Parlamentarios del Mercosur (Parlasur) manifestaron su expectativa favorable acerca de que el “cese del mandato del parlamentario y exasesor judicial macrista Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón sea aprobado definitivamente” en su reunión ordinaria, luego de que el tema fuera acordado en marzo pasado.

La cuestión fue enviada a la mesa directiva del organismo tal como lo solicitó el entonces presidente, el senador uruguayo Gustavo Penadés (Partido Nacional).

En esta oportunidad, tras el cumplimiento de ese paso, la expulsión de Rodríguez Simón volverá a ser tratada bajo la presidencia temporaria de la argentina Cecilia Britto (FdT), quien ocupará ese cargo hasta junio, en virtud de que Penadés solicitó licencia mientras se lo investiga por una denuncia de abuso sexual.

Britto sostuvo que “mantenemos la voluntad de impulsar y sostener el cese del mandato de Pepín Simón, y será el primer punto en la orden del día” del lunes.

“Lo hacemos con la expectativa de que haya una consideración de lo grave que es esta situación, que termina siendo un escollo dentro de nuestro parlamento”, definió.

Britto contó que, no obstante, el exasesor macrista “insiste en pertenecer al bloque. El mes pasado, incluso, hizo un pedido de credenciales. Es como si siguiera apegándose a su condición de parlamentario pese a que tendría otras alternativas como pedir una licencia. De hecho, hasta podría continuar en el bloque si estuviera procesado porque hasta que la justicia no se expida, goza de sus derechos, pero esta condición de prófugo es totalmente diferente”.

La parlamentaria sintetizó con que “es una contradicción que por un lado Rodríguez Simón pida credenciales para representar a la Argentina y, por otro, no asista cuando lo convoca la justicia. Una justicia que, por otra parte, hoy le da todas las garantías, y no como la que existía en el país durante su gobierno”.

Britto añadió que “el próximo paso será el de pedir a la justicia uruguaya que se expida sobre la cuestión de fondo respecto de la condición de refugiado, porque si bien hasta el momento se pronunciaron en forma negativa, aún queda pendiente una resolución final por parte de la Corte”.

“Así que instaremos además a la justicia uruguaya a que contribuya con la institucionalidad de un parlamento en la que nos tiene como socios a los países del Mercosur”, adelantó.

Contó que a la reunión del lunes “asistirá una delegación de Venezuela a la que he invitado en mi carácter de presidenta, con el fin de que formalmente iniciemos el camino del diálogo hacia lo que debe ser nuevamente la representación de ese país en el bloque”.

El parlamentario Gastón Harispe (FdT) también deseó “poder tratar y aprobar la suspensión de Rodríguez Simón, porque si bien en la comisión de marzo pasado se aprobó el despacho de mayoría, el pedido de Penadés de que el tema sea enviado a la mesa directiva complicó un poco”.

“Ya en esa oportunidad había cierto consenso, así que ahora volveremos a tratar el tema para darle una resolución definitiva”, añadió.

Además consideró hasta “una provocación la actitud del prófugo que pide credenciales y prende la pantalla para participar virtualmente de las reuniones cuando no se presenta a la justicia”.

Harispe sumó que se encuentra en “negociaciones con los diferentes bloques para que se entienda la gravedad de esta situación”.

Del mismo modo se pronunció el parlamentario Julio René Sotelo (FdT), quien dijo que “pusimos como primer punto del orden del día el tratamiento del cese del mandato de Rodríguez Simón, porque no es correcto que alguien que está prófugo de la justicia argentina represente a nuestro país”.

Sotelo añadió que “nos interesa la adhesión de los parlamentarios en general, pero en particular de los argentinos, porque es a quienes más nos afecta, independientemente del color político”.

El parlamentario recordó que ya en la 85ta. sesión ordinaria del Parlasur, que se llevó a el 27 de marzo pasado y se transmitió en vivo por el canal de YouTube del organismo, integrantes de la delegación argentina solicitaron la expulsión inmediata del operador judicial macrista.

El pedido se produjo en sintonía con la decisión de la Corte Suprema de Uruguay que rechazó un recurso de casación para ser reconocido como refugiado en ese país a fin de eludir el correspondiente proceso de extradición.

En julio del año pasado el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno había ratificado la decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, en el sentido contrario a la condición de refugiado.

Pero tras la negativa el abogado defensor de Rodríguez Simón, Jorge Díaz, presentó un recurso de Casación que fue rechazado por la Corte. El segundo pedido de condición de refugiado fue presentado en diciembre del 2022 y denegado, pero resta que la justicia niegue la condición de refugiado en forma definitiva y ordene su deportación.

“Continúan las argucias legales de parte de Rodríguez Simón y esperamos que la justicia se pronuncie en forma definitiva pero independientemente de eso, consideramos que, como dije antes, no puede ser representante de la Argentina”, insistió Sotelo. Y recordó que “mientras se trata su pedido de refugio y él puede transitar libremente por Uruguay, en el resto del mundo está dentro del sistema de alertas rojas de Interpol”.

Además recordó que “si bien hubo discusiones dentro del Parlasur ya que Penadés decía que no se había llevado el tema a la mesa directiva, ahora ya se dieron esos pasos”.

“Rodríguez Simón tuvo derecho a su defensa, lo que hizo vía Zoom, y después de eso la comisión resolvió por siete votos a favor y dos en contra al solicitar al cuerpo la desafectación de su cargo, pasó luego por la mesa directiva y volvió a la comisión. Es decir está todo listo para que se resuelva en consecuencia”, finalizó.

En mayo de 2021 la jueza federal argentina María Servini pidió la captura del operador macrista luego de llamarlo a indagatoria por supuesto hostigamiento al Grupo Indalo.

Una semana después, Rodríguez Simón se puso a disposición de la justicia uruguaya y solicitó refugio ante la Comisión de Refugiados (CORE), lo que hasta ahora le fue denegado en dos oportunidades por la justicia de ese país y queda pendiente una última declaración de la Corte uruguaya al respecto.