El sector pesquero manifestó su “profunda preocupación” por los cambios que propone el Gobierno Nacional en la Ley Federal de Pesca N° 24.922, que forma parte del paquete de reformas que elevó el Ejecutivo al Congreso este miércoles a la tarde.

La principal incertidumbre gira en torno a los artículos 26° y 27°, referentes a los permisos de pesca y las cuotas de captura, respectivamente, que ahora el Gobierno Nacional busca modificar.

En el primer caso, la normativa vigente establece que se priorizará para el otorgamiento de los permisos a “los buques que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje”; aquellos construidos en el país y su menor antigüedad; y que agreguen “mayor valor al producto final”.

En su reemplazo, el Gobierno Nacional propone en la “Ley Ómnibus” que para el otorgamiento de los permisos “la autoridad de aplicación sólo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques”.

Y que las habilitaciones “no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques”.

Asimismo, el artículo 27° de la ley vigente dispone parámetros similares para la asignación de las cuotas para cada permiso de pesca. Se toman como prioridad ítems como la cantidad de mano de obra nacional ocupada; inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años; y el número de productos pesqueros elaborados por buque.

El proyecto del Gobierno Nacional apunta a un cambio sustancial en este artículo, que incluso genera más preocupación en el sector: se establece que las cuotas de captura serán asignadas “a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”. Esto abriría la participación de empresas extranjeras.

Y cada firma podrá ejecutar su cuota de captura mediante cualquier barco que tenga un permiso de pesca, sin priorizar la mano de obra nacional empleada ni su historial en el sector; aunque las empresas “que ya tienen cuota asignada tendrán una preferencia que les permitirá obtener hasta la mitad de la cuota que tenían al mayor precio ofrecido en la licitación”.

En diálogo con LA CAPITAL, Fernando Rivera, presidente de CAIPA (Cámara de la Industria Pesquera Argentina) manifestó que hay una “profunda preocupación” del sector pesquero ante el proyecto de “Ley Ómnibus” que elevó el Ejecutivo Nacional. “Lamentablemente tenemos conocimiento por lo que se dio a conocer hoy (por ayer), pero nunca fuimos consultados sobre este proyecto”, aseguró.

Según Rivera, la iniciativa del Gobierno Nacional “cambia parámetros fundamentales” de la Ley Federal de Pesca. “El artículo 27 plantea que para las cuotas de captura se debían valorar las inversiones de las empresas, el personal ocupado, las exportaciones y el historial de captura. Ahora todo eso se deja de lado: cualquier empresa que gane la licitación puede quedarse con la cuota”, explicó.

El empresario consideró que la gestión encabezada por Javier Milei no tuvo en cuenta “las consecuencias” de esta serie de medidas. “¿Qué puede pasar con empresas con 500 ó 600 personas ocupadas si en una licitación internacional se quedan sin la cuota de pesca? Son cambios muy profundos que podrían afectar las fuentes de trabajo”, advirtió.

El titular de CAIPA señaló que el “90% de la producción pesquera se exporta”. Y que esos mercados “fueron hechos por empresas pesqueras que hoy tienen las cuotas”.

Si no se tiene en cuenta esa “trayectoria”, planteó Rivera, los mercados corren peligro porque “cualquiera puede entrar en la licitación, ofertar y ganarla”. Y agregó: “Con la ley vigente, las cuotas de captura que se otorgaron fueron consentidas por todo el sector. Con exportaciones que, por año, rondan los 2.000 millones de dólares”.

Rivera precisó que, directa e indirectamente, el sector tiene más de 40.000 trabajadores afectados en Argentina. Y también lamentó la falta de diálogo con la gestión nacional tras el recambio de gobierno.

“Hoy no tenemos interlocutor con el Ejecutivo. Todavía no designaron al subsecretario de Pesca de la Nación. Es importante que haya un funcionario para plantearle estas cuestiones”, manifestó.

En este contexto, Rivera adelantó que se buscará dejar asentada una posición unánime en el sector. “En principio, todas las cámaras están absolutamente disconformes con el procedimiento del Gobierno Nacional y lo informado hoy. Hay una profunda preocupación”, remarcó.

Una vez que comience el tratamiento legislativo de las reformas a la Ley Federal de Pesca, el presidente de CAIPA señaló que los representantes de la industria “harán las presentaciones necesarias ante el Congreso” para intervenir en la discusión de la normativa. “Vamos a pedir la participación en las comisiones parlamentarias”, concluyó.