El gobierno confirmó para el próximo 21 de junio la licitación para la operatoria del predio de disposición final de residuos, luego del aval que recibió de la Justicia en abril.

Según el pliego de bases que diseñó el Ejecutivo Municipal, la intención es avanzar en la contratación de una única firma por cuatro años, con opción de dos más de prórroga. El presupuesto mensual para sostener el servicio asciende a casi $63 millones, con una proyección de $3.000 millones para los primeros 48 meses, aunque el monto se podrá ajustar por inflación. Además, la concesión se podrá prorrogar por otros dos años.

 La licitación se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, habrá una preselección de propuestas mediante puntaje y “en orden decreciente” en virtud de los “antecedentes, capacidad jurídica, económica y técnica requeridas” requeridas para afrontar la inversión y la ejecución del servicio. En el segundo tramo sólo se tendrá en cuenta la propuesta económica. 

El Concejo aprobó el pliego el 13 de octubre del año pasado, en votación dividida: fue apoyado por el interbloque de Juntos por el Cambio y Nicolás Lauría (Creciendo Juntos), lo que permitió alcanzar los 12 sufragios necesarios para que desempate Marina Sánchez Herrero (UCR), la presidenta del Legislativo. En tanto, el Frente de Todos, Acción Marplatense y Alejandro Carrancio se pronunciaron en contra.

 El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) había pautado la apertura de sobres de la licitación para el 27 de diciembre. Sin embargo, el proceso se suspendió: el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo de Marcelo Fernández, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por Estrans SA y suspendió un artículo del pliego de bases y condiciones para licitar la operatoria del relleno sanitario.

La firma calificó en la presentación de “tendencioso” al pliego licitatorio y remarcó que el procedimiento resultaba “írrito” al contener “cláusulas que procuran su contratación direccionada en favor de un tercero”.

El artículo suspendido por el juez (el 16.3) señalaba que para la acreditación de la capacidad técnica de las empresas se aceptaba experiencia tanto en operación y mantenimiento de centros de disposición final de residuos como en recolección, barrido y servicios especiales. O en construcciones de centros operativos de disposición final o tratamiento de plantas de líquidos lixiviados.

La medida fue apelada por el municipio y, en abril, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revocó la cautelar. “A diferencia de lo que plantean los representantes de Estrans, no se encuentran, por el momento, suficientemente probados que las mentadas cláusulas hubieran sido incorporadas con la exclusiva de finalidad de perjudicar a la firma actora y/o de direccionar el contrato en favor de un puntual oferente”, señaló la resolución de los jueces.

Con el aval de la Justicia y fecha confirmada para la apertura de sobres, el gobierno buscará avanzar con una de las principales licitaciones de la gestión de Guillermo Montenegro. En la actualidad, tres firmas operan el predio de disposición final: Ashira SA, Esur SA y Ciageser SA, todas contratadas tras la salida de Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) a mediados de 2021.