Por Silvina Angiono

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará esta semana el análisis de las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados por los desmanejos en ese organismo, en el marco del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se inició en febrero pasado en la Cámara baja.

A la reunión convocada para el martes próximo a partir de las 13 por la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, fueron citados Marta Herrera Alem, (exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN); María Guadalupe Burgos (funcionaria de la OSPJN); el contador Público Iván Nicolás Ritvo; Néstor Fasciolo (funcionario de la Asesoría Jurídica de la Ospjn) y María Marcela Viano Carlomagno (afiliada a la Ospjn).

En la última reunión de la comisión había expuesto el exdirector Aldo Tonon, quien fue desplazado meses atrás al frente del organismo, y en su declaración evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, al señalar que se “amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse”, debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.

La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social pero el exfuncionario recién asistió, tras ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.

Al inicio de su exposición, y ante una consulta del diputado Rodolfo Tailhade sobre los motivos de su alejamiento de sus funciones, Tonón dijo que “la decisión de mi renuncia al directorio de la Ospjn obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo 50 años en la profesión y 35 años en la gestión y me sentía agotado”.

Cuando se le requirió un análisis de su gestión, Tonón dijo que “me amparo en el articulo 18 de la Constitución Nacional porque me puedo autoincriminar”.

En tanto y respecto al proceso que se le sigue en la cámara baja a los integrantes del máximo tribunal, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que a medida que avanza en la Cámara baja el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema en la oposición “ya no dicen que es un circo” la investigación, y consideró que “no lo dicen más porque se dan cuenta que, a medida que avanzamos, esto va creciendo”.

Además la comisión de Juicio Político deberá resolver la ampliación del juicio político impulsado por diputados del Frente de Todos por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas “con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local”.

De acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento de la comisión se deberán evaluar las pruebas para determinar si se declara admisible ese pedido de juicio político a los miembros del tribunal.

La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán.

A través del proyecto, los legisladores consideraron que “lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema”.

Además, destacaron que “con fecha 9 de mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una sentencia resuelta en forma manifiestamente arbitraria por los Sres. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, resolvió cautelarmente dos causas con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local”.

Tras la investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión de Juicio Político iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016, a lo que se sumará ahora el fallo por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán.

En tanto, y entre las causales de mal desempeño ya abordadas por la comisión, se encuentra el fallo que retrotrae el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el que determinó la aplicación del cómputo de “2×1” a un represor de la última dictadura militar.

Télam.