Un apostador de la ciudad de Ushuaia ganó $11 millones en la quiniela oficial de Tierra del Fuego, pero el Instituto del Juego de la provincia argumenta que “saltó la banca” y solo le reconocen un premio de $4 millones, lo que derivará en un pleito judicial entre el jugador y el organismo, confirmaron distintas fuentes oficiales consultadas por Télam.

El incidente se produjo luego de que una persona cuyos datos no trascendieron todavía públicamente apostó $25 mil al número 979 en la quiniela nocturna del lunes 10 de julio, organizada por el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) que depende del gobierno fueguino.

Al acertar las tres cifras, el apostador se hizo acreedor a un premio bruto de $12,5 millones (500 veces la apuesta) que deducidos los impuestos y retenciones se convirtieron en un premio neto de $11 millones.

Sin embargo, el IPRA decidió aplicar el artículo 43 del reglamento del juego, llamado “tope de banca”, donde se establece que si “la suma total de premios devengados” supera “el doble de la recaudación realizada en el respectivo sorteo”, entonces “se abonarán todos los aciertos a prorrata, distribuyendo tal monto en forma proporcional al acierto obtenido”.

Con ello, el ganador del lunes fue invitado a cobrar un premio de $4 millones, en lugar de los $11 millones que le correspondían, lo que motivó que contratara un abogado y que se planteara la judicialización del caso.

Además, el instituto del Juego optó por no aplicar el artículo 44 del mismo reglamento, donde se sostiene que el organismo estatal puede “suspender a su criterio” el “tope de banca” y liquidar los premios al 100%.

El secretario de juego del IPRA, Diego Perotti, explicó a medios fueguinos que “es la tercera vez en 30 años de existencia del Instituto que se aplica el tope de banca”.

“Siempre tratamos de pagar el 100% de los premios, pero en este caso resultó imposible por la gran cantidad que se acumularon el lunes. No teníamos banca para afrontar 15 millones de pesos en premios”, argumentó el funcionario.

También detalló que en este caso se habían recaudado $2 millones y se tenían que pagar $15 millones, por lo que se hizo un prorrateo tomando como tope un monto de $4 millones.

“Los saltos de banca son comunes. Lo que pasa es que el Instituto analiza en cada caso los porcentajes. Si el salto es del 150%, el organismo se hace cargo del 50% restante. Pero el lunes a la noche el salto fue del 750%”, mencionó Perotti.

El secretario reconoció que los apostadores se enteran del premio real a cobrar cuando van a la agencia y se carga el cupón ganador: “no lo saben antes”, señaló.

Por su parte, el abogado Clemente Vidal Oliver, quien asumió la representación legal del ganador de los $11 millones, adelantó que el caso “terminará en tribunales después de agotar los plazos administrativos”.

“Con mi cliente fuimos al IPRA a cobrar el premio y nos explicaron esta situación. Presentamos los cupones, hablamos con el presidente del organismo, pero no logramos conmover su posición”, sostuvo el letrado.

Según Vidal Oliver, el reglamento aplicado de esta forma violenta derechos del consumidor.

“A mi cliente nadie le explicó que había un tope ni sabía cuánto era la recaudación del juego. Me preocupa que en 2023, en plena vigencia de los derechos del consumidor a partir de la reforma del Código Civil de 2015, puedan sostenerse estas posturas”, afirmó el abogado.

También consideró que este tipo de situaciones “conspiran contra la credibilidad del IPRA y seguramente pueden tener un impacto en su recaudación.

“Cuando los apostadores se vayan enterando de que no les van a pagar los premios, es lógico que piensen en dejar de apostar. Cuando el banquero pierde tiene que pagar, si no se rompe la buena fe del juego, más aún teniendo en cuenta que se trata del propio Estado”, fundamentó el letrado.