La Justicia le prohibió a tres funcionarios municipales y a tres sindicalistas acercarse a menos de 200 metros de tres concejales radicales que los denunciaron por amenazas y violencia física.

El caso es insólito: tres de los denunciados forman parte de la gestión de gobierno del intendente Guillermo Montenegro y las víctimas son concejales que defienden en el Concejo Deliberante las iniciativas que presenta el Ejecutivo. Pero no solo eso: la jefa en Desarrollo Social de los acusados, Vilma Baragiola, declaró en su contra y dijo que le advirtieron sobre lo que iba a suceder. En el medio del escándalo se encuentra, a su vez, la interna del radicalismo.

La resolución es contra el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social Lucas Amodey y Santiago Reyes. También alcanza al titular del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, Cristian Echeverría y los dirigentes del mencionado sindicato, Diego Paredes y Federico Cardozo.

Los tres funcionarios de Desarrollo Social y los tres sindicalistas tienen prohibido acercarse a los concejales radicales Daniel Nuñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero y al militante de la UCR, Luciano Pagni Salaverry.

El expediente judicial se inició el 23 de marzo de este año cuando los concejales denunciaron ante la ayudante fiscal Carolina Castañeda que sufrían “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Terruel, así como también de los sindicalistas de la CTA, Echeverría, Paredes y Cardozo”.

En la presentación, reconstruyeron que el 8 de marzo en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, Reyes amenazó al concejal Nuñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical.

Luego, el 21 de marzo, los denunciantes aseguraron que Teruel y Amodey ingresaron a la oficina de Nuñez del Palacio Municipal y le dieron un ultimátum: tenía hasta el jueves para dar una respuesta y que de no ser así “debería atenerse a las consecuencias”.

Por último, el 24 de marzo, Nuñez denunció que Paredes, Cardozo y otros miembros de la organización “quisieron obligarlos a bajar las banderas, utilizando la violencia física baja lo amenaza de que la iban a pasar mal”.

Después de esa serie de hechos, el 26 de abril, la casa donde viven la exmujer y la hija de Nuñez apareció con pintadas.  En la causa, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, declaró que ” a través de personas enviadas por la facción denunciada le hicieron llegar que escracharían su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”. Y agregó que al enterarse de lo ocurrido en la vivienda de Nuñez “se sintió también intimidada en la medida que entendió que dicho episodio  no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”.

El ataque a la casa familiar de Nuñez recibió un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas en la última sesión del Concejo Deliberante.

En base a las pruebas presentadas, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó una medida cautelar que le prohíbe a los denunciados acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes y de mantener todo tipo de contacto por cualquier medio.