Recayó en el Juzgado Federal de Mar del Plata, a cargo del doctor Santiago Inchausti, la denuncia presentada por el diputado provincial Maximiliano Abad, sobre “severas negligencias” que se habrían registrado en la Aduana de Mar del Plata entre 2012 y 2014, según surge de dos informes realizados por la Auditoría General de la Nación.

La denuncia, se consignó, es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público pero podría derivar en asociación ilícita, contrabando, enriquecimiento ilícito y hasta posible vinculación con el narcotráfico”.

Según los informes, hubo incumplimientos reiterados de las normativas aduaneras en las exportaciones de la actividad pesquera que “pueden parecen meras negligencias, pero que podrían ser en realidad un sistema orquestado para la posible comisión de delitos”, indicó el legislador. Esas negligencias reiteradas, lo llevaron a sospechar de “la existencia de un posible mecanismo para no ejercer control sobre las operaciones de exportación, lo que aislado podría ser un simple incumplimiento, en su conjunto pareciera ser una zona liberada”, sostuvo.

En su denuncia, realizada en un programa de TN y luego replicada en numerosos medios, Abad describió “situaciones escandalosas” relacionadas con el control de mercaderías. La exportación de pescado congelado requiere cursarse por el denominado “canal rojo” (como en los aeropuertos) es decir, el control del verificador, el control intrusivo, que incluye desde scanners y densímetros hasta perros adiestrados, y el control con toda la tecnología disponible. Sin embargo, en el puerto de Mar del Plata un porcentaje de esa mercadería cambió de canal, y no existe la información de por qué.

Además, no cuenta con los mecanismos de control ya que, por ejemplo, no hubo un camión scanner destinado durante meses.
“Por lo tanto el control se restringe a la participación del verificador, de una persona”, señaló.

Otra de las irregularidades encontradas fue en el circuito cerrado de televisión, donde las autoridades de la Aduana no tenían el control de las imágenes y para poder verlas debían pedírselas a la empresa que proveía el servicio. “La aduana no contaba con monitores para observar de manera directa las imágenes de lo que pasaba allí mismo, y dependía de una empresa tercerizada para acceder a esa información”, cuestionó Abad.

Falta de controles

Algo similar ocurría con la información de los procesos de control que no tenían ningún resguardo. “El camión escáner utilizado en el puerto de Mar del Plata empleaba la memoria interna del equipo instalado en dicha unidad para almacenar las imágenes” ejemplificó el diputado marplatense y criticó que “no había política de back up o de duplicación de información para su resguardo”.

Entre los elementos que “llevan a la sospecha de que estas cosas no son negligencias aisladas, sino que parecen un sistema armado para la comisión de delitos”, Maximiliano Abad enumeró: las balanzas tenían certificados de habilitación vencidos, por lo que no se sabía si el peso declarado de la mercadería a granel era el correcto; el depósito aduanero no estaba habilitado, cuando debería cumplir con todas las medidas de seguridad y control; y no había precios de referencia que permitiesen determinar lo que realmente debe tributarse al Estado. “Salvo en dos productos, no había precios oficiales” demandó el legislador y dedujo que “si se fijaba el monto de acuerdo a lo que le empleado establecía y no había control riguroso en el peso de la mercadería, el Estado estaba completamente desprotegido frente a una posible defraudación”.

“No parece que fueran descuidos aislados sino que parece un sistema que incluye, además, cierta protección legal para quienes participaban de él porque todo el proceso de sumarios está mal hecho lo cual termina en la prescripción o en la nulidad procesal”, indicó Abad.

Al fundamentar su denuncia, el diputado radical sostuvo: “Podríamos estar ante una posible asociación ilícita que no se agotaría en la aduana de Mar del Plata sino que requiere de, al menos, la connivencia de autoridades de otros organismos como por ejemplo la AFIP porque esto evitó la incorporación a las arcas del Estado de una suma superior a los 38 millones de pesos, y eso es solamente lo que tenemos constatado en el informe de la AGN, que no tuvo acceso a lo que pasó antes de 2011, o sea que podemos suponer que hay mucho más que aún no sabemos”.

Finalmente, consideró que “la justicia tiene que ir a fondo con esto. Solicitar el acceso a la información que aún no han presentado e investigar toda la cadena de deficiencias, y que llegue la responsabilidad hasta donde tenga que llegar”.

“Todo esto parece estar pensado para que no pueda pasar nada: no hay imágenes, no hay sumarios, no hay actos administrativos, no hay controles. Al menos es suficiente para fundar esta denuncia, y que investigue la justicia, como corresponde”, concluyó el diputado Maximiliano Abad.