros de la CONADEP; las organizaciones de derechos humanos inicialmente se negaron a formar parte de la comisión, pero luego de reconocer la seriedad de su trabajo sumaron su aporte. Seis diputados y senadores nominados por sus respectivas cámaras también la integraron.

El apoyo de organismos internacionales permitió que fueran habilitadas filiales en el interior –como la de Mar del Plata- aunque con menos facultades.

El proceso –señalan Jorge Camarasa, Rubén Felice y Daniel González en su libro El Juicio. Proceso al horror– pasó a la jurisdicción de la Cámara Federal el 4 de octubre de 1984. El 12 de febrero de 1985 el fiscal ante la Cámara Federal de Buenos Aires solicitó la ampliación de las declaraciones indagatorias de los ex comandantes con referencia a 670 casos seleccionados de la investigación de la CONADEP. Ello fue el fruto de una extensa y minuciosa investigación de los miembros de la fiscalía, que incluía muchos casos del interior.

Lo señalado es de por sí indicativo de la importancia del trabajo de la comisión y sus filiales. El informe final de la CONADEP Buenos Aires menciona el aporte de la filial Mar del Plata al citar los centros clandestinos de la ciudad y la zona y los casos de los Dres. Centeno y Candeloro, muertos mientras eran torturados.

Poco antes del advenimiento de la democracia fueron destruidos, por orden del entonces presidente de facto Bignone, los archivos de la represión, con lo cual el conocimiento acerca de los modos de proceder, debió partir de cero.

Un contexto violento

La actividad de la CONADEP tuvo lugar en el marco de un contexto conflictivo y violento. Un ejemplo de ello es la sublevación de militares, como el mayor Barreiro, ante cuya detención fueron detonadas varias bombas, y el reemplazo de distintos cuadros del ejército, a lo cual se sumó el intento de ataque del general Menéndez a un periodista, a quien quiso agredir bayoneta en mano.

Parte de la población tenía fe en la labor de la CONADEP y la Justicia pero otra, ante la subsistencia del aparato represivo militar, era totalmente escéptica.

La CONADEP Mar del Plata

A cuarenta años de redactado el informe de la filial Mar del Plata de la CONADEP sorprende por varios motivos: el modo en el que está concebido, la coincidencia de apreciaciones con el informe final de la CONADEP Buenos Aires, entonces en gestación y su minuciosidad.

Se trata de un trabajo reflexivo, objetivo y riguroso que narra, en primer término, las circunstancias del establecimiento de la delegación, el desarrollo de las tareas, de cuya magnitud da idea el solo hecho de que en el término de seis meses debía ser investigada la actividad represiva llevada a cabo durante siete años, recibiendo denuncias, atendiendo a los llamados de personas que, en aquel contexto, no se atrevían a denunciar, lo cual posibilitó lograr el conocimiento de un gran espectro de hechos a investigar, por medio de requerimientos a oficinas públicas, solicitudes que fueron respondidas en una mínima parte.

El informe consta de catorce capítulos, y catorce anexos

“La posibilidad de decir que hemos superado las expectativas puestas en nosotros, no es un patrimonio personal de los miembros de esta Delegación, ni el mérito de sus esfuerzos, se trata por el contrario del esfuerzo y del sacrificio de varios centenares de simples ciudadanos que desde hace años deambulan solitarios sobrellevando su dolor calladamente, soportando injurias, diatribas y hasta burlas, buscando sólo como respuesta reparadora un acto de Justicia, o que le devuelvan a sus seres queridos o les expliquen el destino final de los mismos.

Sin la colaboración de esas madres que claman por sus hijos desaparecidos, sin la de las esposas o esposos que exigen saber por sus parejas arrancadas de sus hogares con un destino aún no conocido, o de los hijos que lloran la ausencia de sus padres y aún de sus amigos y vecinos, no hubiera sido posible concluir con este cuadro de actuación.

Vaya para ellos, si no la solución requerida, por lo menos el esfuerzo de quienes los han comprendido y tratado de colaborar desinteresadamente con un objetivo final: LA JUSTICIA”. (Informe Conadep. Delegación Mar del Plata, presentado el 15.09.84, pág.2)

Texto central y anexos

Es imposible resumir adecuadamente el extenso contenido del informe. Como el de la Sra. Turón de Toledo, surgen de su lectura muchos de los nombres de aquellos peticionantes de los inútiles recursos de amparo que eran diariamente presentados en un juzgado federal, donde al menos uno de sus miembros era un ex cuadro de una fuerza de seguridad y muchos funcionarios estaban vinculados a la ultra derecha, nombres que luego regresaron en las denuncias que hizo la CONADEP durante su labor, en las que se trabajó en el Juzgado Federal de Mar del Plata a lo largo de 1986.

Algunos de los apartados del texto central son: la recepción de denuncias; la ideología de la represión; el silencio y negación de la información; la seguridad de la impunidad; el papel del Poder Judicial; las características de los procedimientos represivos; la tortura y las condiciones de detención.

Paralelo en su gestación al informe final de la CONADEP de Buenos Aires, los puntos tratados coinciden en su gran mayoría.

El primer anexo –lo mismo que los capítulos del libro Nunca Más– es más específico: Secuestro y disposición de bienes; Informes falsos o contradictorios e internaciones en el Hospital Interzonal Mar del Plata; ocultamiento de información sobre personas desaparecidas; Exterminio de familias casi completas; Operativo “Chartear Gente” y otros ítems.

El análisis estadístico –Anexo 3- arroja datos muy significativos: sobre un total de 265 denuncias hubo 219 personas desaparecidas; el 64,53 % correspondía a hombres; el 33,20 % a mujeres y el 9,09 a mujeres embarazadas.

En cuanto a las profesiones, el 20,76 por ciento correspondió a empleados y el 18,49 % a estudiantes.

El promedio más alto de secuestros fue el de septiembre de 1976, con 18 personas secuestradas.

El 56, 16 % de los secuestrados desaparecidos no tenía militancia alguna.

Del mismo modo que el de la CONADEP central, el informe señala que la represión ilegal fue un ataque generalizado a la totalidad de la población.

No vamos a abundar más en estos aspectos, extensamente tratados en el informe de la CONADEP Mar del Plata y el libro Nunca Más. Los siguientes anexos detallan la información solicitada y la recibida y, entre otros aspectos, el listado completo de secuestrados liberados y de secuestrados desaparecidos.

Nunca Más

La actividad de la CONADEP fue esencial para el juicio y la condena a miembros de las juntas militares, que posteriormente fueron indultados por el gobierno siguiente.

Tal como lo señala Nino, muy pocos países pudieron llevar a cabo la justicia retroactiva respecto de los delitos de lesa humanidad. Argentina fue uno de esos pocos.

También señala que “El trabajo de la CONADEP resultó extraordinario por su importancia y detalle […] Los esfuerzos de la CONADEP ayudaron a dar cuenta de los desaparecidos, colectaron invalorable evidencia para los juicios, crearon un refugio en el aparato del Estado para las víctimas y sus familiares y mejoraron las relaciones con los grupos de derechos humanos” (Obra citada, pág. 131, EMECÉ, 1984).

El informe final de la Delegación Mar del Plata de la CONADEP concluyó su introducción con el concepto de que los valores más altos son los de la libertad y la dignidad humana, por encima de lo cual no hay nada; nos deja su trabajo y este mensaje.

i Pese a ello, no es posible olvidar que fue durante gobiernos radicales donde se produjeron sangrientas represiones obreras, como las de la Semana Trágica (1919); los fusilamientos de la Patagonia (1921) y la política represiva de La Forestal, en el norte, en la década del 20. Nunca hubo ninguna muestra pública de arrepentimiento ni ningún pedido de perdón acerca de estos hechos.