La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) en conjunto con varias de las cámaras que componen la industria del sector elevó un proyecto de ley al Congreso para quitarle el IVA al pescado. Además, propone la incorporación de pescado en los comedores escolares y beneficios impositivos y tributarios para la instalación de pescaderías en todo el país.

La iniciativa emerge como un paliativo ante los datos de incremento de la pobreza proporcionados por la Universidad Católica Argentina (UCA) durante el mes de febrero, a través de los cuales se confirmó con estadísticas concretas que casi el 60% de la población argentina se encuentra en situación de vulnerabilidad social y alimentaria.

Sin embargo, la moción, que será elevada ante la Comisión Permanente de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, surgió y comenzó a tomar forma como consecuencia del análisis cuantitativo de varios estudios de nivel nacional e internacional que ubican a la Argentina entre los países con menor consumo del mundo.

Según un informe de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), publicado en octubre de 2023, “más del 30 % de los adolescentes y jóvenes argentinos reconocen que nunca comieron pescado”.

El trabajo de esa organización, una de las firmantes del actual proyecto, arrojó que “a pesar de tener un litoral marítimo de 4.700 kilómetros de extensión, con más de 90 especies distintas, la inserción de pescados y mariscos en la mesa de los argentinos es extremadamente baja, alcanzando apenas la cuarta parte del promedio internacional”.

El mencionado relevamiento también destacó que sobre la totalidad de los casos testigos que reconocieron no haber ingerido nunca estos productos, el 62.3 % afirmó que “en su casa nunca le ofrecieron estas variedades”, mientras que el 26.5 % reconoce al pescado como un alimento “muy caro” y que, finalmente, el 11,2 % afirmó que se debe “a un problema de baja inserción en el mercado de alimentos”.

A nivel general, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un argentino tipo come apenas un poco menos de 5 kilos al año, casi la mitad que el consumo promedio de América Latina (10 kilos) y mucho menos que la media mundial (20 kilos).

Baja penetración en los hogares

Al respecto, Raúl Cereseto, presidente de la FULASP que encabeza el proyecto, señaló que “la idea es que el aparato parlamentario tome conciencia de la baja o nula penetración que tienen los frutos del mar en la dieta de los argentinos y que aprueben una quita del impuesto al valor agregado para lograr que los consumidores comiencen a verlos como una variante que les permita alimentarse mucho mejor y a un menor costo”.

“Desde la entidad buscamos mancomunar los intereses comerciales de las industrias, que buscan obtener mejores ganancias en el mercado interno, con las verdaderas necesidades de la gente, que cada vez tiene más problemas para solventar las comidas diarias”, señaló el especialista y agregó que “la suba desmedida que sufrieron los cortes de carne vacuna, el cerdo y el pollo también aparecen como una oportunidad para instalar definitivamente el pescado en el mercado nacional”.

Al mismo tiempo, la norma plantea la posibilidad de incorporar el pescado como parte de las viandas que se entregan en los comedores escolares. “Eso reduciría mucho los costos para las arcas públicas y permitiría una nutrición mucho más completa para los chicos que acceden a esa alimentación”.

Mayor oferta en todo el país

Entre los datos a los que accedió la FULASP antes de convocar la iniciativa, se destaca que estadísticamente se clasifica al pescado y sus derivados como “productos de consumo ocasional en el mercado interno”, por lo cual el proyecto también incluye un artículo que detalla la necesidad de incorporar una mayor oferta en todo el territorio nacional.

“Sólo en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, hay una pescadería por cada diez carnicerías, granjas y verdulerías”, detalló Cereseto, quien anticipó que, entre otros beneficios, se propone una exención impositiva de al menos 24 meses para quienes decidan invertir en el rubro.

Finalmente, Cereceto aguarda “una muy buena recepción por parte de los representantes parlamentarios” y que exigirán “un tratamiento urgente de la propuesta para que la norma pueda ver la luz antes de que termine el primer semestre del año”.