Aprueban repudio a las restricciones que aplicó Gran Bretaña en Malvinas
"Esperamos que esta declaración de repudio llegue al Presidente y a la Cancillería para que cumplan con la Constitución y las resoluciones de Naciones Unidas" señaló Gustavo Pulti, implsor del proyecto.
El diputado provincial, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, impulsó la presentación que repudia la nueva restricción a la pesca y la navegación de 166.000 kms cuadrados sobre el mar argentino dispuesta por la Comisionada Alison Blake, así como la construcción de un nuevo Puerto en Malvinas. También denunció la inacción de la Cancillería argentina en este contexto.
En la última sesión de la Cámara de Diputados Bonaerense, el proyecto fue tratado y finalmente aprobado. El diputado Gustavo Pulti, durante la sesión, fundamentó la obligación constitucional de defender la soberanía argentina, dispuesta en la Cláusula Transitoria Primera de nuestra carta magna y citó, entre otras, las disposiciones de Naciones Unidas que fundamentan el derecho argentino sobre las Islas y el mar adyacente: “Le reclamamos al gobierno nacional que repudie las determinaciones de un gobierno extranjero sobre nuestras Islas y nuestro mar, incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas que indican que Gran Bretaña tiene que tratar la cuestión de la soberanía sobre las islas”
El ex intendente de Mar del Plata expresó: “A David Cameron, que fue a Malvinas a decir que no iba a discutir la soberanía hace 48 días, no le importaron los 649 soldados fallecidos en la Guerra de Malvinas, no le importó la resolución de 1960 de Naciones Unidas y mucho menos la de 1965, que indica que Gran Bretaña debe sentarse a hablar de la soberanía de las Islas Malvinas con la Nación Argentina” y agregó “a eso estamos acostumbrados, pero no a un Presidente y una canciller que no reclamen por nuestra soberanía”
El proyecto de declaración expresa un enérgico repudio a la decisión de la Comisionada de las Islas Georgias y Sándwich del Sur, en nombre de Gran Bretaña, de imponer restricciones totales a la navegación y pesca, ampliando el control británico sobre una extensión adicional de 166.000 km², violando la soberanía territorial argentina, los intereses pesqueros y la legislación nacional, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además, el proyecto advierte sobre los planes de Gran Bretaña para construir un mega puerto en Malvinas, lo que constituye una grave violación de los derechos legítimos de Argentina sobre las Islas y busca afianzar la apropiación ilegítima de un territorio argentino, con el objetivo de proyectar su influencia geopolítica sobre la Antártida.
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