La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera valoró las medidas anunciadas en Mar del Plata por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Prat-Gay, para darle impulso a la industria pesquera, pero advirtió que deben complementarse con otras decisiones.

La entidad, que agrupa a armadores, señaló que la creación de un fondo rotativo específico de 200 millones de pesos “dotará al sector de una herramienta financiera para la compra de combustible, insumo básico para poner en marcha a la flota”.

A la vez, la ampliación de los reintegros a las exportaciones establecida en el decreto presidencial 1207/2016 “es un importante avance hacia la recuperación de la competitividad perdida de 2008 a esta parte”, señaló la entidad.

“Sin embargo, las dos medidas enunciadas no resuelven todos los problemas del sector y así se lo hicimos saber al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, y a su par bonaerense, Leonardo Sarquís, durante la reunión que mantuvimos en la sede local del Senasa”, recordaron los empresarios.

“Creemos que el Estado debe contemplar otros aspectos que complican a la actividad, tales como la inseguridad jurídica que se padece con las actuales leyes de contrataciones laborales y aseguradoras de riesgos de trabajo y la despiadada industria del juicio, que desalienta cualquier proyecto de inversión”, especificaron.

Los armadores consideraron importante “conocer el verdadero estado de los recursos pesqueros mediante campañas de investigación”. Sostuvieron que “es fundamental contar con un diagnóstico científico para no caer en la trampa de analizar sólo desembarques y aplicar criterios excesivamente precautorios, como ocurrió en los últimos años”.

Entienden que “resultará clave ordenar las pesquerías para que el armador sepa qué, cuándo y cómo podrá pescar, siempre bajo los parámetros que permitan una explotación sustentable de los recursos y aplicando criterios ecosistémicos”.

A modo de ejemplo, los empresarios del sector explicaron a los ministros que la falta de normas claras para la flota pesquera “genera una menor disponibilidad de materia prima en tierra y, por ende, un inmediato freno a toda la cadena productiva que con buenas intenciones se pretende reactivar”.

La entidad se mostró confiada en que “estos planteos serán analizados por las autoridades y transformados en acciones para que esta industria pueda desarrollar todo su potencial y contribuir a generar nuevos puestos trabajo”.

En el mismo tono, el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) había calificado a las medidas como “un paso adelante” y aseguró que “ayudarán a superar parcialmente” los inconvenientes del sector.