(DyN) – Un año no parecen solo doce meses si de Justicia argentina se habla: mientras Cristina Fernández y sus funcionarios lidian con sus males en tribunales, el presidente Mauricio Macri sufre sus propios pesares, con una causa abierta por las empresas off shore de su padre, una vicepresidenta imputada y una aliada clave que fogonea con denuncias contra sus funcionarios y amigos.

La diputada Elisa Carrió, gestora de Cambiemos, marcó el ritmo de tribunales en los últimos meses: acusa al presidente de Boca, Daniel Angelici, de trabajar de operador político del Gobierno, denuncia a hombres del Gobierno y dispara munición gruesa contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mientras le prepara un pedido de juicio político.

Carrió también fue uno de los principales frenos a que saliera la ley que el Gobierno pretendía hacer en la Procuración General de la Nación, donde Alejandra Gils Carbo sobrevive pese a que su renuncia había sido uno de los ejes de campaña macrista.

La Justicia saludó a “Macri presidente” con una resolución de la Corte Suprema que durmió los tiempos del kirchnerismo y ordenó devolver a las provincias postergados fondos de coparticipación. Quiso amagar una señal de mando cuando designó a dos jueces en la Corte por comisión -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz-, en una jugada severamente criticada que tuvo que deshacer, y esperó varios meses a que el Senado los nombrara.

El máximo tribunal abofeteó las intenciones de Macri con el tarifazo, con un argumento que la propia Carrió planteaba: el error de no haber convocado a audiencias públicas.

Durante el año, en los tribunales de Comodoro Py 2002, Cristina Fernández revivió sus apariciones públicas con un inminente juicio oral por la causa de dólar futuro y citaciones por causas de corrupción, mientras varios de sus funcionarios y allegados -Ricardo Jaime, José López y Lázaro Báez- están presos por los negocios realizados al compás de la función pública y se debate la reapertura de la denuncia que hizo en contra antes de morir el fiscal Alberto Nisman. El ex gobernador Daniel Scioli y sus hombres también enfrentan problemas judiciales.

“La Justicia tiene que actuar de manera independiente. No nos metemos”, dijo Macri en los últimos días, mientras la detención en Jujuy de la dirigente Milagro Sala roza el conflicto internacional, divididos por las pruebas contra “La Flaca” y las sospechas de persecución política.

Si las denuncias por la era k inundan los tribunales federales, hay varios charcos que complican al macrismo: a la vicepresidenta Gabriela Michetti la investigan por el dinero que le robaron de su casa, el mismo día que ganó el ballottage en 2015, y que dejó bajo la lupa a las fundaciones PRO.

Panamá Papers conlleva la imputación directa sobre el presidente Macri, quien ha dicho en distintas entrevistas que no conocía las sociedades off shore que su padre abrió vía el Caribe; su nombre también esté en la denuncia k por haber modificado por decreto la ley de sinceramiento fiscal a favor del blanqueo de familiares de funcionarios.

Otro desgaste fue el apartamiento y la reposición del jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, con una denuncia anónima que llevó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por presuntos vínculos con el contrabando.
Macri ha dicho que no quiere interferir en la Justicia, pero su principal ladera política acusa a su amigo Angelici, de estar operando en los tribunales a su nombre. Y pone como ejemplo la renuncia de Norberto Oyarbide, un juez que lo procesó por escuchas ilegales y cuya cabeza el hoy presidente habría reclamado. Lo cierto es que insólitamente Macri decidió aceptarle la renuncia pese a los expedientes abiertos en su contra en el Consejo de la Magistratura, diciendo que lo hacía en procura de una justicia independiente.