Adjudican la construcción del módulo 2 del basural
El municipio otorgó los trabajos a la firma Ciageser, con una inversión de $1.170 millones. Se trata de una obra clave para extender la vida útil del relleno sanitario en el predio de disposición final.
El municipio adjudicó a la firma Ciageser la construcción del módulo 2 del relleno sanitario en el predio de disposición final, una obra clave con una inversión que rondará los $1.170 millones, según se dio a conocer en el último boletín oficial.
Tal como informó LA CAPITAL, la apertura de sobres de la licitación se realizó el 28 de agosto pasado, con un presupuesto oficial que, en un principio, ascendía a $677 millones. Sin embargo, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación del municipio resolvió incrementarlo y quedó en casi $1.200 millones.
El 18 de septiembre, el Emsur (Ente Municipal de Servicios Urbanos), a cargo de la licitación, abrió el sobre con la propuesta económica de las dos firmas preseleccionadas.
Ciageser cotizó $1.170.705.497,03, con anticipo financiero del 30%. En tanto, la firma Pasalto Materiales S.R.L ofertó $1.449.547.094,36, también con adelanto económico. Al considerarla como la oferta “más convincente”, el gobierno local otorgó los trabajos a la primera.
Según cálculos del Emsur, al módulo 1 le quedan tan sólo unos meses de vida útil, por lo que urge realizar la intervención para que no colapse el sitio donde se disponen los residuos sólidos de la comuna. El nuevo espacio a construir tendrá 3,7 hectáreas y se prevén 150 días de obra.
En paralelo, la gestión municipal también analiza los pasos a seguir respecto a la concesión del servicio de operatoria y mantenimiento del predio de disposición final, licitación que abrió el 5 de julio pasado.
En la compulsa se presentaron cuatro empresas interesadas: Pasalto Materiales, Transervice, Transportes 9 de Julio y Polo Ambiental. Ésta última es una Unión Transitoria de Empresas (UTE).
Tras realizar una primera evaluación, el Emsur rechazó las propuestas de Pasalto Materiales y Transervice. En el primer caso, porque la empresa no acreditó los antecedentes mínimos vinculados tanto a la operación y mantenimiento de centros de disposición final de residuos, como a la recolección, barrido y servicios especiales que exige el pliego de bases.
Con respecto a la segunda firma, el ente que conduce Sebastián D’andrea indicó que “no reúne los indicadores mínimamente necesarios para cumplir con lo establecido en cuanto a la capacidad económica financiera”. De esta manera, se declararon “admisibles” las ofertas de la empresa 9 de Julio y Polo Ambiental.
La intención del Ejecutivo es avanzar en la contratación de una única firma por cuatro años, con opción de dos más de prórroga. El presupuesto mensual para sostener el servicio asciende a casi $63 millones, con una proyección de $3.000 millones para los primeros 48 meses, aunque el monto se podrá ajustar por inflación.
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