La diputada nacional marplatense Juliana Santillán (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja con el objetivo de que las tierras de El Marquesado en que se iba a llevar adelante un proyecto agroecológico vuelvan a la órbita del Estado nacional.

El predio en cuestión, de unas 140 hectáreas y ubicado en el kilómetro 553 de la ruta 11, había sido cedido en febrero del año pasado por la Agencia de Administración de Bienes del estado (AABE) a la Asociación Civil Tercer Tiempo, vinculada a Juan Grabois, y transferida en noviembre al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia.

“Nos encontramos ante una de las tantas prebendas de la política tradicional, donde el Estado se convierte en un bastión de uso político partidario, como nos tiene acostumbrados el kirchnerismo”, dice la diputada en los fundamentos.

“Es en ese ‘toma y daca’ permanente donde el manejo de lo público se vuelve de uso privado de la casta política, que utiliza la necesidad de las personas más vulnerables haciéndolos sus rehenes sociales para poder acceder a cuestiones básicas”, agrega.

Santillán menciona que, tras la polémica que se generó por la cesión de los terrenos y ante la resistencia de los vecinos y la denuncia penal del intendente Guillermo Montenegro, la administración de Alberto Fernández, “a escasos días del cambio del Gobierno nacional”, firmó un convenio para ceder el terreno al gobierno de Axel Kicillof, “para luego poner la posesión del inmueble nuevamente en cabeza de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, vulnerando así las disposiciones de la Justicia y la voluntad de los vecinos de Chapadmalal”.

La diputada señala que “los lugareños ven como una provocación la cesión de forma discrecional a este grupo que atenta sobre el desarrollo sostenido que se ve reflejado en la zona, ya que con mucho esfuerzo por parte de los privados y de los organismos del estado municipal se vienen realizando inversiones estratégicas en la búsqueda de fomentar la iniciativa privada en turismo y entretenimiento”.

Además, sostiene que “más allá de la instancia judicial que se sustancie, el Gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto la cesión de derechos que pesa sobre el inmueble”, ya que “atenta contra las buenas prácticas de la administración y sólo refleja las habilidades de la casta para usufructuarse del erario público”.

En el marco de lo que califica como un hecho de “gravedad institucional inusitada”, la marplatense insta al Estado nacional a que, “de forma urgente”, recupere el inmueble.