Por Carlos Meneses

Un año después del asalto a los tres poderes de Brasil, las causas judiciales avanzan rápido en la Corte Suprema con un balance parcial de 1.413 denunciados, 66 presos, 30 condenados y muchas incógnitas por resolver, entre ellas el papel del expresidente Jair Bolsonaro.

La tentativa de golpe que protagonizaron radicales de extrema derecha para derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está siendo castigada con firmeza por el Supremo, aunque por el momento ningún alto cargo de la época está en prisión.

De 2.170 a 66 detenidos

Entre el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en su intento de provocar una intervención militar, y el 9 fueron detenidas 2.170 personas en Brasilia.

A partir de febrero, el Supremo concedió libertad provisional a la gran mayoría y hoy solo quedan 66 personas entre rejas: 8 condenados, 33 imputados como “ejecutores” de la asonada -dos de ellos están en un psiquiátrico- y 25 por sospechas de financiar o incitar el golpe.

Una treintena de condenados

El Supremo dictó la primera sentencia el pasado 14 de septiembre contra un antiguo funcionario de la compañía de aguas de San Pablo.

Recibió 17 años de prisión por cinco delitos, entre ellos abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y tentativa de golpe. Desde entonces, ha condenado a 30 personas, con penas de entre 3 y 17 años de cárcel.

“La lección es que actos criminales como estos tienen consecuencias. No es posible minimizar o relativizar lo sucedido”, dijo esta semana el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso.

Maurício Zanoide, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de São Paulo, defiende “penas altas” para los acusados, pues fueron hechos “muy graves” contra “un bien jurídico muy importante: las instituciones democráticas”.

Roberto Dias, profesor de Derecho Constitucional en la Fundación Getulio Vargas, afirma a EFE que las causas avanzan “de forma ejemplar” y que “era necesaria una reacción dura”.

En la Justicia Militar, hay tres procesos abiertos. En uno de ellos se condenó a un coronel de la reserva del Ejército a 1 mes y 18 días de reclusión por injurias a sus superiores.

El segundo está en instrucción y tiene por objeto otro coronel y el tercero es una investigación a un capitán de la Marina, según el Tribunal Superior Militar.

Casi 1.500 denunciados

La Fiscalía ha denunciado formalmente a 1.413 personas, entre incitadores, ejecutores, agentes públicos y un financiador.

No obstante, el Supremo suspendió en agosto la tramitación de más de 1.000 querellas y ofreció la posibilidad de cerrar acuerdos de colaboración con los imputados. En diciembre validó los primeros 38 acuerdos.

¿Y los autores intelectuales?

Hasta ahora han avanzado con celeridad los juicios contra los bolsonaristas que causaron el caos en Brasilia, pero la Policía continúa investigando quiénes financiaron y orquestaron el movimiento golpista.

Para ello puso en marcha la “Operación Lesa Patria” a partir de la cual ha realizado 367 registros en busca de pruebas.

Hay dos figuras clave en la trama: Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro y en cuya casa fue encontrado un borrador de decreto para anular la victoria electoral de Lula; y el teniente-coronel Mauro Cid, antiguo edecán del exmandatario (2019-2022).

Ambos estuvieron un tiempo en la cárcel, pero hoy responden en libertad. Bolsonaro consta como investigado. El posible papel del líder ultraderechista, que estaba en Estados Unidos el 8 de enero, es una incógnita.

Zanoide subraya a EFE que los “grandes urdidores” deben ser “tan severamente castigados” como los que asaltaron los poderes, pero sin “caza de brujas”.

Dias también demanda ir atrás de los “peces gordos”, entre los que incluye a políticos y militares, y, en ese sentido, cree que, si se cumple la ley, Bolsonaro “será duramente procesado”.

Proyectos de amnistía

En paralelo, el bolsonarismo se articula en el Congreso para sacar adelante una amnistía que beneficie a los implicados.

Los investigados también han formado la “Asociación de Familiares y Víctimas del 8 de enero”. Ezequiel Silveira es uno de los abogados y asegura que no se ha respetado el debido proceso legal de sus clientes.

“Queremos un juicio justo que respete la ley”, afirma a EFE.

Silveira denunció esas supuestas violaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según él, la tesis del golpe es “una narrativa” inventada.

EFE.