Por Ramiro Melucci

Si el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel, y los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes, fueran convocados a una reunión con el intendente en el Palacio Municipal, no podrían asistir: una resolución judicial les prohíbe estar a menos de 200 metros de tres concejales radicales, que tienen sus oficinas en el tercer piso de ese edificio.

A ese nivel de incongruencia llega lo que está ocurriendo en la política local. Que impacta sobre todo en la coalición oficialista. Ni las ultimas muestras de armonía política han logrado disimular las tensiones.

Tras las pintadas que aparecieron en la casa de la familia del presidente del Comité local de la UCR, Daniel Núñez, y en los pasillos del Concejo Deliberante, las expresiones de rechazo estuvieron a la orden del día. Desde el PRO y la Coalición Cívica hasta el Frente de Todos se manifestaron en contra del amedrentamiento.

Pasada la ola de repudios, algunos radicales hicieron notar un detalle: ninguno de ellos salió del entorno del jefe comunal. Lo esperaban. No pretendían una expresión pública, que hubiera significado la necesidad inmediata de tomar alguna decisión sobre los funcionarios implicados. “Con levantar el teléfono bastaba”, deslizaron. La oposición no tardó en descubrir que los hechos no eran juzgados de la misma forma por todos los integrantes del elenco gobernante y puso el dedo en la llaga: la presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, se preguntó cuándo el intendente iba a “pedirle la renuncia a estos violentos”.

En el entorno de Guillermo Montenegro aseguran que la suerte de los implicados está echada. “Con esta orden judicial no hay motivos para sostenerlos”, dicen. Es la definición está esperando su principal socio desde hace tiempo.

Desde, precisamente, las horas posteriores a la interna radical del 13 de noviembre del año pasado, que consagró presidente al concejal Núñez y colocó al frente de la Juventud a Aldana Echeverría, hija del dirigente sindical Cristian Echeverría, a quien el edil apuntó como autor intelectual de las pintadas en su contra.

En el entorno de Guillermo Montenegro aseguran que la suerte de los implicados está echada. “Con esta orden judicial no hay motivos para sostenerlos”, dicen. 

El germen del conflicto que ahora salpica a todo Juntos por el Cambio es esa interna. La jornada electoral presentó escenas violentas. Los días previos, con afiliaciones de último momento provenientes del sector referenciado en el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, ya habían sido tensos. Y los posteriores, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo (que responde a Maximiliano Abad) y la oposición partidaria, también anticiparon que la convivencia no sería pacífica. Y afectivamente no lo fue. Núñez dijo que las amenazas que recibió en la marcha del 24 de marzo marcaron un punto de inflexión y tornaron impostergable la denuncia.

Tras las pintadas y los repudios, uno de los principales testigos que figura en la presentación judicial solicitó que a él también lo abarque la prohibición de acercamiento que pesa sobre los funcionarios. Mientras, ciertos hechos menores no ayudaron a aplacar las turbulencias políticas. Como una convocatoria de la consejera escolar Mónica Lence, del PRO, a un encuentro de mujeres de la coalición. Una de las invitaciones se la cursó a Aldana Echeverría. Apenas lo supo, la presidenta del bloque radical del Concejo, Marianela Romero, avisó que no la esperaran.

Por estas horas, los principales socios en Juntos por el Cambio procuran aplacar todos los ruidos molestos. Los paneos de la cámara en el acto de Patricia Bullrich junto a Montenegro mostraron entre el público caras radicales. La premisa que impera es que los trapos sucios se limpien puertas adentro. Para que las manchas que puedan quedar no lleguen a deslucir el modelo de gobierno conjunto. “Sería mejor si en Juntos hubiera una mesa política para discutir estos asuntos”, opinó un radical.

El secretario de Economía, Germán Blanco, expuso el miércoles sobre la rendiciones de cuentas en el Concejo.

En el Concejo, los bloques se concentraron en el debate de las rendiciones de cuentas, que como todo en esta época combina datos técnicos con eslóganes. El secretario de Hacienda, Germán Blanco, desplegó sin embargo una exposición eminentemente técnica. Precedida por las banderas de “austeridad, cuentas ordenadas y transparencia” que había enarbolado Montenegro, y que más tarde retomó Agustín Neme en las redes sociales. El Frente de Todos procuró refutar, desde diversos ángulos, cada uno de esos lemas. También alternó explicaciones técnicas con construcciones semánticas con formato electoral, como la que aludió a la “insensibilidad social del gobierno municipal”.

Fue antes de que Montenegro volviera a pagar el costo político del aumento del boleto. Definió una suba del 38,8%. Repitió la fórmula que usó durante todo su mandato: la elección de una cifra menor a la del pedido de los empresarios y a la del costo técnico del propio municipio. Y luego volvió a recordar el reparto inequitativo de subsidios entre el interior y el AMBA. El kirchnerismo lo cruzó con dureza, pero el contexto no lo ayuda: es infinita la lista de aumentos que mes a mes deben soportar las familias. El del boleto es uno más.

Mientras sus concejales dan la batalla en el frente interno, Fernanda Raverta es la cara de los anuncios positivos. El último fue el vuelo de Aerolíneas Argentinas entre Mar del Plata y Bariloche a partir del 8 de julio. Apareció junto al titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y el director de Desarrollo Turístico, Ariel Ciano, en la foto que comunicó la novedad. El titular del Emtur, Bernardo Martín, buscó minimizarla al sostener que significaba “más turismo emisivo que receptivo”, y que hubiera convenido que continuaran los vuelos desde Tucumán y Rosario. En Bariloche se celebró más y se anunció que los vuelos serán hasta el 30 de agosto. Aun así, no deja de ser una buena noticia para los marplatenses. Acaso, vaya paradoja, para los más proclives a votar a Montenegro.

En el Concejo, los bloques se concentraron en el debate de las rendiciones de cuentas, que como todo en esta época combina datos técnicos con eslóganes.

En el plano electoral, acaba de develarse una de las incógnitas locales: el economista Rolando Demaio será el candidato a intendente de Javier Milei. El intendente se subió al escenario con Patricia Bullrich, pero no abandona el juego del misterio. Hasta la propia Bullrich se prendió: dijo que si el intendente no decide ir por la reelección lo convocaría para un ministerio. Ayer fue el turno del concejal Fernando Muro: salió a cruzar directamente a Raverta. El operativo despiste, en su máximo esplendor.

Aunque el verano ya quedó lejos, Mar del Plata sigue siendo vidriera de la política argentina en el año electoral. La exposición que tienen aquí los dirigentes es mayor a la de cualquier otra localidad de la provincia. Y sus errores quedan al descubierto. Le pasó al presidente Alberto Fernández cuando habló en el Unzué como si todavía funcionara como asilo para niñas. También a Horacio Rodríguez Larreta cuando pidió la municipalización de los hospitales provinciales, como si allí no se atendieran pacientes de toda la zona.

Su contrincante interna inició el jueves su discurso en la Peatonal con una frase desconcertante: “Da orgullo venir a una ciudad gobernada por Juntos por el Cambio y que la gente lo pare y le diga ‘por fin tenemos intendente'”. Como si su espacio político gobernara la ciudad desde hace dos días y no, a pesar de las diferencias y de los vericuetos de la historia, desde hace siete años y medio.