La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley, en la última sesión del año, el proyecto oficial mediante el cual a partir del próximo ciclo lectivo se podrá penar con multas y hasta arresto a las personas que agredan verbal o físicamente a personal docente y no docente de los establecimientos educativos públicos y privados bonaerenses.

“Fue una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal ante los innumerables casos de agresión a docentes y a toda la comunidad educativa, notó que se estaba produciendo una ola de agresiones. La Provincia tiene Código de Faltas, y lo que pudimos hacer es modificar esa normativa, previendo esta nueva modalidad de agresión a todo el personal docente y no docente dentro de los ámbitos educativos”, dijo el senador y presidente de la Comisión de Educación, Juan Pablo Allan.

Según establece la nueva normativa presentada por el Poder Ejecutivo provincial “sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial subyacente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (valor que ronda entre los 6 mil y 15 mil pesos) a la persona que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”.

Ademas, la ley que cuenta con el aval de los gremios docentes y que comenzará a aplicarse en el próximo ciclo lectivo, establece que se sancionará a quien “insulte” a un docente o auxiliar “o provoque escándalo”, a quien “ejerza actos de violencia física”, “perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa” o “ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente”.

Las penas también alcanzarán a quien arroje “un elemento de cualquier naturaleza” a un trabajador de la educación o “contra un bien de utilidad educativa”, con lo que se incluye a los edificios escolares.

En ese sentido, las acciones mencionadas “se duplicarán” en caso de cometerse frente a otros alumnos.

“Hay una estadística que dice que en el 2015 se registraron 236 agresiones al personal docente, y 7 de ellas fueron con armas. A eso hay que sumar lo que no es denunciado”, explicó el senador.

En esa línea, dijo que la discusión sobre la problemática “se dio en el seno de la Legislatura” donde recibieron el apoyo de casi todos los bloques salvo el del Frente para la Victoria que cuestionó que “la solución no pasa por la pena”.

“Creemos que de alguna forma hay que proteger a los docentes. Sabemos que no es la solución de fondo pero es una demostración a la comunidad educativa que estamos encima”, manifestó Allan en respuesta al plateo de la oposición.

El director general de Educación y Cultura bonaerense, Alejandro Finocchiaro, remarcó que mediante esta modificación, el objeto es que aquellos que “sienten la tentación de agredir tengan un freno inhibitorio, que sepa que le puede costar días de arresto o una multa de 6 mil pesos”.

“No es la solución a todos los males, tenemos que hacer un fuerte trabajo cultural para rejerarquizar la labor docente y su rol en la sociedad, es un cambio cultural que llevará tiempo y lo haremos formándolo”, señaló Finocchiaro al presentar el proyecto en julio en la sede educativa provincial en La Plata.