Los jueces del juicio a las Juntas Militares, León Arslanian, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Ricardo Gil Lavedra, se sumaron a la lista de prestigiosos abogados, magistrados y juristas que cuestionan la posible realización de un nuevo juicio por el caso del camping El Durazno.

Lo hicieron bajo la figura de “amicus curiae”, que contempla por ley la posibilidad de que expertos en distintas temáticas puedan dar su visión respecto de situaciones judiciales polémicas. Tal cual había ocurrido con distintos profesionales del Derecho en agosto pasado, Ledesma, Valerga Aráoz, Arslanian y Gil Lavedra sostienen que el veredicto absolutorio del jurado sobre los tres acusados que habían sido denunciados por el abuso de una adolescente, el 1 de enero de 2019, es irrecurrible.

El caso fue controversial y tuvo repercusión en la prensa nacional. En un comienzo, cinco jóvenes fueron imputados y luego sólo tres llegaron a sentarse en el banquillo durante un debate oral. Sus defensores escogieron la modalidad del juicio por jurados y en septiembre de 2021 sus clientes fueron declarados no culpables.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el procedimiento y ordenó la realización de un nuevo juicio, lo que fue claramente rechazado por los abogados de los imputados. En julio pasado, se conoció que la polémica había llegado a la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, que sin plazos establecidos deberá definir la situación.

En agosto pasado, varias de los más destacadas organizaciones del Derecho, juristas, personalidades académicas, de investigación, profesores universitarios, referentes del jurado e incluso representantes del movimiento feminista de la Argentina se presentaron ante la máxima autoridad judicial provincial en dos grupos distintos bajo la figura de “amicus curiae”, y consideraron que llevar a cabo un nuevo debate resultaría inconstitucional.

Entre ellos, están Alberto Binder (Inecip), Héctor Granillo Fernández (AAJJ), Rosario Sánchez (CALP), Maximiliano Rusconi, Roberto Gargarella, Silvina Ramírez, Patricia Cóppola, Alberto Bovino (No hay Derecho), Mariana Maldonado (Aapdpp), Edmundo Hendler, Martín Sabelli (Escuela Latinoamericana de Defensores), Silvina Manes, Sidonie Porterie, Aldana Romano, Alfredo Pérez Galimberti, Eleonora Devoto, Fernando Ávila (APP), la líder de víctimas de delitos aberrantes de Entre Ríos, Carla Cusimano (Vidaer), Sebastián Narvaja (Escuela Latinoamericana de Fiscales), Rita Mill de Pereyra, Juan Galarreta (Red de Jueces Penales Bonaerenses), Patricio Maraniello y Claudia Marinelli (AAJC), Julio de Olazábal, José Raúl Heredia, Alejandro Cascio, Vanina Almeida, Natalí Chizik, Denise Bakrokar, Gabriela Aromí de Sommer, Deborah Huczek, Marcela Dimundo, Ricardo Cavallero, Luis Cevasco, Víctor Vélez, Pedro Roldán Vázquez y muchos más profesores y rectores de universidades de todo el país. Todos ellos fueron patrocinados bajo la figura de “amicus curiae” por Felipe Granillo Fernández.

El objetivo de los profesionales que intervienen en este tipo de casos, como lo prevé la ley que contempla esa figura judicial, es acercarle al máximo tribunal bonaerense argumentos convencionales y constitucionales para llegar a una solución que contemple las garantías institucionales y personales de los que participan del proceso. En este caso particular, se trata de defender la firmeza de los veredictos absolutorios de los jurados que consagran las leyes de jurados del país y del mundo.

Vale recordar que el 23 de diciembre del 2021, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini de la Sala III de Casación anularon el veredicto del 17 de septiembre de ese mismo año en el que un jurado popular declaró no culpables a Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba. Para fundar la medida, el tribunal tuvo en cuenta la falta de intervención de la Asesora de Menores durante la declaración de la menor en el proceso. En ese mismo fallo, los magistrados ordenaron que se realizara un nuevo debate.

Los abogados Martín Bernat y Martín Giménez, en representación de Jaime y Villalba; y Noelia Agüero, por parte de Pitman, presentaron entonces una queja ante la Corte provincial. Borinsky y Violini, en tanto, habían declarado “inadmisibles” los recursos que las defensas intentaron anteponer ante ellos antes, al entender que han sido interpuestos “en forma prematura” ya que la sentencia impugnada carece de “carácter definitivo”.

En julio pasado, un año y medio después, la máxima autoridad consideró que esa cuestión debía tratarse y serán sus propios integrantes quienes confirmen o revoquen el fallo de Casación. De este modo, admitió la queja interpuesta de las defensas -algo que según éstas no suele suceder en la actual instancia-, y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de la ley.

Los abogados de los jóvenes habían protestado al considerar que la decisión de los dos magistrados de Casación mantenía posturas “manifiestamente antirrepublicanas”. “Se encuentra en crisis el orden federal de nuestro país; hay un claro atropello a principios, derechos y garantías constitucionales como el debido proceso, el ne bis in idem y el derecho de defensa en juicio”, advirtieron en el recurso de queja extraordinario presentado entonces.

El polémico caso ocurrió en el camping “El Durazno” de Miramar durante la madrugada del 1 de enero de 2019 y alcanzo repercusión en la prensa nacional.

Tras los festejos por el Año Nuevo, cerca de las 6 de la mañana la adolescente de 14 años fue buscada por su padres, quienes estaban alarmados porque no había regresado al sitio donde se alojaba la familia, y encontrada en el interior de una carpa azul ubicada junto a una combi marca Renault Traffic.

Según la denuncia posterior, la menor estaba acompañada de más de un joven. No trascendió entonces cuántos eran. Desde las primeras horas los cinco marplatenses quedaron detenidos, pero semanas más tarde, con el arribo de los estudios de ADN (y el relato de los imputados), dos de ellos quedaron en libertad y los sobreseyeron.

La ciencia forense determinó que había semen de Pitman en el cuerpo o prendas de la menor, quien a su vez reconoció a Villalba como otro de los que había tenido relaciones sexuales con ella. Respecto a Jaime, fue él mismo el que admitió -como Pitman- que había participado pero que el contacto había sido consentido.

El 22 de enero siguiente, al vencerse el plazo para solicitar la prisión preventiva de los imputados, la Justicia decidió que dos de ellos recuperasen la libertad y fueran sobreseídos y apartados de la causa. En tanto, tres meses después concedieron el arresto domiciliario a Jaime, Pitman y Villalba.

En septiembre de 2021, se llevó a cabo el juicio por jurados, modalidad elegida por los tres acusados, y doce ciudadanos civiles concluyeron que eran “no culpables”.

Agüero, en diálogo con LA CAPITAL, sostuvo que de revocar el fallo de Casación los miembros de la Suprema Corte Bonaerense y mantenerse la absolución de Jaime, Pitman y Villalba, muy posiblemente la querella, a cargo de Maximiliano Orsini, busque recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también explicó que, de ser al revés, tanto ella como Bernat están decididos a hacer los propio, por lo que el proceso jurídico demorará en llegar a su fin con sentencia firme.