La abogada de la familia de Lucía Pérez, la joven que según la fiscal que investiga el caso murió tras ser drogada, abusada sexualmente y empalada en una casa del barrio Alfar, aseguró estar confiada en que se podrá llegar a la verdad pero que para eso hace falta tiempo.

“Vamos a tratar de construir una verdad, confiados en la justicia y positivos, para reconstruir todo lo que podamos. Sabemos que esto lo va a definir la ciencia médica por eso es que tenemos que darle tiempo para que nos de todas las respuestas, dijo María Marta Iacoi.

Lucía Pérez murió el 8 de octubre último en el interior de la casa de Matías Farías, un vendedor de drogas que la había conocido el día anterior junto a Juan Pablo Offidani. Según la acusación, Farías y Offidani abusaron de la menor de 16 años después de suministrarle estupefacientes y le provocaron la muerte por la violencia sexual del episodio.

En tanto, Alejandro Maciel, también para la fiscal María Isabel Sánchez, ayudó a acondicionar el cuerpo y llevarlo a la sala de salud de Playa Serena para simular una muerte por sobredosis.

“Nosotros acompañamos en todo la hipótesis de la fiscal y creemos que no hay nada que cuestionar en el expediente. Solo esperamos las pericias histopatológicas y otros estudios para intentar dar con la verdad definitiva. Porque está claro que ya se acreditó lo que pasó en los momentos previos y posteriores a la muerte de Lucía”, manifestó la abogada.

“Es una causa en la que todo lo resolverá la ciencia. La fiscal tiene mucho tiempo todavía para recibir pruebas y creemos que los peritajes que faltan van a venir a contar todo lo que pasó dentro de la casa”, dijo.

Iacoi también se focalizó en el problema de fondo que deja al descubierto este hecho. “El eje central en todo este caso, mas allá de la investigación judicial, es la vulnerabilidad de los adolescentes y la relacion con las drogas. Esto esta sucediendo en todos lados, la captación de menores en el colegio, para venderles droga. Es muy delicado, cada vez más temprano entran en un estado de vulnerabilidad que termina derivando en violencia de genero”.

“El martes vamos a estar presentando nuestro aporte en la instancia recursiva de la prisión preventiva, porque aunque la defensoría oficial sostenga lo contrario, para nosotros deben seguir presos porque hay peligro de fuga y entorpecimiento probatorio”, concluyó.

Malestar por
un perito

Iacoi denunció una maniobra que consideró extraña de la defensora oficial María Laura Solari, quien días atrás presentó como perito de parte al prestigioso médico legista José Fraraccio. La abogada contó la situación que derivó en denuncias y finalmente en la renuncia de Fraraccio: “Hace un poco más de un mes convoqué al perito médico legista para tener una reunión a fin de que nos asesorara, y fuera nuestro perito de parte. Así fue como se presentó y mantuvimos una reunión, donde compartí con el piezas procesales, información confidencial , y más que nada la charla siempre estuvo claramente direccionada a nuestra hipótesis del caso”.

“El perito -dijo Iacoi a LA CAPITAL- me manifestó que se encontraba jubilado pero que oportunamente me recomendaría a alguien para dicha tarea. Y seguimos conversando sobre lo sucedido aquel 8 de octubre. Hace ya unos 15 días me enteré que aquel perito jubilado había aceptado el cargo como perito de parte de la defensa , cuestión por la cual inicié un incidente de impugnación ya que se encontraba en las causales de recusación del artículo 47 del Código Procesal Penal y además con la íntima convicción de que había faltado a la ética como profesional”.

Iagoi explicó que “asesoró al particular damnificado pero después aceptó el cargo para los imputados.
Justamente estamos tratando de construir una verdad que es muy difícil ya que Lucía no está para decirnos lo que le hicieron ese día, pero en esta parte del proceso la verdad que tratamos de construir iba a estar contaminada, es decir, el perito no iba a actuar con objetividad, neutralidad, ya que al momento de contactarse con la defensora de los imputados ya contaba con información de los particulares damnificados”.