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Provincia 13 de enero de 2024

Adjudicaron la concesión de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia

El servicio fue otorgado por 10 años, según lo resuelto por el Ministerio de Transporte bonaerense. La intención es sumar más talleres fijos y líneas de atención en General Pueyrredon y localidades vecinas.

El Gobierno Provincial adjudicó por 10 años la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de relanzar el sistema y descomprimir la alta demanda de turnos.

Como es sabido, la VTV es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores: un requisito obligatorio para poder circular.

En General Pueyrredon hoy hay dos plantas habilitadas para realizar el trámite. Una se encuentra en la calle Saavedra al 3200; la otra, en Batán, en el kilómetro 9,5 de la ruta 88.

Sin embargo, las dificultades para poder sacar turno son moneda corriente, con una ciudad que tiene un parque automotor activo que ronda los 450.000 autos.

En este contexto, a mediados del año pasado, el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Jorge D’onofrio, lanzó una licitación para concesionar el servicio por un plazo de 10 años.

En el pliego se decidió “a los efectos de garantizar una adecuada prestación”, dividir el territorio bonaerense en
16 zonas. General Pueyrredon pertenece a la zona 11, compartida con los partidos de Balcarce, General Alvarado, Lobería, Tandil y Necochea.

De acuerdo a la resolución del Ministerio de Transporte, la firma que quedará a cargo de la VTV en la región es Applus Iteuve Argentina S.A. Además, se instruyó a la Dirección Provincial de VTV a elaborar los proyectos de contratos de concesión, dentro de un plazo de 30 días hábiles.

En principio, en la zona a la que pertenece General Pueyrredon se busca que haya, como mínimo, 5 plantas fijas de verificación -en la actualidad hay 4-, una móvil y 15 líneas de atención.

La Gobernación también estableció que cuando alguno de los distritos que no cuentan con planta fija supere las 15.000 revisiones anuales, considerando un período de dos años, “se deberá instalar en la localidad del municipio que concentre mayor cantidad de verificaciones” una nueva sede para realizar el trámite.

Las estimaciones oficiales indican que en la zona 11 se realizaron alrededor de 285.000 verificaciones en 2023.
Si bien el Gobierno Provincial no dio más detalles sobre la implementación de la nueva concesión en el municipio, y más allá de la posibilidad de sumar más sedes en la región, contar con más líneas de atención es un eje concreto que se buscará trabajar.

“En las plantas actuales habrá mayores posibilidades para generar una disminución importante en los tiempos de espera de los usuarios. En Batán, por ejemplo, hoy tenemos 2 líneas de atención. Próximamente van a ser 5 como mínimo. Todo acorde a la cantidad de vehículos que utilizan las plantas”, adelantaron desde Transporte.

Y destacaron que habrá una “VTV mucho más ágil y moderna”, con una adaptación del proceso “a las nuevas tecnologías”.

Crítica y proyecto de ley

El senador provincial Ariel Bordaisco (UCR) cuestionó la reciente adjudicación del servicio de VTV. “El gobierno insiste en equivocarse con este tema. Otra concesión así promete otros 10 años de dolores de cabeza para miles de bonaerenses”, aseguró en sus redes oficiales.

En la misma línea, el ex concejal marplatense recordó que, a fines de 2023, presentó un proyecto de ley para que la VTV “sea prestada por personas humanas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación”.

La propuesta, explicó, “busca ampliar las bocas de VTV en la provincia y darle eficiencia y celeridad al requisito obligatorio de verificar vehículos”.

Bordaisco indicó que “cualquier taller que cumpla con los requisitos que impone la ley vigente debería poder otorgar la VTV”. Esto “contribuiría a la eficiencia, seguridad y calidad del servicio técnico”, insistió. Y acotó que “no hay ninguna razón para reducir el sistema a unas pocas bocas de verificación”.

Puntualmente, el proyecto solicita la modificación del artículo 16 de la Ley 13927, que establece quiénes pueden prestar el servicio.

“Lo que buscamos con esta modificación es garantizar un sistema con mayor oferta de prestadores de servicios y una adecuada supervisión por parte de la autoridad de aplicación. De esta manera, se solucionarían los inconvenientes que existen y sería en beneficio de los usuarios”, subrayó el legislador radical.



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