El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de comunicación en el que planteó interrogantes respecto al Informe Anual Ambiental del Ejecutivo local.

La iniciativa, impulsada por el concejal Diego García, advierte que “se observan incongruencias” en el documento sobre la política ambiental aplicada en el Partido de General Pueyrredon.

Dentro de esas políticas “se encuentran la limpieza de residuos, su recolección y su posterior tratamiento en las plantas de reciclaje y separación”, señaló el edil, y consideró que “la inadecuada disposición de residuos genera focos de contaminación que afectan directamente la salud de la población”.

En ese sentido, apuntó que “la acumulación de basura en calles, veredas y playas atrae vectores como roedores y mosquitos, propagando así una gran variedad de enfermedades”.

Además, “la descomposición de los residuos produce olores pútridos y gases nocivos que impactan en la calidad del aire de toda la región”.

García subrayó que en el Informe Anual Ambiental periodo 2022/2023 “no se ven reflejadas las acciones pertinentes a las actividades de mitigación en relación con el gas metano producido a raíz de la quema de residuos”. Y alertó que
“también se identifica el deterioro ambiental en cuanto a la imagen turística del Partido de General Pueyrredon debido a la acumulación de residuos en la vía pública”.

A su entender, “no se observa con claridad” la información sobre “la articulación de los diferentes sectores públicos, empresas privadas, cooperativas y entidades civiles que participan en la gestión actual de estos residuos”.

Para el concejal, “resulta necesario la implementación de un sistema de gestión residuos que funcione y sea adaptado a la estacionalidad de la ciudad de Mar del Plata, contemplando los períodos de mayor arribos turísticos que contribuyen a un aumento poblacional temporal con impacto directo en el sistema de recolección de residuos”.

Evaluó que “la sobrecarga del sistema de recolección actual no sólo representa una deficiencia en el servicio, sino que contrae un riesgo laboral para aquellos trabajadores recolectores y contribuye aún más al deterioro ambiental del Partido de General Pueyrredon”.

El informe ambiental “detalla las acciones de limpieza de residuos en playas por parte del Departamento Ejecutivo con cobertura total en tan solo 7,5 kilómetros de costa”, cuando hay “un total de 47 kilómetros”. Por lo tanto, “surge el interrogante sobre cuál es el servicio de limpieza de playas que corresponde” a los demás kilómetros de zona costera.

García profundizó al sostener que el informe ambiental “no contempla los criterios de acción” por los cuales “funciona el servicio de limpieza en playas en algunas zonas y no en otras”.

“A estas problemáticas también se le suman la contaminación del suelo y el agua a través de aquellos residuos que se acumulan en las calles y contenedores que finalmente son arrastrados por las lluvias y tormentas hacia el mar o hacia los arroyos”, lamentó.

García consulta “si existe un plan de gestión de residuos que se adapte a la estacionalidad de la población del partido”, si se realizaron estudios sobre el impacto ambiental y qué medidas se tomaron para articular los diferentes actores que conforman la gestión de residuos: empresas privadas, entidades civiles y cooperativas de residuos.

También pregunta “cuáles son los indicadores que determinan las áreas” donde se limpian las playas, qué porcentaje de residuos recupera la cooperativa CURA, qué cantidad los trabajadores informales y cuánto las organizaciones ambientalistas.