La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, a quien la Corte Suprema dejó sin funciones esta semana, sostuvo que “no” tuvo “ningún derecho de defensa” luego de que el máximo tribunal no aceptara su pedido de licencia.

“No tuve ningún derecho de defensa. Conmigo aplicaron una doble vara, y si me la aplican a mi, se la aplican a todo el mundo”, señaló Figueroa esta mañana en declaraciones a Radio 10.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cesó el miércoles pasado en sus funciones a la jueza Figueroa, quien en agosto pasado cumplió 75 años y aún no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más, tal como lo exige la Constitución Nacional.

La decisión fue adoptada por unanimidad y notificada al Consejo de la Magistratura de la Nación “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias” y a la Cámara Federal de Casación Penal, según surge de la resolución a la que accedió Télam.

Figueroa analizó que se le “adjudicó ser de (la agrupación) Justicia Legítima; de atrincherarse y de ser jueza de Cristina” para ser “descalificada” en los medios de comunicación.

“Da risa y preocupación que digan que me atrincheré. Habría que preguntarle a la Corte por qué tomó esta medida que considero arbitraria. No he visto a las asociaciones de magistrados o jueces reaccionar ante los agravios que hicieron hacia mi persona”, apuntó.

En tanto, la jueza insistió en que “hay una doble vara” ya que “hay que muchos jueces cumplieron 75 años y les dieron el acuerdo” para continuar en sus cargos y que “siempre se resolvió así, hasta que se dio mí caso”.

“Confiaba en que me iban a dar el mismo trato que a mis otros colegas. Desde la Corte sacaron una resolución que no se entiende y ordenaron el cese automático de las funciones”, observó.

Por otra parte, analizó también que si hubiera sido “un hombre” no se “hubieran animado a hacerle lo que me hicieron a mí”.

Por lo que finalizó con que la acción del Alto Tribunal “tiene una connotación tremenda de género”.

La resolución a la que alude Figueroa emitida por la Corte sostiene que “la Dra. Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió setenta y cinco (75) años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.

Los jueces añadieron que ” tras la reforma de 1994 el artículo 99 -inciso cuarto, tercer párrafo- de la Constitución Nacional prevé que “un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo (del Senado) será necesario para mantener en el cargo” a cualquier juez “una vez que cumpla la edad de 75 años”.

La norma agrega que “todos los nombramientos de magistrados” cuya edad sea 75 años o mayor “se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.