El Tribunal Supremo italiano confirmó la sentencia que había desestimado el recurso presentado por el sacerdote italo-argentino Franco Reverberi Boschi, de 86 años, para no ser extraditado a Argentina, por lo que antes de finales de año será trasladado a ese país, donde está acusado de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura del 1976 al 1983.

Reverberi Boschi, nacido en Parma (norte de Italia) y que emigró con su familia a Argentina, era capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de la ciudad de San Rafael en Mendoza y está acusado, entre otros, del asesinato en 1976 del joven José Guillermo Berón, de 20 años, aún desaparecido.

Asímismo, muchas víctimas lo acusaron de haber presenciado las sesiones de tortura a las que fueron sometidos los prisioneros del régimen del general Jorge Rafael Videla durante los años de la dictadura militar en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”.

Tras esta sentencia definitiva, el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, dispone de 45 días desde la recepción de la orden para tramitar la entrega del sacerdote a Buenos Aires, algo que ya había autorizado cuando el Tribunal de Apelación confirmó la extradición el pasado agosto, confirmaron a EFE fuentes cercanas al proceso.

Reverberi huyó de Argentina en 2011 cuando fue citado por el fiscal federal para declarar como investigado en el proceso por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza y se refugió en la localidad de Sorbolo, donde nació en 1937, un pequeño pueblo de la provincia de Parma donde también se lo ha visto celebrar misa.

Su extradición llega tras un largo proceso judicial que comenzó en 2013 cuando Argentina hizo la primera solicitud, pero la justicia italiana la rechazó porque la acusación solo incluía denuncias de torturas.

Como parte de ese proceso, Argentina impulsó la modificación de la jurisprudencia de la Justicia italiana, que sólo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad, indicó el Gobierno argentino en un comunicado.

Ese cambio permitió que el ex capellán del Ejército pueda ser extraditado por un homicidio y también por las torturas sufridas por 10 víctimas en el CCD “La Departamental”, según el Gobierno argentino.

Este caso tendrá además un impacto muy importante en otro similares, como el del exmilitar Carlos Malatto, quien reside en Italia y es requerido por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en San Juan. EFE