Por Jorge Raventos

La situación política del país gira actualmente alrededor del tema inseguridad -que en el escenario central de Rosario aparece ligado a la acción del narcoterrorismo- y  del  nuevo contraste parlamentario sufrido por el gobierno libertario, esta vez  con el rechazo votado por la Cámara de Senadores al DNU 70/23, un episodio que se complicó más aún a raíz del grave cortocircuito entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no sólo denotaron estrategias encontradas, sino que las exhibieron públicamente antes y después del nuevo traspié legislativo.

Los logros que el gobierno puede exhibir en materia económica (por ejemplo, el nuevo descenso estadístico en materia inflacionaria en el mes de febrero) no consiguen despejar un horizonte mientras las cuestiones atinentes a la estabilidad política y la gobernabilidad no se consoliden.

Gobierna el Estado o lo hacen las mafias

Los asesinatos de las bandas criminales que infectan la ciudad de Rosario desafían ahora de una manera explícita la autoridad del Estado. En primer lugar, del estado provincial: de Santa Fé.

No se trata, esta vez, de episodios de la guerra entre pandillas por el dominio de territorios, ni  de ejecuciones o atentados ligados a extorsiones o robos, ni de ataques punitivos contra figuras determinadas, como los que se han reiterado en la ciudad santafesina desde hace años.   En los  hechos de las últimas semanas –homicidios de ciudadanos comunes, trabajadores, “inocentes”, como los caracterizan los propios asesinos- hay una voluntad indisimulada. de perturbar el orden político sembrando el pánico en la sociedad. Si hasta ahora podía parecer exagerado definir a estos delincuentes como narcoterroristas, con sus últimas acciones y mensajes  ellos mismos despejan las dudas.

Probablemente el efecto político más notable promovido por el ataque  ha sido la declaración conjunta de todos los gobernadores del país (más el jefe de gobierno porteño) en “acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe”. Ya el hecho de que todos los mandatarios provinciales sin excepción hayan reaccionado velozmente y hayan coincidido en un texto es un acontecimiento, especialmente porque  no se trata de un texto incidental o una declaración de circunstancias, sino que contiene varias definiciones fuertes.

El primer párrafo  se diferencia de la postura del presidente Milei, que había caracterizado el ataque  contra Rosario como “un problema que debe resolver la provincia” y en el que el estado central “dará una ayuda”. Los gobernadores señalan, en cambio que “el narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones”.

 Todos somos Santa Fé

En ese párrafo los gobernadores al tiempo que explican el porqué de su propio involucramiento  subrayan que es el Estado federal el que debe asumir una responsabilidad central: no puede desentenderse de problemas de todos convirtiéndolos en problemas de cada uno.

“La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, subrayan los gobernadores, que manifiestan  la “firme decisión de cooperar activamente con Santa Fe en esta emergencia. Todos somos Santa Fe”.

Dos semanas atrás, cuando Chubut  recibió el sacudón del recorte de una parte sustancial de la coparticipación, los gobernadores  ya habían reaccionado en conjunto. Allí podrían haber dicho “todos somos Chubut”. En esos días se forjó  el foro de whatsapp “23 gobernadores y un jefe de gobierno” en el que todos vuelcan ideas e impresiones, calibran reacciones en común o, cuando estas se tornan difíciles, elaboran alguna distribución de papeles que no ponga en riesgo  el nivel de diálogo alcanzado. De este modo, los gobernadores  (como conjunto) se van transformando en  un factor de equilibrio en la ecuación de poder y, por esa vía, un puntal  de la gobernabilidad.

Del mismo modo  que tomaron la palabra para  caracterizar las dificultades generadas a Chubut o las que atraviesa Santa Fé como un problema de todos –y, por lógica, prioritariamente de envergadura nacional-, algo análogo podrían decir  frente a calamidades naturales que pueden sufrir  jurisdicciones del país (como el temporal que acastigó ferozmente a Bahía Blanca en diciembre pasado) o a los desbordes de pobreza, marginamiento e inseguridad que  se profundizan en amplios segmentos del Gran Buenos Aires y otros conurbano de la Argentina. No se puede descargar la responsabilidad  de solucionarlos sobre las jurisdicciones afectadas: se trata de considerarlos desde una estrategia de conjunto, desde una mirada federal y nacional.

 Se aprende a pedir ayuda

El Poder Ejecutivo empieza a descubrir  ese rol de los mandatarios provinciales. Después de un momento en el que se inclinó por enfrentarlos y tras el primer resbalón en el Congreso (retiro forzado de la llamada Ley Ómnibus),  en su discurso del primer día de marzo  procuró contenerlos con la sorpresiva convocatoria al Pacto de Mayo (que, de todos modos, en su primera formulación parecía más bien un intento de imponer que de negociar. En la última semana  el Presidente ya comprendió que tenía que pedir  ayuda (lo hizo a través de mediadores, por supuesto: el ministro de Interior y el Jefe de Gabinete) para evitar que  los diputados sancionaran una actualización previsional  incómoda para los planes urdidos en Economía y también para tratar de que el Senado  no rechazara el DNU 70/23. Cuando se habilitó su tratamiento en la Cámara Alta se disparó la  ruidosa crisis entre Milei y la vicepresidenta.  Se le imputaba a ella haber cedido a la presión de  sus amigos en el Senado al  incorporar la discusión del DNU al orden del día.

Los trolls que responden al Presidente atacaron con saña a la vice en las redes (alguno sugirió “colgarla en Plaza de Mayo” si el Senado  votaba negativamente el decreto, como en definitiva sucedió. Presidencia emitió un virulento comunicado en el que expresó “su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política- Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”.

Básicamente, los argumentos esgrimidos por los enviados de Milei ante los gobernadores  para pedirles que influyeran sobre los legisladores que les responden,  consistieron en amenazar con un  descarrilamiento de las conversaciones que conducen al Pacto de Mayo. El centro de esa negociación es de orden fiscal: la mayoría de las provincias  necesita recuperar recursos que el gobierno de Milei ha recortado y que se reactiven obras (que suponen mejoras materiales, puestos de trabajo y recursos impositivos)  que han quedado paralizadas por decisión del poder central. 

Para los gobernadores, que el Presidente haya pedido ayuda ya es un buen signo. Ellos no quieren  someterlo a una derrotar  vergonzosa, sino  sofrenar  el ánimo autoritario y mejorar  el producto de las negociaciones, orientando el futuro pacto a un objetivo en el que el equilibrio fiscal se compagine con el desarrollo y la tranquilidad  social. Así, la  inducción de varios  gobernadores a los diputados que les responden contribuyó a que el miércoles no se alcanzara en la Cámara Baja  el quorum  (129 legisladores) para tratar la nueva fórmula previsional, impulsada por ña Coalición Cívica y respaldada por federales y radicales. El tema se debatirá, de todos modos, cuando se trate la “ley ómnibus encogida” (por ahora el proyecto se ha reducido a unos 230 artículos) que el gobierno ya envió a las provincias.

El último jueves, en cambio, la Cámara Alta sí consiguió  el quorum para tratar el DNU 70  (aunque  varios gobernadores, los de Córdoba y Misiones,  por ejemplo,  aceptaron dar una mano al gobierno a través de los senadores de su sector).  La vicepresidenta Villarruel condujo con sobriedad el debate. El gobierno recibió, como se presagiaba,  su segunda derrota legislativa, que podría haber  obviado si negociaba anticipadamente lo que parece dispuesto a negociar ahora.  Aunque contó con el apoyo de la llamada oposición amigable, el oficialismo no pudo evitar que se sumaran al  numeroso bloque de Unión por la Patria sectores independientes y fragmentos de otros bloques que acumularon 42 votos en contra del DNU.

Ahora se vuelve más importante aún  lo que pase en Diputados, ya que el DNU sigue con vida pero quedaría derogado si  es rechazado por  las dos cámaras. Milei deberá  apaciguarse y negociar con amplitud con  los mandatarios de provincias. Como dijo el Papa Francisco en relación con Ucrania: “No hay que sentir vergüenza por negociar”. Sus escuderos ya conversan y escuchan  propuestas; empiezan por lo más sencillo: los sectores que ofrecen apoyo incondicional o que tienen reclamos menos difíciles de satisfacer. El problema es que  para llegar al número que puede salvar la vida del DNU hay que conversar con los que piden cambios más  sensibles en la “ley ómnibus ya encogida”. Hay que conseguir la buena voluntad del conjunto de los gobernadores.  Con esa condición, la perspectiva de un verdadero pacto constructivo  sigue viva.

 Cómo pelear contra el narcoterrorismo

Convertidos en polo de referencia para el equilibrio político, los gobernadores  impulsan una convergencia con el Poder Ejecutivo. Han coincidido  ahora en la definición sobre los ataques a Rosario como obra de terrorismo  y con “las acciones destinadas a fortalecer tanto la operatividad de las fuerzas de seguridad como la persecución penal “.

En ese marco, desde el Ejecutivo y desde algunas otras instancias se ha planteado  que el Ejército debe participar en la  lucha contra el narco.  No es una idea novedosa: suele emerger cuando la situación se caldea.

Pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su colega de Defensa, Luis Petri, han podido comprobar que  en el Ejército  existe una fuerte reticencia a actuar en ese escenario.  Un año atrás, cuando los delincuentes atacaron en Rosario un comercio de la familia política de Leo Messi, el tema tuvo otro momento de auge y los pedidos de intervención de fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas,  también cundieron. Incluso el entonces presidente Alberto Fernández se hizo eco de esa posibilidad.  El general Juan Martín Paleo, que ocupaba en ese momento la Jefatura del Estado Mayor Conjunto,  explicó cuáles eran los obstáculos para que eso pudiera ocurrir.

“Primero  debe mediar una decisión política de que los militares hagamos tareas de seguridad –señaló-. Luego se debe adecuar el marco jurídico que corresponda. Cumplidas esas dos cuestiones, hay que organizar, equipar e instruir al personal militar que tenga intervención”.. Paleo señaló que “hoy las Fuerzas Armadas no están preparadas para cumplir tareas en materia de seguridad en las calles, ni en la lucha contra el narcotráfico .Las Fuerzas Armadas tienen un nivel de letalidad en su accionar, que es muy superior al de las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, no están organizadas, equipadas ni instruidas para trabajar en las calles en operaciones de seguridad. Los militares tenemos otro rol. No estamos preparados para cumplir órdenes de la Justicia que actúa en cuestiones de seguridad. Nuestra preparación es para enfrentar a otro fuerza estatal externa”.

En  cuanto al ·marco jurídico” al que se refería Paleo, el texto de la Ley de Defensa Nacional, aprobada en 1988 (gobierno de Raúl Alfonsín), afirma en su artículo 2 que “la Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

Hace exactamente un año, en este espacio comentábamos que  “si se admite que las redes del narcotráfico son configuraciones transnacionales que agreden al país y disputan al Estado el control efectivo de espacios, no hay en el texto de la ley límites para el uso de las fuerzas militares ante esa presencia. En rigor, ese límite fue incorporado a través del decreto reglamentario (727/2006, presidencia de Néstor Kirchner, ministra de Defensa Nilda Garré); fue ese decreto el que dispuso que el sistema de Defensa “debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado (…), dejando fuera de la órbita del mismo, ya sea en sus aspectos doctrinario, de planeamiento y adiestramiento, así como también de producción de inteligencia, toda cuestión que haga y/o refiera a la seguridad interior”.

Se trata de un decreto reglamentario. Puede modificarse con otro decreto. Ese detalle ilumina el aspecto referido a la voluntad política.

Mientras  la política no actúe con claridad, no cumpla los prerrequisitos para legalizar la misión que entretanto invoca o reclama es razonable que en las fuerzas militares haya cierta reticencia: la actividad requiere la corrección normativa y, además, instrumentos militares, organización y adiestramiento específicos.

Muchas veces, en base a los argumentos que inspiraron aquel decreto firmado por Nilda Garré, se ha señalado que las Fuerzas Armadas no deben combatir las redes del narcotráfico por tratarse de cuestiones de seguridad interna. Pero la globalización disuelve los conceptos de “afuera” y “adentro”: las organizaciones del delito transnacional no son ejércitos que se congregan en las fronteras para lanzar desde allí alguna ofensiva, tampoco son estados (aunque a menudo están asociadas a alguno y suelen ser más fuertes que muchos); actúan en redes transnacionales para las que las fronteras son un leve obstáculo; se filtran a través de ellas como la peste.

Igual que en otras materias, Argentina (sus instituciones, sus partidos, sus fuerzas sociales) no sólo  ante el desafío del narcoterrorismo,  debe responder las preguntas que plantean el presente y su proyección a mediano y largo plazo. En este caso, ¿qué fuerzas armadas y de seguridad necesita, con qué tareas, en el marco de qué Estado, con cuál papel en la región y en el mundo? Inquietud lateral: ¿es sostenible y funcional, en este contexto, la definición del Estado como “organización criminal” que Milei reitera insistentemente en sus declaraciones?

Estos asuntos, que implican decisiones estratégicas, necesitan una Argentina en la que la lógica de la unidad prevalezca sobre la división y el conflicto.

Es una temática vital para incorporar a la agenda de los Pactos de Mayo.