Por Jorge Raventos
La inflación de diciembre de 2023 no llegó al 30 por ciento que habían pronosticado la mayoría de las consultoras: superó por muy poco el 25 por ciento. El gobierno había alentado, feliz, aquellos malos vaticinios: “Treinta por ciento es un numerazo, un logro fenomenal y hay que sacarlo a pasear en andas a Caputo”, había aplaudido el Presidente días antes de que el INDEC revelara la cifra precisa. Milei asegura que fue la gestión de su gobierno la que consiguió evitar un índice más terrible, que él evalúa en 50 por ciento. Se sabe que el líder de los libertarios es adicto a las hipérboles.

La inflación de diciembre puede, con bastante plausibilidad, atribuirse a la gestión anterior: Milei recién asumió el 10 de ese mes y, aunque fue su gobierno el que, con la devaluación, dio piedra libre al “sinceramiento” de los precios, hay suficiente consenso profesional en atribuir el fenómeno a la administración previa, a su “represión de las variables” o al llamado “plan platita”. Con ese marco interpretativo, al gobierno no le hubiera venido mal aquel “numerazo” de diciembre que Milei celebraba para que porcentajes superiores al 20 en los meses posteriores (cuando cada vez sea menos digerible el “ah, pero Massa”) puedan ser leídos como avances. Domingo Cavallo, que mantiene una mirada cordial hacia Milei, predice un 26 por ciento de inflación en enero, un 21 por ciento en febrero y un 19 en marzo.

Tres meses parece el larguísimo plazo para una sociedad que ve deprimirse minuto a minuto sus ingresos. La incertidumbre se manifiesta también en el valor de los dólares financieros, que vuelven a alejarse del que tiene cotización oficial. Esta semana el ministro de Economía y su socio, el presidente del Banco Central, consiguieron el visto bueno del staff técnico del FMI. Confían que el directorio del organismo habilitará desembolsos por US$ 4.700 millones, una cifra que permitirá cumplir con los compromisos de pago argentinos al Fondo.

El gobierno celebró la aprobación del acuerdo, en rigor, la renovación del que había firmado la administración anterior. Es una buena noticia en un período en el que no llegan tantas.
Montado sobre la buena nota del FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo le advirtió al Congreso que si la ley ómnibus y el decreto 70/2023 no son aprobados “los argentinos van a sufrir más” porque “las medidas van a ser más duras”, La frase suena como una amenaza: el gobierno está notificándose de que esos textos cuentan con resistencia creciente en el Poder Legislativo y ya han sufrido embates serios en la Justicia.

La debilidad representativa del partido oficialista explica, quizás, el ímpetu y los modales con que el Presidente escenifica su liderazgo. Está muy lejos de contar con mayorías incondicionales en el Congreso, ningún gobernador le responde y él sobreactúa el decisionismo presidencial y se cobija en la mayoría cómoda que le proporcionó la segunda vuelta electoral, en la que sumó un porcentaje decisivo de votantes que optaron por él para evitar cualquier perspectiva de un resurgimiento kirchnerista.

El voto de la primera vuelta, donde Milei y La Libertad Avanza terminaron en segundo lugar, fue el que influyó en la composición actual de las Cámaras, tan desfavorable para el Presidente.
Resultado: sólo parece en condiciones de avanzar con sus iniciativas si negocia con fuerzas que contribuyan a edificar alguna mayoría legislativa. Sin embargo, imbuído, del carácter decisionista del personaje que ha decidido encarnar, Milei alardea: “No negociamos nada”.

Aunque rechaza las negociaciones, Milei admite que “aceptamos sugerencias para mejorar”. Es un paso hacia el realismo. Algunos de sus colaboradores propensos a dialogar con la oposición y con los sectores que objetan puntos de las propuestas, argumentan que “los textos sometidos al Congreso tienen algunos errores que estamos dispuestos a corregir”. Es un comprensible enmascaramiento de la adecuación a las circunstancias.

Liquid paper

Así, están en curso conversaciones correctoras en muchos asuntos, desde varios que inquietan a los productores de biocombustibles (y a los gobernadores de muchas provincias que albergan esas industrias) hasta la reimposición del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Ya se encarriló la discusión sobre el tema pesca, cuestionado por gobernadores, industriales y sindicatos, además de las objeciones diplomático-militares. El tema unió a las provincias patagónicas con Mar del Plata.

Hay quejas de las provincias vitivinícolas: al vino le pasan las retenciones del 8 al 35 por ciento.
Estos cortocircuitos se producen, en primer lugar, porque el gobierno ha dikctado un extenso y variopinto listado de normas basándose en un criterio tecnocrático iluminista, que imagina poder cambiar la realidad de un solo golpe y desde un escritorio. A eso se suma la escasez de oídos receptivos: el gobierno no cuenta con interlocutores en capacidad de negociar con sectores económicos, organizaciones sociales y fuerzas parlamentarias: todos los acuerdos posibles necesitan el visto bueno “de arriba”. Los ministros se disculpan con la contraparte aludiendo al “estilo” de la jefatura. Eso conduce inevitablemente a cometer errores.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió por ejemplo que está dispuesta a eliminar del proyecto de ley el artículo que prohíbe reuniones de más de tres personas que no hayan pedido autorización. “Al haberse generado una confusión preferimos retirarlo”, dijo

La oposición no kirchnerista ha elaborado un listado filtro para pasar por ese cedazo la iniciativa legal que Federico Sturzenegger elaboró y Milei envió al Congreso. Allí están enumeradas las reformas que están dispuestos a respaldar, las que jamás apoyarían y aquellas que pueden ser negociadas.
Sin conversar sobre acuerdos y desacuerdos, el trámite legislativo de la ley ómnibus se demorará mucho más de lo que el gobierno quisiera. En cuanto al DNU, su suerte depende más de la Justicia que de una decisión del Congreso.

¿Error o designio?

Más allá de la discusión sobre las piezas legislativas en que se ha empeñado el gobierno, también se han producido situaciones polémicas en campos de significativa sensibilidad para la estrategia del país. Al parecer sin que el propio Presidente estuviera adecuadamente informado de las consecuencias, el ministerio de Defensa designó un nuevo jefe del Ejército y disparó automáticamente una sangría de mandos más numerosa que la que provocó Néstor Kirchner cuando promovió a la jefatura del arma a Roberto Bendini: con Kirchner fueron apartados 17 generales, ahora se desplaza a 22.

Al designar como nuevo Jefe de Estado Mayor al general de brigada Carlos Alberto Presti, perteneciente a la promoción 118, el ministro de Defensa Luis Petri desencadenó el retiro de aquella veintena de generales en actividad que pertenecen a promociones más antiguas, La Casa Rosada se sorprendió ante la sangría que provocó malestar en el arma.

Si bien algunos achacan la situación a una inadvertencia del flamante ministro, ajeno hasta el momento a las cuestiones de Defensa, hay observadores que subrayan que alrededor de Petri se ha incorporado aa la cartera un equipo bastante homogéneo en el que se percibe una marcada reticencia a la mirada estratégica del recién desplazado jefe de Estado Mayor Conjunto, general Juan Martín Paleo. Así, se interpreta la barrida en el arma como una purga sobre mandos que podían darle continuidad a esos puntos de vista. Y, probablemente, como la búsqueda de alguna modificación sustancial.

El país parece en estos momentos atento a lo más urgente, que suele confundirse con lo más importante.
Temas como la defensa y la estrategia de vinculación con el mundo, incluso asuntos como la convivencia en el respeto a la lógica constitucional pueden parecer abstracciones frente a emergencias dramáticas. No obstante, las dimensiones inexorablemente se cruzan.