El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios de su gobierno, por presunto encubrimiento en el atentado contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA).

Así quedó determinado esta mañana tras el sorteo realizado en la mesa general de entradas de la Cámara Federal, con sede en el segundo piso de Comodoro Py 2002.

Lijo fue el juez que estaba de turno en enero de 2015, durante la freria judicial, cuando el fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia. Lijo se declaró incompetente, y luego, tras la feria, recayó el el juzgado de Daniel Rafecas quien, en abril de 2015, la desestimó alegando “inexistencia de delito”.

Ayer la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó esa y otras resolución y ordenó reabrir la pesquisa.

“Lo único que falta es acusarme de la muerte de Kennedy”, escribió ayer a través de su cunta en la red social twitter, la ex presidente, luego que se difundiera el fallo de la Sala I de Casación.

El 14 de enero de 2015 Nisman denunció a Fernández de Kirchner, a su canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés Larroque, al líder de Quebracho, Fernando Esteche y dirigente social Luis D”Elía, entre otros, por encubrir la supuesta responsabilidad de Irán en el ataque a la mutual judía de la calle Pasteur al 600, hecho registrado el 18 de julio de 1994, con 85 muertos, centenares de heridos y multimillonarios daños materiales.

En esa denuncia, que ofrecía como prueba miles de horas de audios telefónicos, Nisman denunció que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013, escondía “un intento de liberar de responsabilidades” a los funcionarios iraníes sindicados como autores del atentado, a cambio de incentivar las relaciones comerciales entre Argentina y esa República Islámica.

Cuatro días después de efectuar la denuncia, Nisman fue hallado muerto, con un disparo en la cabeza, en el departamento en el que vivía en la Torre Le Parc, en Puerto Madero, de esta capital.

“La maniobra denunciada ameritaba por parte de los órganos jurisdiccionales intervinientes un tratamiento más profundo de las cuestiones que habían sido planteadas”, consignó el voto mayoritario de la Sala I de la CFCP que ayer “reabrió” la causa y mandó sortear un nuevo magistrado para que la tramite.

La mayoría marcó la “necesidad” de investigar los hechos denunciados “confrontándolos con los elementos probatorios que las partes estimaron conducentes e interpretándolos a la luz del ordenamiento legal”.

Además destacó la “imposibilidad” de desestimar una denuncia si antes no se producen las medidas de pruebas “conducentes” para esclarecer si hubo o no delito.

Antes que Rafecas archivara la denuncia, el fiscal federal Gerardo Pollicita había solicitado la producción de medio centenar de medidas de prueba.

La reapertura de la causa fue ordenada a pedido de Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en tanto que el fiscal ante la CFCP Javier De Luca coincidió con el criterio de Rafecas, luego sostenido por los camaristas federales Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

La DAIA reclamó ser tenida como querellante y adujo la existencia de nuevas pruebas, en especial un diálogo telefónico entre su ex directivo Guillermo Borger con Timerman.