El juicio político contra la Corte Suprema venía avanzando por un andarivel paralelo al desarrollo de la campaña electoral, en un lugar secundario de la agenda política.

Sin embargo, la presentación formal de parte del secretario de la comisión homónima que preside Carolina Gaillard en el cuarto piso del Palacio de Tribunales para notificar in situ a los cortesanos de los cargos en su contra pateó la estantería e hizo que la oposición colara el tema en la campaña con inusitada agresividad en los últimos días.

Todos los líderes opositores, desde Mauricio Macri pasando por Juan Schiaretti y hasta un potencial aliado al massismo como Roberto Lavagna salieron con los tapones de punta a batir el parche contra este supuesto atropello del Gobierno a la independencia judicial.

Este cisne negro sobre la recta final de la campaña hacia el 19 de noviembre puso inesperadamente al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en un aprieto, teniendo que dar explicaciones sobre un asunto que no estaba en su agenda de debate.

En una entrevista televisiva con La Nación+, el actual ministro de Economía evitó pronunciarse sobre la razonabilidad o no del juicio político, pero pidió tácitamente a su tropa legislativa que postergue los dictámenes acusatorios hasta después del balotaje para no levantar olas en el tramo final de la campaña.

“Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”, señaló.

En realidad, la cuestión judicial sí venía siendo parte de la campaña del ministro de Economía pero la embestida opositora cargando las tintas en contra suya lo hizo recalcular.

El primer efecto concreto de esta recalibración de la estrategia es la prórroga de las sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre (que normalmente terminan el 30 de noviembre), lo que ampliará el margen de la comisión de Juicio Político para cerrar el capítulo investigativo y pasar a la etapa acusatoria contra los magistrados.

La comisión de Juicio Político se reunirá este martes a las 13.

La intención original del oficialismo era ofrecer ese espacio para que los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se hicieran presentes para materializar sus descargos de forma presencial por las actuaciones en su contra, un procedimiento que los magistrados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz decidieron realizar por escrito la semana pasada.

Ningún integrante de la comisión espera que los dos cortesanos concurra a la comisión, por lo que la idea iba a ser proceder a la lectura de los dictámenes de acusación.

Desde el kirchnerismo consideraban que esta situación no iba a perjudicar la campaña de Massa, dado que no se trata de un tema que la sociedad esté siguiendo ávidamente.

Sin embargo, la ofensiva opositora y el llamado de Massa a poner un freno cambió el escenario y el dilema que se le presenta a Gaillard en este momento es como manejar el timing de la comisión en aras de no generar un costo político a la campaña.

En la última reunión de comisión que se llevó a cabo el 11 de octubre último, la mayoría oficialista avaló las imputaciones a los jueces de la Corte por tres casos: el fallo del 2 X 1 de conmutación de la pena a represores de la última dictadura genocida, el fallo de coparticipación de recursos que favoreció a la Ciudad, y el fallo que declaró inconstitucional la última ley del Consejo de la Magistratura.

También se votó que los dictámenes se emitirían entre el 13 y el 17 de noviembre: es decir, apenas unos días antes del decisivo balotaje que enfrentará a Massa con Javier Milei.

Evidentemente, no se evaluaron los tiempos con el mejor sentido de la oportunidad, y el propio Massa -que basa su campaña en la convocatoria a la “unidad nacional” ya lo pudo comprobar en carne propia a partir de los ataques que viene recibiendo por un tema que alimenta la grieta política.

Con este panorama, la salida que habrían encontrado en el oficialismo sería la de postergar la firma de los dictámenes de acusación para después de la segunda vuelta electoral, una situación que permite el reglamento. El nuevo plazo se corre hasta el 9 de diciembre, que es la fecha de finalización de las sesiones ordinarias de acuerdo al decreto de prórroga del Poder Ejecutivo.

Más allá de esa fecha, todas las actuaciones perderán estado parlamentario y obligará a volver todo el procedimiento a foja cero, echando por la borda un trabajo formidable liderado por Gaillard junto a Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Leopoldo Moreau y otros integrantes oficialistas de la comisión. Fueron 23 reuniones desde el 26 de enero de este año que incluyeron audiencias con 65 testigos.

El dictamen del Frente de Todos incluye todos los cargos presentados contra los cuatro jueces de la Corte. Juntos por el Cambio, en tanto, trabaja en un dictamen único que sólo contemplaría las acusaciones de la Coalición Cívica contra Lorenzetti por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desmanejos.

El resto del interbloque opositor no acompañó al bloque que responde a Elisa Carrió en este pedido de juicio político, pero podrían tener esa concesión para no dejar expuesta la fractura interna.

En tanto, se espera que haya unÿdictamen individual del diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal – Interbloque Federal) rechazando todos los cargos, incluidos los de la Coalición Cívica.

Más allá de los intereses que tiene el oficialismo en seguir impulsando el juicio político, lo cierto es que es sabido que no cuentan con la mayoría especial de dos tercios para aprobar el proceso de destitución en la Cámara de Diputados. Si se cae la acusación en la Cámara baja, el proceso no llegará al Senado y se archivará.