La fiscal que interviene en el segundo juicio al exsargento policial Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el abuso sexual y el asesinato de la adolescente Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en Miramar, pidió que sea condenado a prisión perpetua, y el pedido de pena fue acompañado por la familia de la víctima.

En su alegato de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata, Ana Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, consideró acreditado que Panadero fue coautor del secuestro, abuso y homicidio doblemente agravado de la adolescente, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse impunidad.

El pedido de pena y la calificación penal del hecho fue compartido a su turno por los abogados Federico Paruolo y Yamil Castro Bianchi, representantes de los padres de la víctima, Gustavo Melmann y Laura Calampuca.

La fiscal pidió a los miembros del tribunal que, aunque el femicidio no existía como agravante al momento del hecho, la prueba presentada en el juicio y durante la investigación “sea valorada a través del prisma de la perspectiva de género”.

Entre los elementos incorporados, Caro destacó el examen de ADN de un vello pubiano hallado en el cuerpo de la víctima, que arrojó una compatibilidad del 97,05 con el perfil genético de Panadero.

Subrayó en ese sentido el testimonio brindado en el juicio por un perito oficial de parte de la acusación, quien sostuvo que existían “33 veces más probabilidades” de que la muestra analizada perteneciera al imputado que a otra persona de la población en general.

A su vez, la fiscal destacó la declaración brindada en la primera audiencia del juicio por un testigo de identidad reservada de la causa, quien aseguró que en la madrugada de la desaparición de Natalia había visto cómo era subida a la fuerza a un patrullero por cuatro policías, entre los que ubicó a Panadero.

En su alegato ante los jueces Néstor Conti, Mariana Irianni y Juan Galarreta, Caro pidió además que se impida al imputado salir del país hasta que se dicte la sentencia.

Los abogados de la familia de Natalia, sostuvieron por su parte que “no hay ninguna duda de que Pandero participó en el crimen” y pidieron “no seguir dilatando que Natalia y su familia tengan justicia”.

“Lo dijo Gustavo Melmann en este juicio: esto fue un femicidio en manos del Estado. Se valieron de todos los elementos hasta para mantener encubierta esta situación. Esas personas gozaban de una impunidad, porque tuvieron la capacidad de alterar pruebas, de presionar a testigos y hacer que todo esto se estire”, sostuvo Paruolo.

El acusado seguía el inicio de la audiencia presencialmente en el primer piso de los tribunales marplatenses.

Por su parte, el abogado que defiende a Panadero, Lautaro Resúa, como sostiene desde el juicio anterior, pidió a los jueces la absolución del expolicía por considerar que no se demostró su participación en los hechos.

Panadero es el cuarto policía acusado por el crimen que conmocionó a Miramar y al país en la temporada de verano de 2001, y llegó a juicio imputado por “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa”.

Si bien había sido juzgado por primera vez en julio de 2018 y absuelto por unanimidad, la fiscalía y la familia de la menor apelaron ese fallo, y en noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense lo anuló y ordenó la realización de un nuevo proceso.

El exsargento no formó parte del juicio en el que los otros tres -Oscar Echenique (63), Ricardo Anselmini (55) y Ricardo Suárez (60)- fueron condenados a prisión perpetua, en septiembre de 2002, porque fue sobreseído antes.

Este nuevo juicio se puso en marche el último martes, con los testimonios del padre de la menor y de su madre, quien reclamó que “la justicia está demorando 22 años”.

El crimen de Melmann ocurrió el 4 de febrero de 2001 y provocó la reacción de la comunidad local, que realizó junto a la familia múltiples marchas para pedir por el esclarecimiento del caso.

Según se estableció en el juicio en 2002, la víctima fue obligada a subir a una camioneta policial y llevada a una casa en el extremo sur de Miramar, donde “fue accedida carnalmente”, y luego, “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual”, fue estrangulada con un cordón de sus zapatillas.

Los tres policías condenados a perpetua trasladaron luego el cuerpo al vivero Florentino Ameghino, donde fue hallado semienterrado cuatro días más tarde.