El cadáver de Jorge Alberto Cabrera (53) fue descubierto en la mañana del último día de enero. La autopsia determinaría luego que presentaba dos tiros: uno en el rostro y el otro en el tórax. Desde ese momento, la Justicia (de mayores primero, y de menores después) inició una investigación por la que hoy se encuentra aprehendido un adolescente de 17 años, como principal sospechoso.

A pesar de que sólo transcurrieron dos meses, el derrotero judicial de la causa fue intenso: según pudo saber LA CAPITAL, tras saber por parte de la abuela y las tías del propio acusado que éste había sido el autor del hecho, la policía notificó al fiscal Leandro Arévalo, sobre quien estaba a cargo entonces la pesquisa.

La novedad de que se trataba de un menor derivó en que el investigador remitiera el expediente a su par Marcelo Yanez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Al tomar contacto con la documentación y analizar las pruebas, ya a fines de febrero, el nuevo instructor judicial consideró que había que realizar más peritajes y tomar otras declaraciones testimoniales.

Sobre todo, consideró que la Justicia de Garantías declararía nula (como lo establece ley penal) la intervención incriminatoria de los familiares directos del acusado, que ya había sido aprehendido por otra causa casi paralela a esta. Así, ordenó buscar nuevos testigos y consiguió identificar a un joven que poseía un teléfono celular: era uno que le habían robado a la víctima.

Según contaría luego en sede judicial la persona citada, el acusado le había vendido ese artefacto después de ofrecerlo a varios vecinos del barrio.

En efecto, al peritarlo se descubrió que efectivamente se trataba de uno de los dos teléfonos que Cabrera tenía en su poder al momento de ser asesinado. El otro, en cambio, había sido secuestrado en la escena del crimen.

De acuerdo a la información obtenida por este medio, otro testigo de identidad reservada se presentó a declarar y contó que el adolescente había comentado en distintos sitios y ante diferentes entornos que era el autor del homicidio. Eso, sumado al conocimiento de que había cometido robos previos, adjudicados a su necesidad por hacerse de objetos que luego vendía para hacerse de dinero en efectivo y poder comprar droga -sufría adicciones, tal cual lo habían contado sus familiares-, acabó por completar el círculo probatorio en su contra.

En ese contexto, aconsejado por la Defensa Oficial, el menor se negó a declarar ante Yanez Urrutia, y quedó alojado en un instituto de la localidad de Azul. Hace algunos días, después de analizar exhaustivamente la documentación completa incorporada en el expediente, la Justicia de Garantías dictó la prisión preventiva.

El caso

Como se explicó antes, el crimen del puestero Jorge Alberto Cabrera se conoció en la mañana del 31 de enero pasado, pero se había producido entre la noche del 30 y esa madrugada.

Sin embargo, el caso comenzó a desentrañarse con una aprehensión transitoria del joven de 17 años días después del hecho, por el delito de “resistencia a la autoridad” en la vía pública.

Entonces, algunos miembros de su propio grupo familiar lo acusaron de violento, lo describieron como peligroso y pidieron a la policía que lo dejara detenido. Además aseguraron que lo que decían era tan cierto como que había participado en el “crimen del papero”.

Cabrera, en rigor, no era el dueño del puesto ni trabajaba como vendedor allí, sino que se desempeñaba como cuidador nocturno. La policía, al hallar se cadáver e identificarlo, señaló a la prensa que se trataba de un hombre con antecedentes penales y que también padecía una adicción a los estupefacientes.

Inclusive, habían dejado trascender que Cabrera fue a comprar droga a un “point” cercano el 30 de enero, y que al regresar al puesto en el que trabajaba como sereno, fue asaltado y baleado.

A través del paso de las semanas, la causa recayó en la fiscalía de Yanez Urrutia, que finalmente reunió más pruebas que incriminaron en forma directa al menor.