La Cámara de Apelación y Garantías resolvió mantener la prohibición que tienen tres funcionarios municipales de acercarse a menos de 200 metros a los concejales de la UCR Marina Sánchez Herrero, Daniel Núñez y Marianela Romero.

Los alcanzados por la medida son el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel, y los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes. El 28 de abril pasado, el Juzgado de Garantías había dado lugar al pedido de restricción de acercamiento a menos de 200 metros debido a amenazas a los ediles por parte de los funcionarios, además de la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto (telefónico, redes sociales, mail, etcétera).

Sin embargo, el 17 de mayo, tras una presentación de los denunciados, se dio marcha atrás parcialmente: se levantó la restricción, pero se mantuvo la prohibición de cualquier tipo de contacto entre las partes.

Los ediles apelaron el levantamiento de la cautelar y, esta mañana, la Cámara de Apelación y Garantías ordenó mantener la restricción de acercamiento. “Los tres denunciados Lucas Amodey, Daniel Teruel y Santiago Reyes desempeñan sus tareas laborales en la Secretaría de Desarrollo Social, que físicamente se encuentra emplazada en la calle Teodoro Bronzini n° 1147 de esta ciudad. Desde esta perspectiva, carece de sustento el argumento empleado para el levantamiento de la restricción de acercamiento, dado que el mismo estriba, exclusivamente, en el impedimento de los referidos denunciados para desarrollar sus tareas en el Palacio Municipal; espacio este último donde efectivamente laboran los concejales”, señala la resolución a la que accedió LA CAPITAL.

Y agrega: “Ante la eventualidad que los denunciados tengan que imperiosamente asistir personalmente al Palacio Municipal deberán requerir previa autorización, o suplir dicha modalidad mediante medios telemáticos de comunicación con las personas o dependencias en cuestión. Siendo así, debe revocarse el levantamiento de la medida de restricción dictada el día 17 de mayo del corriente año, volviendo a regir la misma en los términos dispuestos el día 28 de abril próximo pasado”. 

Los jueces también plantean que “más allá del acotado conocimiento” del Tribunal “debe el Ministerio Público Fiscal interviniente definir los objetos procesales que considere pertinentes investigar en autos”. 

Por su parte, el abogado defensor de los funcionarios municipales adelantó que recurrirán a Casación para volver a dejar sin efecto la cautelar.