– 22 de septiembre de 1983: el gobierno militar dicta la Ley de Pacificación Nacional (Autoamnistía) que declara extinguidas las acciones penales por hechos terroristas ocurridos desde 1973 hasta 1982 e impide juzgar delitos cometidos por las Fuerzas Armadas durante la represión. El candidato presidencial Ítalo Luder (PJ) acepta la normativa y Raúl Alfonsín (UCR) la rechaza.

– 13 de diciembre de 1983: el presidente Raúl Alfonsín ordena enjuiciar a los excomandantes. La legislación solo permite la intervención de un tribunal castrense y el proceso recae en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El mismo día Alfonsín ordena perseguir penalmente a exjefes Montoneros y del ERP.

– 15 de diciembre de 1983: Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

– 22 de diciembre de 1983: El Congreso Nacional emite su primera ley en democracia. Por unanimidad deroga la “Autoamnistía”.

– 28 de diciembre de 1983: El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas comienza la investigación contra los militares imputados.

– 15 de febrero de 1984: el Congreso modifica el Código de Justicia Militar y habilita a la Justicia Federal a actuar en caso de ineficiencia de los tribunales castrenses.

– 25 de septiembre de 1984: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en una escueta resolución, indica que el accionar de los jefes militares es “inobjetable”.

– 4 de octubre de 1984: la Cámara Federal desplaza al tribunal militar y se hace cargo de la causa.

– 22 de abril de 1985: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de Capital Federal inicia el Juicio a las Juntas contra nueve excomandantes que encabezaron el “Proceso de Reorganización Nacional” entre 1976 y la guerra de Malvinas. Los casos juzgados surgen del informe de la Conadep e incluyen delitos cometidos en Mar del Plata. Ese día Alfonsín denuncia por cadena nacional un plan para cometer un golpe de Estado.

– 18 de septiembre de 1985: El fiscal Julio Strassera culmina su alegato con el título del informe de la Conadep: “Nunca más”.

– 9 de diciembre de 1985: Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera son condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola, a 17 años de prisión; Armando Lambruschini, a 8 años; y Orlando Agosti, a 4 años y 6 meses; todos con destitución. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya son absueltos.

– 24 de diciembre de 1986: Alfonsín promulga la Ley de Punto Final que frena decenas de causas.

– 30 de mayo de 1987: presionado por el levantamiento “carapintada” iniciado el 13 de abril (Semana Santa), Alfonsín envía al Congreso el proyecto de Ley de Obediencia Debida, que exime de responsabilidad a los militares con grado inferior a coronel. Ambas normas desarticulan la posibilidad de juzgar a represores.

– 7 de octubre de 1989: el presidente Carlos Menem indulta a 220 militares y 70 civiles. La medida alcanza a militares no beneficiados por las leyes de Alfonsín, a los condenados por la guerra de Malvinas, a acusados de terrorismo y a los “carapintadas” que actuaron en Semana Santa y Villa Martelli (1988).

– 29 de diciembre de 1990: Menem indulta a los excomandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 y al líder montonero Mario Firmenich, entre otros.

– 21 de abril de 1998: la Cámara Federal de La Plata, en respuesta a un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, habilita el primer Juicio por la Verdad, un proceso sin posibilidad de condena que apunta a establecer el destino de personas desaparecidas y la identificación de sus responsables. En Mar del Plata comienza en 2001 y las pruebas reunidas serán fundamentales para los procesos que se abrirán con posterioridad.

– 21 de agosto de 2003: durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Senado anula las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

– 14 de junio de 2005: la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En 2006 se abren cientos de procesos contra represores.

– 31 de agosto de 2010: la Corte Suprema determina que los indultos de Menem no son constitucionales y que las condenas anuladas deben ser cumplidas. Los excomandantes, a su vez, afrontan nuevos juicios y condenas.

Un informe difundido en diciembre de 2022 por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad indica que desde la reiniciación de los juicios fueron condenadas 1.117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país. Aún hay juicios en pleno desarrollo.