Juan Manuel Pettigiani, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, denunció a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, por pedir que el presidente Javier Milei “se vaya rápido”.

Las declaraciones de la histórica referente de los derechos humanos en Argentina fueron efectuadas ayer, en el cierre de la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo a 48 años del golpe de Estado que dio origen a la última dictadura militar.

“En diálogo con el canal de noticias C5N, Carlotto dijo: “A veces le tengo lástima (al presidente Javier Milei) porque no se debe sentir bien una persona tan inestable. ¿Estará tomando fresco en la pileta de Olivos? Hay que seguir registrando lo que se dice y hace. Uno nunca sabe de esta criatura caprichosa qué es lo que va a decir. Hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido”.

Según Pettigiani, las declaraciones de Carlotto constituyen una “incitación a la acción violenta”, incompatible con la Constitución Nacional, y que resulta “castigada” por el Código Penal.

“La discusión pública debe darse dentro de los límites que plantea nuestra Constitución y no mediante expresiones violentas y antidemocráticas”, planteó el fiscal general en su denuncia.

En otro pasaje, Pettigiani citó al diario LA CAPITAL para recordar que el Concejo Deliberante condenó ayer -en el marco de la sesión especial por el Día de la Memoria- “la violencia como forma de ejercer la política”. Y que el Legislativo consideró que esta acción, al igual que la tolerancia a la diversidad, deben ser “esfuerzos” para concluir con una reparación que consolide la democracia con justicia y con paz.

“El llamado a que el Presidente de la Nación se ‘vaya rápido’ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza pues constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar”, continuó el fiscal federal en su presentación.

Según Pettigiani, los hechos en análisis deben calificarse en función de los artículos 226 bis y 226 del Código Penal. 

El fiscal indicó que las aseveraciones de Carlotto, en el lugar y contexto que fueron vertidas, implican una “amenaza de rebelión” que castiga el artículo 226 bis del Código Penal. 

Dicho apartado penaliza “a quien amenazare pública e idóneamente con la comisión de algunas de las conductas previstas en el artículo 226, en el caso, deponer al Poder Ejecutivo Nacional”.

En tanto, Pettigiani recordó que el artículo 226 del Código Penal penaliza el “alzamiento en armas contra la Constitución o alguno de los poderes públicos del Gobierno Nacional”.

“El desborde de la discusión democrática se verifica con el llamado que hace Carlotto a una acción ‘rápida’ para que el presidente se vaya, pues ello claramente no representa un llamado a utilizar resortes constitucionales, ya que supondría un camino incompatible con la rapidez y la violencia reclamada, sino que invita a hacerla por la fuerza”, sentenció el fiscal general.