Una banda de usurpadores integrada por un policía y un prefecto fue desbaratada en los últimos días en Mar del Plata y seis de los siete acusados, entre ellos una mujer, quedaron detenidos y procesados con prisión preventiva en el marco de una investigación de la Justicia Federal.

La asociación ilícita, según pudo saber LA CAPITAL, se inició a mediados de 2022 y cayó a comienzos de noviembre pasado. Es decir, operó durante casi un año y medio en la ciudad.

En un principio, el grupo estuvo sospechado de comercializar estupefacientes, pero hasta el momento no se reunieron pruebas suficientes que permitan acreditarlo. En ese sentido, el propio juez federal Santiago Inchausti, que recientemente rubricó los procesamientos de los imputados, no descartó en su fallo que durante el próximo desarrollo de la causa surjan elementos incriminatorios al respecto.

En el documento, al que accedió este medio, el magistrado apoyó la pesquisa del Ministerio Público, que se inició por una denuncia anónima en la Fiscalía Federal Nº 2 el 31 de agosto de 2022. En octubre, las averiguaciones de los investigadores ya contaban con escuchas telefónicas entre las personas implicadas y habían reunidos elementos que permitían determinar la existencia de la banda, en cuya conformación aparecían dos miembros de distintas fuerzas, tanto federal como provincial.

Según la hipótesis que cita el juez Inchausti en su resolución, el grupo se dedicaba a ocupar o adquirir ilegalmente bienes inmuebles como “lotes, terrenos, y/o propiedades (art. 172, art. 173 inc. 9 del CP y/o 181 del CP), a partir de documentación adulterada, ideológicamente falsa (art. 293 del CP), sin descartar el uso y/o la utilización de documentos falsos (art. 292 y 296 del CP) o sellos aparentes (art. 290 del CP), utilizando para lograr ese cometido diversas modalidades como por ejemplo la tenencia de material o instrumentos para cometer falsedades documentales (art. 299 del CP), la intimidación a través de la usurpación de autoridad o de título o, incluso, utilizando alguna forma de amedrentamiento ostentando una autoridad falsa (art. 246 y 247 del CP) o con la utilización de armamento (art. 189 bis del CP) para, una vez concretada la apariencia de legalidad de las operaciones, venderlos, intercambiarlos por otros bienes o conservarlos”.

Para eso, además, contaban con la protección y el suministro de información por parte de dos miembros del conjunto: un efectivo de la Policía Bonaerense que prestaba servicios en la comisaría quinta y un suboficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina (PFA).

Conforme las sospechas, los uniformados cumplían tareas de custodia de los bienes -por ejemplo inmuebles o lotes-, o incluso realizaban averiguaciones para descubrir, tanto en los domicilios como nivel judicial, si los mismos estaban deshabitados, carecían de propietarios y poseían algún tipo de inconveniente legal.

“Se ha constatado que uno de los cometidos de la organización sobre estas maniobras sería la individualización de inmuebles a nombre de terceras personas ubicados en esta ciudad, sin descartar otros destinos, y lograr la adquisición fraudulenta o apropiación de los mismos mediante la confección y utilización de documentación ideológicamente falsa, haciéndose y obteniendo titulares registrales ostentando un título o autoridad ilegal”, exhibe el juez en otro pasaje del fallo.

Y agrega: “La metodología empleada por esta asociación consistió en identificar lotes baldíos mayoritariamente en zonas alejadas de la ciudad para luego, mediante la utilización de documentación apócrifa, simular un estado de posesión que les permitiera luego llevar adelante operaciones inmobiliarias y percibir el dinero por dichas operaciones”.

Allanamientos y secuestros:
seis detenidos y un prófugo

El último 8 de noviembre, se llevaron a cabo múltiples allanamientos en Mar del Plata y en otros puntos del país. Entre otros lugares, se realizaron operativos en una escribanía de Capital Federal y en dos domicilios de las localidades de San Vicente y Pablo Nogués, partido de Malvinas Argentinas.

Durante los procedimientos, se secuestraron innumerables documentos, como formularios notariales, escrituras, etcétera, además de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que ahora son peritados, y también balas y armas de fuego.

Seis de los siete acusados fueron detenidos, y uno quedó declarado prófugo. Entre los apresados, se encuentran un hombre y su hijo, el policía, el prefecto y la mujer, que tiene 68 años y se desempeñaba como gestora.

En la resolución que dio a conocer hace pocas horas, el juez Inchausti decidió dictar la prisión preventiva y el procesamiento de todos los imputados al considerar que sus excarcelaciones podrían provocar serios riesgos procesales, además de considerar que aquello causaría inminente peligro de fuga. En tanto, ordenó trabar embargos por hasta 30 millones de pesos.