Suena insólito pero es real. Tres funcionarios municipales tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros a tres concejales que pertenecen al mismo oficialismo. La decisión de la jueza de Garantías, Lucrecia Bustos, pone fin a una serie de hechos que han generado malestar en distintos estamentos políticos a la luz de la irrupción de la violencia política inédita en estos tiempos democráticos con apretadas y amenazas a ediles oficialistas, opositores e incluso a funcionarios del mismo gabinete del intendente Guillermo Montenegro. Los secretarios de Obras, Jorge González, del Emsur, Sebastián D’Andrea, y de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, el concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez y recientemente los ediles del radicalismo, Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero, ya sufrieron, afirmaron, el accionar de sujetos relacionados a los sancionados.

No obstante, siguen en funciones el subsecretario de Gestión Territorial de la comuna, Daniel Teruel, y los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes, los tres funcionarios apuntados por la justicia. Uno de los principales funcionarios del gabinete reconocía que Montenegro había “explotado” al conocerse este desenlace que alcanzó ribetes judiciales en una investigación que recién se inicia a partir de la denuncia formulada por ediles de la Unión Cívica Radical. Al margen de la gravedad de los hechos, también la situación se tornó delicada desde lo político. Sucede que los últimos damnificados son concejales radicales. La Unión Cívica Radical es socio principal de la coalición gobernante local y desde el despacho principal de la comuna se resalta que este modelo de gestión ha permitido la gobernabilidad a nivel local sin sobresaltos mientras a nivel provincial y nacional las relaciones entre el PRO y la UCR sufrieron distinto tipo de tensiones.

Como lo informara LA CAPITAL en su edición del pasado sábado, la jueza Bustos hizo lugar al pedido de la ayudante fiscal Carolina Castañeda, quien recibió la denuncia de los concejales sobre “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Teruel, como así también de los sindicalistas de la CTA, Cristian Echeverría (titular del sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias de Hipódromos), Diego Paredes y Federico Cardozo. Para estos tres últimos también rige la prohibición judicial. Tampoco ellos podrán acercarse a menos de 200 metros de los concejales radicales durante tres meses. En cuanto a Echeverría, cabe recordarlo, se hizo conocido meses atrás por llevar adelante el paro de un grupo de maleteros que impidió la llegada de micros a la ferroautomotora local al tiempo que, más cerca en el tiempo, concretamente en Semana Santa, bloqueó el acceso al Casino impidiendo el ingreso de los apostadores, lo cual fue denunciado con firmeza por el secretario general de los Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos y concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez. De hecho, el edil que también denunció haber sufrido amenazas junto a su hija de diez años en la puerta de su casa “por delincuentes que se presentaron en nombre de Cristian Echeverría”, reveló públicamente que del corte de calles frente al Casino, lo cual generó el lógico malestar de marplatenses y turistas, “participaron dos funcionarios de Desarrollo Social” del actual gabinete.

El expediente judicial que culminó con la restricción de acercamiento se inició el 23 de marzo de este año, oportunidad en la que los concejales radicales reconstruyeron que el 8 de marzo en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, Reyes amenazó al concejal Núñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical. Luego, el 21 de marzo, los denunciantes aseguraron que Teruel y Amodey ingresaron a la oficina de Núñez del Palacio Municipal y le dieron un ultimátum: tenía hasta el jueves para dar una respuesta y que de no ser así “debería atenerse a las consecuencias”. Por último, el 24 de marzo, durante la última marcha de repudio a la dictadura militar, Núñez denunció que Paredes, Cardozo y otros miembros de la organización “quisieron obligarlos a bajar las banderas, utilizando la violencia física baja lo amenaza de que la iban a pasar mal”.

Después de esa serie de hechos, el 26 de abril, la casa donde viven la exmujer y la hija de Núñez apareció con pintadas. En la causa, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, declaró que “a través de personas enviadas por la facción denunciada le hicieron llegar que escracharían su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”. Y agregó que al enterarse de lo ocurrido en la vivienda de Núñez “se sintió también intimidada en la medida que entendió que dicho episodio no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”. El ataque a la casa familiar de Núñez recibió un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas en la última sesión del Concejo Deliberante. Justamente el concejal opositor, Roberto “Chucho” Páez, se solidarizó son su par Daniel Núñez, repudiando “la actitud de estos marginales, que en los últimos tiempos han recurrido a estas actitudes”.

El concejal y gremialista en un encendido discurso recordó que milita políticamente desde hace más de cuarenta años, y que en todo este tiempo “nunca pasó esto de ir a amenazar, de escrachar, con estas prácticas que desde la política tenemos que desterrar. Que sepan que no tienen cabida dentro de la comunidad ni de la democracia”, resaltó para recordar lo sucedido en Semana Santa en el Casino, que no pudo abrir sus puertas “porque estos delincuentes no lo permitieron. Pero la gran sorpresa fue cuando en ese Casino sitiado vimos la presencia de funcionarios municipales que trabajan en Desarrollo Social”, añadió, reclamándole explicaciones al intendente. Finalmente, Páez alegó que “tenemos que tratar entre todos que la justicia actúe y llegue hasta las últimas consecuencias, y que también la política actúe y trate de sacar a estas lacras de los lugares que ocupan”.

Un poco de historia. El 23 de noviembre pasado, la UCR presentó un pedido de informes en la comisión de Legislación del Concejo Deliberante, en relación al allanamiento dispuesto oportunamente por la justicia federal a la ONG que respondería a Cristian Echeverría. Entonces, el concejal radical Daniel Núñez apuntó contra la ONG y sus autoridades, al sostener que “queremos saber el destino de la mercadería que daba la Aduana argentina y que debía ser entregada a los más necesitados en forma gratuita. La ONG de Echeverría está denunciada por vender la mercadería y hacerse así de los recursos económicos. Queremos que los vecinos de Mar del Plata y Batán sepan quién es este personaje para que sus prácticas y su manera de actuar queden desterradas de la vida pública de la ciudad”, completó.

En el expediente se solicitó ampliar los pedidos de informes a la Justicia Federal, Ministerio de Desarrollo Social y AFIP con el fin de saber cual es el sumario que se está llevando a cabo, cuales son las medidas probatorias impulsadas y producidas, si ha habido impulso penal y administrativo de sanciones y todo dato que sea de interés resaltar. Por último, el concejal Núñez concluyó diciendo que “hasta ahora Echeverría se había mantenido oculto para la vida pública. Nosotros queremos mostrar su verdadera cara, la que hace un manejo poco transparente de los recursos públicos, la del manejo de los planes sociales para beneficio personal y de su organización, la que se dedica a amedrentar e infundir temor a todos aquellos que queremos una sociedad y una política más transparente para Mar del Plata y Batán”.

A la luz de los recientes hechos y las denuncias que lo tienen como eje central, Echeverría -a quien distintas fuentes también relacionan con el titular de Inspección General, Marcelo Cardoso- se defendió públicamente, negó conocer al concejal Núñez y anticipó que iniciará las acciones legales que correspondan. “Es muy patético que salgan a dar nombres propios y a acusar”, le dijo al periodista Néstor Gambini en su programa radial. “Hasta acá llegué y por eso iré a la justicia. Esto arrancó el 12 de noviembre, cuando mi hija se afilió al radicalismo y ganó las elecciones para convertirse en presidenta de la Juventud Radical. Ahí -continuó diciendo- arrancaron los embates hacia mi persona. Ellos los problemas los tienen con Aldana Echeverría, mi hija, que ganó la Juventud y no la dejan asumir. Yo vengo del peronismo y del sindicato de Casinos”, explicó al tiempo que también fustigó a Roberto “Chucho” Páez. “Me sorprende -ironizó- que él hable de solidaridad y de violencia cuando tiene causas penales por pegarle a un director de Tigre. Me asombra. Yo no tengo una causa penal”, subrayó. Finalmente, en dicho reportaje, Echeverría enfatizó que “no soy corrupto ni nada de lo que dicen. Camino la ciudad tranquilo. Me dan pena y les pido a los concejales que se ocupen de las cosas importantes. Que se pongan a trabajar y que sepan lo que pasa en los barrios”, concluyó.

El camino a la beatificación del cardenal Eduardo Pironio, ex obispo de Mar del Plata, puede empezar a acortarse a partir de este jueves. Ese día, la junta médica del Vaticano evaluará el milagro atribuido a la intercesión del ex obispo de Mar del Plata, lo que abriría la puerta para que se convierta en beato. Se recordó que en febrero del año pasado el papa Francisco autorizó la publicación del decreto que reconoce las “virtudes heroicas” del cardenal Eduardo Pironio. Con el reconocimiento de las “virtudes heroicas” publicado por el Vaticano, Pironio pasó a ser “venerable” y quedó a un milagro de poder ser beatificado, según la reglamentación vaticana. Se detalló además que la comisión médica del Vaticano, que debe decidir sobre la beatificación de Pironio, deberá estudiar un posible milagro en la curación de un niño argentino que había tragado y respirado polvo de cobre y que, tras ser internado, fue dado de alta completamente curado y desde entonces no ha tenido ninguna otra consecuencia, en el que habría intercedido una oración de la madre al cardenal.

Hace siete años que se inició la denominada “fase romana” del proceso por el que Pironio puede convertirse en el segundo santo argentino, tras el “cura gaucho” José Gabriel Brochero, canonizado en 2017. Pironio nació en la ciudad de Nueve de Julio el 3 de diciembre de 1920. Fue rector del Seminario Metropolitano de Buenos Aires, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y visitador apostólico de las universidades católicas del país. Se desempeñó como obispo auxiliar de La Plata y fue padre conciliar en las sesiones III y IV del Concilio Vaticano II. Fue asimismo secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) con una importante participación en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968). El 27 abril de 1972, Pablo VI lo nombró obispo de Mar del Plata, y monseñor Pironio inició un ejercicio episcopal, muy intenso y también convulso, en el que primó su opción preferencial por los pobres. Fue en ejercicio episcopal que duró sólo tres años, pero que deja huellas profundas en la ciudad, antes de emprender como brillante teólogo y pastor -ya reconocido a nivel continental desde su cargo como secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam)-, un largo e importante servicio en la Santa Sede.