El intendente Guillermo Montenegro comienza a llenar los casilleros del gabinete que lo acompañará en su segundo mandato: Fernando Muro asumirá como secretario de Desarrollo, inversiones e Integración Publico-Privada y Fernando Rizzi será el nuevo secretario de Educación.

Estas confirmaciones se suman a la anticipada ayer por LA CAPITAL: Rodrigo Gonçalves, actual director de Defensa Civil, se convertirá en el nuevo secretario de Seguridad. El resto del gabinete se terminará de definir en las próximas horas y no se descarta un nombramiento inesperado en una área clave del gobierno comunal.

Muro dejará su banca en el Concejo Deliberante para retornar al Ejecutivo, luego de su paso como secretario de la Producción. Ahora comandará una área que además de buscar la llegada de inversiones tendrá como eje central buscar la integración entre lo público y privado. Su lugar en el cuerpo deliberativo le corresponde a Cristian Beneito.

Por su parte, Rizzi es el actual Defensor del Pueblo y saltará al Ejecutivo municipal en el marco del acuerdo de gobernabilidad que mantiene Montenegro y el líder del radicalismo bonaerense, Maximiliano Abad.  Ocupara el lugar del también radical, Sebastián Puglisi.

Montenegro planea para este segundo mandato un recorte de la estructura de gobierno. Según pudo confirmar LA CAPITAL, habrá treinta cargo menos.  El más resonante: la eliminación de la Secretaría de Gobierno que durante los primeros cuatro años de gestión ocupo Santiago Bonifatti.  Después dejarán de existir Subsecretarías, directores generales y directores coordinadores.

En este contexto de ahorro, el intendente le pidió a su equipo de funcionarios que renuncien a las vacaciones no gozadas durante el último periodo de su mandato. El dinero que se ahorra el Municipio supera, sólo en el 2023, los 150 millones de pesos y será destinado a mejorar distintos servicios en la ciudad. Esta decisión se contrapone con lo sucedido en el gobierno de Carlos Arroyo, cuando Alejandro Vicente, Gustavo Gil de Muro, Patricia Leniz y Eduardo Leitao, entre otros, presentaron una demanda judicial para cobrar las vacaciones no gozadas mientras ocuparon la gestión pública.