La gestión del intendente Carlos Arroyo argumenta que necesita renovar con urgencia la declaración de emergencia del municipio. Pero antes de conceder el visto bueno, los concejales de la oposición pretenden que el Ejecutivo informe de qué manera cada una de las áreas involucradas utilizaron esta herramienta mientras ya estuvo vigente entre febrero y fines de octubre de este año.

La respuesta llegó a la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante en las últimas horas a través de imprecisas y escuetas notas de distintos funcionarios.

Sin dudas la más sintética de todas fue la del secretario de Seguridad, Fernando Telpuk.

El funcionario escribió apenas 5 líneas para decir que mientras rigió la emergencia “todas las tramitaciones realizadas” por su dependencia “han sido de acuerdo a los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

“Es bastante decepcionante“, le dijo a LA CAPITAL la presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, quien puntualizó que los concejales esperaban contar con información mucho más amplia.
Dijo que se preveía que cada secretario explicara de qué manera fueron “utilizadas las facultades especiales” que se les concedieron para resolver una “situación supuestamente caótica”.

Desarrollo Social y Educación

La emergencia que entró en vigencia en febrero de este año fue declarada a instancias del oficialismo y no sólo fue en materia económica, financiera y administrativa.

También comprendió a las áreas de seguridad, educación y desarrollo social.
Aparentemente, según los informes presentados por los funcionarios, esta herramienta no les resultó de mucha utilidad.

En el caso de Desarrollo Social, los resultados fueron descriptos por la directora María del Carmen Carmona en dos párrafos.

En el primero comentó cuáles son los servicios que el área tiene a su cargo. En el segundo contó que durante todos estos meses fueron adquiridos alimentos, insumos para realizar tareas de mantenimiento en edificios, artículos de aseo, ataúdes y que se contrataron servicios de transporte y de cochería fúnebre para indigentes. Es decir, todo lo que habitualmente hace la dependencia.

En el debate que hubo esta semana en la comisión de Hacienda hubo preguntas sobre por qué en el sucinto escrito no hubo mención a los fallecimientos de ocho personas en situación de calle ocurridos este año.

Otra de las funcionarias que respondió brevemente a los concejales fue la titular de Educación, Ana María Crovetto.

Dijo que a lo largo de este año “no pudieron concretarse contrataciones” para hacer “obras nuevas ni las ampliaciones necesarias” pese a lo cual se cumplió con realizar tareas de mantenimiento.
Así, dijo, se intentó “garantizar el servicio educativo” con “acondicionamientos mínimos en atención a las prioridades de seguridad, habitabilidad y salubridad” de los establecimientos.

También indicó que se mantuvo el servicio de emergencias médicas, de reposición de vidrios, alarmas y limpieza de desagotes y que “con algunas dificultades” también se logró preservar los servicios de merienda y comedor.

Como en los otros casos, el relato de la secretaria no explicitó de qué manera la “emergencia” impactó en el funcionamiento de la dependencia.

Es decir sobre cómo pudo haber aprovechado las ventajas que concede esta herramienta para mejorar la situación de su área.

Reclamo de concejales

Días atrás, uno de los concejales en reclamar explicaciones sobre para qué y cómo se utilizó la emergencia fue Daniel Rodríguez, del Frente para la Victoria.

A través de un proyecto subrayó que una vez vencida la emergencia original, el Ejecutivo ahora “pretende prorrogar esta herramienta sólo en materia económica, administrativa y financiera”.

Por ese se preguntó si para el gobierno las otras temáticas que se incluían en la decleración original (social, seguridad y educación) ya estaban resueltas.

Por eso exigió que la gestión del intendente Arroyo exponga claramente qué hizo y describa cuáles fueron los resultados que obtuvo.

“Es llamativo que se omita declarar el estado de emergencia educativa, social y en materia de seguridad pública ya que la situación que se describió cuando se lo solicitó hace unos meses no parece haber mejorado”, indicó.

“Este Concejo Deliberante le otorgó al Ejecutivo herramientas para solucionar los problemas que describía pero (más allá de las escuetas notas que acaban de ser remitidas) nunca hemos recibido los informes periódicos que el gobierno se comprometió a enviar”, agregó.

Para Claudia Rodríguez, de Acción Marplatense, en sus informes los funcionarios “no pueden dar cuenta de qué hicieron con la emergencia” porque el objetivo del gobierno sólo “fue el de usar fondos afectados para pagar sueldos”.

“Usaron la palabra emergencia para ponerle un título catástrofe a una situación sin generar ninguna solución. Por el contrario, hoy vemos que han empeorado las prestaciones de salud, que los vecinos reclaman por la reapertura de los polideportivos y que la obra pública está parada y que no se ha hecho nada”, señaló.