La delegación local de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) solicitó a la conducción provincial realizar un paro de 24 horas por el recorte en las prestaciones de IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) que sufren los trabajadores del sector.

Así se resolvió tras dos asambleas llevadas a cabo en el edificio que es sede del Fuero Contencioso – Administrativo local, donde se debatió fuertemente sobre la “situación de desamparo en la cual se encuentra la salud de trabajadores y trabajadoras del Departamento Judicial de Mar del Plata a raíz de la falta de cobertura de las distintas prestaciones que IOMA debiera asegurar”.

Como resultado de dicho debate, se votó por unanimidad un mandato a la comisión directiva provincial para realizar un paro por 24 horas “en razón de la crítica situación” que atraviesa la obra social por el conflicto existente con distintas entidades representantes de prestadores de servicios. 

El conflicto se da “en un contexto de inflación que aumenta los costos de las prestaciones y licúa los aportes porcentuales de los salarios estatales que lo financian”.

La entidad gremial advirtió que se trata de una práctica de gestión “de todos los gobiernos que estuvieron y están al frente del ejecutivo provincial”. La misma consiste en dar a los fondos pertenecientes a IOMA “un destino diferente del resguardo de la salud personal y familiar de sus afiliados y afiliadas”.

Por ese motivo, “es imprescindible la realización de una auditoría que permita determinar con certeza y transparencia costos, gastos y demás erogaciones que se efectúan desde la administración del IOMA y así asegurar el fin exclusivo y excluyente de la afectación especial de su presupuesto”.

Por otro lado, en las respectivas asambleas de la AJB local se planteó la necesidad de que se modifique la composición del directorio de la entidad para que el mismo tenga “mayoría de representantes de los distintos sectores de trabajadores estatales que aportan a su sostenimiento por sobre los representantes políticos partidarios de turno, y que sea el propio gobernador Axel Kicillof quien encabece las negociaciones con los representantes de clínicas en conflicto con la obra social”.

De esta manera, el mandatario bonaerense asumiría “la responsabilidad política que demanda la gravedad de la situación con la misma determinación que tuvo al tomar la decisión inconsulta de subvencionar en toda la provincia a dichas entidades durante la pandemia con $400 millones mensuales pertenecientes al IOMA de cuya devolución no hay certeza”, resaltó la AJB.

“No creemos que el esencial derecho humano de acceso a la salud tenga que estar sujeto a los avatares de la libre competencia del mercado, pero también tenemos la firme convicción de que su sostenimiento requiere que se adopten las decisiones políticas que materialicen las medidas que aquí se proponen”, sentenció el gremio.